Reformas Constitucionales en Guatemala

Un pacto que requiere de una discusión amplia

2012-01-31T09:44:00.000-08:00

por Silvio Gramajo
Plaza Pública (31 ene 2012)

[...] una reforma constitucional no es una cosa baladí. Al contrario, estamos hablando de la norma que recoge el gran pacto social. Desde esta perspectiva y debido a su importancia para la vida colectiva, este gran pacto no debe ser únicamente votado de manera general para buscar su aprobación y legitimación, sino se deben encontrar mecanismos amplios y democráticos de deliberación en su diseño. La constitución de la constitucionalidad no puede ser un ejercicio de discusión de élites, la historia lo ha demostrado.

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Diario de Centroamérica (2009)

2011-12-28T12:57:00.000-08:00

Gracias a los comentarios positivos de Gustavo Berganza (elPeriódico 27 dic 11) me fuí a ver La Revista publicada por el Diario de Centroamérica y encontré este número que trata la posibilidad de reformar la Constitución. CM.

Constitución: Reformar o no reformar (23 oct 2009), pp. 8-10.

Ir por la Constituyente

2011-12-12T07:37:00.000-08:00

por Juan Luis Font
elPeriódico (12 dic 11)

Antes de ser derrotado en las urnas por Álvaro Colom, Otto Pérez Molina hablaba de la necesidad de hacer cambios profundos en el país, para dotarle de eficacia al sistema. Refería a la urgencia de reformar el Estado. Su promesa consistía en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, en caso de ganar. Los periodistas entonces le cuestionábamos sobre el riesgo que eso entrañaba. La pregunta era: ¿y si la Constituyente decide declararse soberana, desconoce al Ejecutivo y abre una nueva era republicana?

Cuatro años más tarde, Pérez Molina ha llegado al poder. Ha organizado un gabinete que reúne desde los técnicos más respetables para los cargos clave (Gobernación, Educación, Desarrollo Social), pasando por la derecha empresarial que garantiza continuidad en el método (Comunicaciones, Energía y Minas, Economía) hasta la inteligencia de izquierda (Secretaría General de Planificación, Comisión Presidencial de Desarrollo Rural) y la estabilidad de la visión más conservadora (Agricultura, Relaciones Exteriores). El suyo es un gabinete integrador.

Ha trazado un programa de gobierno que llama a hacer eficaz el actual sistema, recortando por un lado la discrecionalidad que genera corrupción en lo político, y dotando de certeza a funciones básicas del Estado como la seguridad. Por otro lado habla de superar falencias que agudizan contradicciones básicas. Al elevar la productividad agrícola en granos, al institucionalizar los programas de combate a la pobreza y liberarlos del interés electoral, le insufla vida al modelo político y económico. Su propuesta es hacer más de lo mismo, pero mejorado.

No habla más de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Su partido propone transformaciones en el régimen electoral y de partidos políticos, coquetea con reformas al sector justicia, prepara una propuesta tributaria de dimensiones aún no cuantificadas, pero parece haber abandonado el objetivo de ir por un cambio profundo, contundente, como el sugerido cuatro años atrás.

Un ingrediente crucial de este cambio es garantizarle una esfera de autonomía al Estado respecto de los poderes de facto. En concreto, respecto del poder económico y la podredumbre del sistema partidista que monetiza todo objetivo. Pero eso no se atisba.

Al momento de recibir esos pergaminos aparatosos de manos del Tribunal Supremo Electoral, que lo acreditan como nuevo Presidente, Otto Pérez Molina se ha referido a su determinación de no desperdiciar la oportunidad concedida. Pero no será por la vía de una reforma constitucional integral, en apariencia.

Quién sabe qué habrá pesado en su ánimo para abandonar esa idea. Quizá aquella pregunta de los periodistas entonces haya terminado por disuadirlo. Tras las elecciones, es obvio que el Partido Patriota no es una fuerza arrasadora que tenga asegurada la conducción de una Asamblea Constituyente. O quizá solo sea que la cercanía con el poder mina ese ímpetu de cambio que a veces tienen los líderes. Lo cierto es que hoy, de convocar a una Constituyente, ya no se habla.

Enmiendas a la Constitución

2011-10-24T07:16:00.000-07:00

por Mario Fuentes Destarac
elPeriodico (24 oct 11)

En los últimos tiempos, se han venido haciendo diferentes propuestas de reforma constitucional, con el propósito de fortalecer la democracia institucional, especialmente el sistema de justicia y seguridad.

Sin duda, la ausencia de un genuino Estado de Derecho asegura la impunidad, la ingobernabilidad, el abuso de poder y la delincuencia organizada. Ahora bien, el fortalecimiento institucional no se logra solamente a base de modificar las normas constitucionales y legales, sino que exige, además, su observancia y respeto. De nada sirve la emisión de buenas leyes, si estas no se cumplen ni aplican, que, en mi opinión, es el principal problema en Guatemala. Son ejemplos de violación a la normativa constitucional y legal, la existencia del sistema paralelo de gasto público (fondos, secretarías, fideicomisos, ONG y demás), que impide a los ministerios cumplir con su deber constitucional de despachar los negocios del Organismo Ejecutivo, así como el irrespeto a la estructura programática del presupuesto estatal, por medio de transferencias de partidas presupuestarias, incluso de inversión a funcionamiento.

Por supuesto, lo anterior no significa que me oponga a que se reforme la Constitución cuando sus normas ya no respondan a la realidad. Eso sí, rechazo ocurrencias como la supresión o relativización de los principios que rigen la tributación (justicia y equidad, prohibición de tributos confiscatorios, capacidad contributiva y prohibición de doble o múltiple tributación).

En materia de justicia y seguridad no creo que el fortalecimiento de las respectivas instituciones se logre a base de meros “parches”. Las reformas deben ser de fondo, estructurales. En el capítulo del Organismo Judicial, entre otros ajustes, deben separarse las funciones administrativa y jurisdiccional, debe institucionalizarse la judicatura vitalicia, el Congreso no debe elegir magistrados (tampoco al Fiscal General) sino limitarse a vetar las respectivas designaciones efectuadas por una comisión nominadora con base en causa justificada y por mayoría calificada, debe institucionalizarse una carrera profesional y no judicial, así como aumentarse la asignación presupuestaria mínima. En cuestión de seguridad, debe institucionalizarse un régimen integral de policía (seguridad pública y ciudadana, laboral, tránsito, fiscal, salubridad, forestal, etcétera).

Otras reformas pertinentes son: La adopción del sistema uninominal para elegir diputados al Congreso, del principio de equilibrio presupuestario y del referendo revocatorio, la creación de un consejo supremo de contribuyentes de la Contraloría de Cuentas, la independencia funcional de la Junta Monetaria, la redefinición del derecho de antejuicio, un número fijo de diputados (80), la renovación parcial del Congreso a mitad del período presidencial (que debería ser de 5 o 6 años), así como la limitación de la reelección de diputados y alcaldes.

La reforma de Baldizón

2011-10-10T11:59:00.000-07:00

por Dina Fernández
elPeriódico (10 0ct 11)

Olvídese del Bono 15, esa no es la propuesta principal del candidato Manuel Baldizón. Tampoco la pena de muerte, el apoyo a los jubilados, a la selección de fútbol o la reforma fiscal.

El núcleo del proyecto del partido Lider es una reforma constitucional. El candidato ha mencionado el tema en varios foros públicos, pero sin profundizar mucho. Y como muchos de nosotros damos por hecho que este es un tema tan espinoso que solo podría tratarse con delicadas intervenciones quirúrgicas, hemos hecho oídos sordos a las palabras de Baldizón.
¿Entrarle a la Constitución? Desde la fallida reforma de 1999 venimos hablando de ello, pero asumimos que si alguien va a sacar al Santo Grial de su caja dorada, primero han de convocarse a todos los cardenales y los obispos a ofrecer su bendición.

Pues mejor haríamos en afinar las preguntas y tomar nota de las respuestas, porque Baldizón ya tiene un plan al respecto.

La semana pasada, varios de los compañeros de los programas noticiosos de Canal Antigua nos reunimos con el candidato de Lider y su hermano –y mano derecha– Salvador Baldizón, quienes ratificaron su interés en promover una reforma política de calado.

Les explico esta reforma, tal y como me fue planteada. Dado que yo no soy experta en el tema, la transcribo tal cual para someterla al análisis de los conocedores y para que el público pueda informarse, valorarla y sopesar su voto.

Si Manuel Baldizón resultara triunfador en la segunda vuelta del 6 de noviembre, el primer día de su gestión, el 15 de enero de 2012, se dirigiría al TSE (sí, al TSE, no al Congreso) para plantearle una consulta popular respecto a 25 reformas a la Constitución y solicitar que sea convocada una Asamblea Nacional Constituyente que las lleve a cabo, según un mandato estricto. De estas reformas, alrededor de diez ya están definidas e incluyen algunos de los temas que el candidato ha mencionado en su propaganda electoral, como las “cláusulas” de su contrato presidencial y otras ideas que al menos yo desconocía hasta la semana pasada.

Al conversar con Baldizón y su hermano, mencionan entre estos puntos la transformación fiscal del país, la no reelección de diputados y alcaldes, la elección de gobernadores departamentales y también, ojo, la de autoridades judiciales del país, por medio del sufragio universal.

Los otros 15 puntos habrían de definirse mediante un proceso que, según los hermanos Baldizón, estaría abierto a la participación de sociedad civil, iglesia, académicos, activistas, etcétera. No me queda claro bajo qué condiciones se podría integrar una instancia de discusión constitucional o “mesas de trabajo”, ni cuáles serían los procedimientos.

Para conocer más del tema se puede consultar la página web del Partido Lider, donde está colgado el Plan de Gobierno. Este documento menciona la necesidad de reformar la Constitución, de generar un nuevo Pacto Social y Político, pero no explica la propuesta conceptual o metodológica en detalle.

El candidato de Lider insiste en que al convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, esta quedaría amarrada a una guía precisa de los cambios acordados. Yo consulté con algunos abogados si esto efectivamente es así y, con la escueta información disponible, me respondieron que NO, que una Asamblea Nacional Constituyente puede declararse soberana y proceder según le parezca.

En vez de sumergirnos en la discusión del Bono 15 o el potencial de la Selección, considero de capital importancia que entendamos con precisión qué proponen hacer con la Carta Magna el señor Baldizón y su Partido Lider.

Aquí no estamos hablando simplemente de las cláusulas de un contrato laboral, estamos hablando de los elementos básicos de la ley de leyes, del Contrato Social en sí mismo. Más nos vale leer con detenimiento lo que el candidato busca, prestando especial atención a la letra pequeña.

Camina la reforma constitucional

2011-09-22T08:06:00.000-07:00

por Adrian Zapata
Siglo XXI (22 sep 11)

A principos del año en curso se forjó una alianza académica entre la USAC, la Universidad Rafael Landívar y ASIES, en torno a la necesidad de impulsar una reforma constitucional acotada al tema de seguridad y justicia.

Esta relevante convergencia sorprendió a muchos, dada la pluralidad ideológica y doctrinaria que ella expresa. Hace algunos años hubiera sido difícil considerarla posible. Sin embargo, estos liderazgos académicos, manifestados por los dos rectores, de la USAC y la URL, y de la Secretaría Ejecutiva de Asies, han permitido que sea realidad.

En una sociedad civil tan fragmentada como la nuestra, donde sobran las razones para justificar las divisiones y las peleas por los protagonismos personales e institucionales, estas tres entidades académicas han dado ejemplo de responsabilidad ante los problemas nacionales.

La propuesta en mención fue presentada a la Presidencia del Congreso y a la Instancia de jefes de bloque hace algunos meses y, finalmente, a principios de agosto, se convirtió en una iniciativa de reforma constitucional suscrita por diez diputados de diversos partidos políticos.

Es así como el pasado martes 20 de septiembre, estando presente el Presidente del Organismo Legislativo, diputado Roberto Alejos, se reunió la Mesa de Seguridad y Justicia, presidida por el diputado Oliverio García Rodas, quien también es presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en la cual ya se encuentra oficialmente dicha iniciativa. En esta reunión se informó que desde esa fecha y hasta el 14 de octubre se recibirán las solicitudes de audiencia de los sectores que estén interesados en pronunciarse al respecto. Las audiencias darán inicio el lunes 24 de dicho mes, realizándose dos veces por semana, tres en cada reunión, hasta que todos lo que lo hayan solicitado sean escuchados. Posteriormente la Comisión rendirá su dictamen para que el Pleno la conozca.

Al respecto es muy importante subrayar dos elementos que considero fundamentales. Primero, que hay un consenso sobre la necesidad de que, en este momento, lo único pertinente es discutir la modificación constitucional circunscrita exclusivamente al tema de seguridad y justicia; y segundo, que aunque todos los presentes en la reunión citada se pronunciaron, en términos generales, favorables a la iniciativa, varios de ellos quisieran que la misma tuviera “más profundidad”.

Sin duda, en las audiencias que se realicen se escucharán criterios muy fundados sobre este tema, pero es fundamental que no se repitan experiencias pasadas, en las que se han perdido oportunidades de avanzar en temas difíciles por las posiciones “maximalistas” que suelen no considerar adecuadamente la viabilidad de sus pretensiones.

Pero, en todo caso, el proceso para conocer y eventualmente aprobar estas reformas constitucionales está en marcha. Falta ver qué tanto avanza antes de que finalice la actual legislatura.

Reformar la Constitución ¿cómo?

2011-09-22T08:00:00.000-07:00

por Alvaro Velasquez
Siglo XXI (22 sep 11)

Reformar la Constitución Política de la República de Guatemala es un imperativo moral y político. La democracia paulatinamente se ha visto minusválida mediante procedimientos cuasi-censitarios que elevan el costo de la representación política y hacen de la soberanía popular una plasticina controlable por una industria política en manos de unos pocos. A eso le llamo: el régimen de tutela plutocrática de la democracia formal.

Y, además, ¿quién no desconoce que el sistema jurídico guatemalteco está también atravesado por contradicciones de clase, pero ahogado por el peso de la impunidad? El Estado de Derecho creado a expensas de la actual Constitución Política de la República no conoció la defensa de los derechos materiales de las grandes mayorías, sino la defensa de los privilegiados desde arriba en el momento de su creación en 1985.

Aun así, hubo una época que desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, una legión de abogados, con conciencia social y en virtud de su relación directa con las partes, empujó la defensa de los no privilegiados, especialmente de los trabajadores e indígenas y mujeres analfabetas. Pero hoy día, la profesión de abogado se dispensa mejor entre la defensa del crimen organizado y de las grandes corporaciones.

La defensoría pública, establecida en los Acuerdos de paz, apenas si goza de presupuesto para tener un rol relevante. Ni qué hablar de los magistrados, siempre prestos a una interpretación conservadora del sistema y manipulables por los poderes fácticos, han sido incapaces de sobreponerse a la corrupción de todo tipo que existe entre las fuerzas políticas y empresariales.

Frente a todo esto se levantan voces alarmadas desde distintos flancos. A los liberales-conservadores les preocupa que esta Constitución no sea lo suficientemente blindada como para proteger los derechos individuales de propiedad, pero sobre todo para detener la tiranía que, ante tantas y graves brechas sociales, se yergue amenazante para tarde o temprano. Por eso urgen a la vuelta de un Estado de Derecho, casi reaccionario, en el cual la clase política se subordine al derecho privado de los poderosos para siempre. Gobierno de tribunales no de urnas, nos proponen.

Por su parte, los esfuerzos por desarrollar un derecho basado en la naturaleza igualitaria de los bienes materiales, producto del puro trabajo y no de la herencia colonial, están en franco retroceso. ¿habrá alguna cátedra facultativa que enseñe todavía la justicia social? ¿Siquiera a la manera de equidad ética enseñada por el filósofo liberal Jhon Rawls?

Y si vamos a ver a los jueces, se comprueba que muchos de ellos/ellas juzgan por precio y apariencia, sin que las entidades internacionales CICIG logren la depuración anhelada de la justicia. Hace falta también modernizar la relación política entre el Gobierno y la sociedad civil en general, principalmente en materia de desarrollo económico y profesionalización de la gestión pública; pero eso también está todavía seriamente limitado.

Por estas y más razones, hace falta reformar la Constitución Política y algunas leyes de orden constitucional, tales como la de partidos políticos y la Ley de Amparo. Con todo, las propuestas de corte elitista que actualmente están en conocimiento del Congreso de la República, provenientes de entidades de la sociedad civil, deberían evitar el miedo al pueblo y el sectarismo y promover en su lugar un amplio debate por una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de amplio y convocatoria.

Reformar la Constitución Política

2011-06-23T10:09:00.000-07:00

Por Roberto Molina Barreto
elPeriódico (23 Junio 2011)

Es vital que los diferentes actores tomen conciencia y unifiquen esfuerzos para conocer las propuestas.

El pasado 31 de mayo la Constitución Política arribó a 26 años. Hemos leído varias columnas de opinión que hacen referencia a varios proyectos de reformas a la Constitución que han sido formulados, de un tiempo a la fecha, por diferentes actores; sin embargo y siendo autor de uno de ellos, no considero que podría decirse que algunos sean mejores que otros, pero sí unos más o menos ambiciosos, más o menos moderados o conservadores frente a otros más agresivos y determinantes.

Entre las propuestas más recientes están la que fuera presentada en conjunto por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) y dos de las Universidades del país, la estatal (Usac) y la Universidad Rafael Landívar, relativas a temas de seguridad y justicia; y la formulada por el suscrito, de manera individual; cabe recordar que en la presentación que llevé a cabo ante la Corte de Constitucionalidad para el período 2011-2016, enfaticé sobre la necesidad y mi total determinación de impulsar una reforma constitucional exclusiva para el sector Justicia, con el objeto de garantizar y fortalecer la verdadera independencia de jueces y magistrados del Organismo Judicial y de la propia Corte de Constitucionalidad.

Estas dos propuestas son las que se encuentran en estos momentos bajo análisis; la de las instituciones en mención se encuentra en discusión en una mesa técnica en el Congreso de la República, y la formulada por el suscrito ha sido compartida con diferentes actores, incluyendo, por supuesto, a la Corte Suprema de Justicia y a la propia Corte de Constitucionalidad, la que recordemos es una de las instituciones que constitucionalmente cuenta con iniciativa para proponer reformas a nuestra Carta Magna.

La Constitución vigente actualmente ha logrado una permanencia única en la historia de Guatemala; tras la crisis institucional vivida en 1993, fue reformada en 1994. Posteriormente, luego de un largo proceso de negociación, el 29 de diciembre 1996 se suscriben los Acuerdos de Paz. Precisamente, en el acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y la Función del Ejército en una Sociedad Democrática, se señaló como una de las grandes debilidades estructurales del Estado guatemalteco, al sistema de administración de justicia, destacándose desde aquel entonces la imperiosa necesidad de su reforma y modernización a efecto de combatir y erradicar la corrupción y, en consecuencia, la impunidad, garantizando el libre acceso a la justicia, la imparcialidad en su aplicación y la independencia judicial. Temas que entrañan una reforma constitucional que nunca pudo llevarse a cabo.

Casi 15 años después, surgen estas propuestas, las que, lejos de ser excluyentes, tienen como punto de convergencia tanto el Acuerdo referido, como el Acuerdo Marco sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral suscrito en Estocolmo, Suecia, el 7 de diciembre de 1996; pues toman en cuenta temas como las garantías mínimas para la administración de justicia, la carrera judicial, los funcionarios del Organismo Judicial, la Policía Nacional Civil, y otras instituciones que integran el llamado sistema de Justicia Nacional, como el Ministerio Público y la Defensa Pública; la formulada por mi persona incluye, además, al Sistema Penitenciario, a la Procuraduría General de la Nación y primordialmente a la Corte de Constitucionalidad.

Por lo tanto y ante la ya no creciente, sino asfixiante ola de violencia, producida por la delincuencia, el crimen y el narcotráfico organizados a nivel internacional y la proliferación de actos de corrupción cometidos por funcionarios y exfuncionarios públicos, resulta imperativo que, cuanto antes, se reestructure y fortalezca, a todo nivel, el sistema de justicia nacional, empezando desde su génesis: la Constitución.

Es vital, pues, que los diferentes actores, la propia sociedad, pero sobre todo las instituciones involucradas directamente en el tema, entre estas, la Corte Suprema de Justicia y la de Constitucionalidad, tomen conciencia y sin recelo ni rivalidad unifiquen esfuerzos junto con el Congreso y sepan comprender la necesidad de conocer de dichas propuestas de Reforma Constitucional a fondo, a efecto de que puedan constituirse en una sola, circunscrita exclusivamente al sistema de justicia nacional, y que pueda ser sometida a consulta popular, pudiendo aprovecharse el próximo evento electoral, sin excusas ni pretextos, pues es sin duda el momento oportuno… de lo contrario y espero me equivoque, su destino será, lamentablemente, el mismo que el de las otras propuestas de reforma y los muchos otros proyectos de ley que se encuentran en el Congreso de la República: dormir el sueño de los justos.

Una reforma tibia, ¿para qué?

2011-06-02T20:11:00.000-07:00

Por Eduardo Mayora Alvarado
Siglo21 (02 Junio 2011)

Nos ha tomado un cuarto de siglo reconocer que la designación de nuestros jueces para un período de cinco años era una receta para el fracaso.

La profesión de juez es muy compleja. Son contadas con los dedos de una mano las ocasiones en que las partes de una controversia aceptan el fallo judicial como bueno y justo. Son escasos los asuntos, incluso, en que la parte vencedora reconoce la imparcialidad o ecuanimidad de la decisión del tribunal y todos sabemos por qué: “nadie es buen juez en causa propia”.

Además, no existe el caso perfecto. Las circunstancias de la vida jamás son “blanco o negro”, sino una gama de grises de diversa tonalidad y, por supuesto, todos se ven a sí mismos, siempre, actuando con buenas intenciones… de las que está empedrado el camino al Infierno. Los jueces no pueden más que procurar decantar de la multitud de matices que se les presentan, la esencia del problema. Empero, cuando lo logran, tienen que aplicar el derecho vigente: imperfecto, como obra humana que es.

Y las pruebas, ¡qué pesadilla! Los que acusan ven en un objeto, en una declaración testimonial, en un documento, todo lo que hace falta para inculpar al procesado. Los que se defienden ven todo lo contrario: meros indicios y suposiciones incapaces de vencer la sacrosanta “presunción de inocencia”.

No terminan ahí las dificultades para quienes tienen el poder de juzgar. Hay litigantes y abogados que actúan de buena fe, por supuesto; pero también los hay que recurren a la chicana y la mentira, cuando no a la corrupción abierta o, como ha quedado visto recientemente, a la intimidación y a la violencia.

Y el famoso tráfico de influencias. ¡Qué lacra tan detestable! Todos esos que venden su “amistad”, su ascendencia o sus enchufes para incidir en el criterio del tribunal que juzga…

De ahí que, desde hace siglos, se haya procurado por estadistas, filósofos, juristas y hombres de buena voluntad, crear los medios institucionales y las condiciones materiales para que los jueces puedan llegar a desempeñar su compleja función “razonablemente bien” y con suficiente independencia. La perfección está fuera de este mundo, pero sí es posible implementar un conjunto de reglas de selección, de promoción, de motivación y sanción —también son necesarias—para que los jueces se encuentren ante los más poderosos incentivos para administrar justicia con rectitud. Y el más importante de esos incentivos es la “inamovilidad”.

En este país nos ha tomado un cuarto de siglo reconocer que la elección o designación de nuestros jueces y magistrados para un período de cinco años, era una receta para el fracaso. Finalmente se ha llegado a la convicción de que es necesario reformar nuestra Constitución para proteger y dignificar la función judicial, pero no para beneficio de los jueces, ¡sino de la sociedad y de sus instituciones!

Dadas las circunstancias de la Guatemala de hoy los riesgos y desafíos propios de la profesión de juez son todavía mayores, y a menos que finalmente instituyamos un “Poder Judicial” verdaderamente independiente, pasará otro cuarto de siglo hasta que tengamos que reconocer que, entre cinco y ocho o diez años, las diferencias son de puro matiz. Dadas las circunstancias de impunidad en que vivimos, no estamos para reformas tibias.

Reforma constitucional

2011-06-01T10:22:00.000-07:00

Por elEditorial
elPeriódico (01 Junio 2011)

La semana pasada, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina, hizo público un proyecto propio de reforma constitucional relacionado con seguridad y justicia. Asimismo, a mediados de abril de este año, la Directora Ejecutiva de Asies y los Rectores de la Usac y de la URL presentaron al Congreso una propuesta de reforma constitucional en materia de seguridad y justicia. El año pasado el entonces responsable de la CICIG, Carlos Castresana, también propuso una reforma constitucional en lo que se refiere a la designación del Fiscal General (FG) y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA), la extensión al doble del tiempo de detención antes de que una persona sea consignada ante un juez (actualmente no puede exceder de 6 horas) y la autorización para que los allanamientos se puedan llevar a cabo a cualquier hora y no solamente entre las 6 y las 18 horas.

Estas 3 propuestas de reforma constitucional se suman a otras anteriores. Cabe recordar que el 14 de noviembre del 2008, 6 mil 480 ciudadanos, alentados por la Asociación Guatefutura, solicitaron al Congreso que se reformara la Constitución, en el sentido de fijar en 80 el número de diputados, limitar la reelección de los diputados a 2 veces y eliminar los diputados por Lista Nacional. Por otro lado, el 27 de marzo del 2009, 73 mil 193 ciudadanos presentaron al Congreso un proyecto de reforma constitucional (ProReforma), que propone, entre otros, un sistema bicameral, el referendo revocatorio para el Presidente, la restricción del derecho de antejuicio a delitos cometidos en el ejercicio del cargo público (con suspensión en el cargo cuando se decrete auto de procesamiento penal), la elevación de la edad mínima para ser electo Presidente y Vicepresidente a 45 años, la declaración de que todo impuesto cesará cumplido su objetivo, que los antejuicios de los magistrados de la CC sean conocidos por la CSJ y que los magistrados de esta sean conocidos por magistrados de la CA, que el presupuesto del Organismo Judicial sea aprobado por la CSJ e incorporado al Presupuesto del Estado, que los magistrados de la CC (10 titulares y 5 suplentes) y de la CSJ (15) sean vitalicios y electos por el senado de nóminas elaboradas por Comisiones de Postulación, y que se incorpore el principio de equilibrio presupuestario. La Constitución fue reformada en 1994, tras el clamor popular por la depuración de los poderes del Estado. En todo caso, nos preguntamos: ¿se justifica o no otra reforma constitucional?, ¿cuál es el momento oportuno para reformar la Constitución?, ¿no se estará abriendo una caja de Pandora?

Finanzas públicas en la consulta popular I

2011-06-01T10:15:00.000-07:00

Por José Molina Calderón
Prensa Libre (01 Junio 2011)

Al llamado de la Conferencia Episcopal de Guatemala, el 17 de noviembre de 1993, el Congreso de la República de Guatemala aprobó las “Reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala”, mediante un documento que contiene 43 artículos, las cuales fueron aprobadas en la Consulta Popular I del 30 de enero de 1994. El organismo Ejecutivo, por medio de su presidente Ramiro de León Carpio, estuvo de acuerdo con el procedimiento.

Se inició un proceso por el Tribunal Supremo Electoral, quien señaló que regiría el sistema de mayoría relativa para los efectos del resultado electoral, sin fijar mínimo de electores. La población podía expresar públicamente su respuesta a la siguiente pregunta: “¿Ratifica usted las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la República, con fecha 17 de noviembre de 1993?”. El 13 por ciento del electorado dio su voto afirmativo. Se modificaron artículos de la Constitución que se señalan entre paréntesis.

Banco de Guatemala

Se aprobó que el Banco de Guatemala (Banguat) no podrá dar financiamiento directo o indirecto, ni garantía o avales al Estado, a sus entidades descentralizadas o autónomas, ni a las entidades privadas no bancarias. Se cortó de tajo el financiamiento del Banguat al Gobierno de la República y a sus entidades, como se había hecho durante 48 años, de 1946-1994. La única excepción es en casos de “catástrofes o desastres públicos” (133).

Se permite que el Presidente y Vicepresidente de la República puedan ausentarse del territorio sin necesidad de permiso previo (165, e). Se incluye una nueva figura de funcionario público importante, el Fiscal General (165, h). Al tratar sobre la asistencia de los ministros de Estado al Congreso, se agrega que están obligados a asistir a las sesiones de los “bloques legislativos” (168). Se regulará la consulta popular (173).

Se establece el procedimiento para el veto presidencial a las leyes del Congreso y al procedimiento para que el Congreso las apruebe si no está de acuerdo con el presidente (177, 178 y 179). La ley empieza a regir ocho días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo (180). Se indica que el Presidente de la República ejerce las funciones del organismo Ejecutivo por mandato del pueblo (182). Se establece mecanismo para la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, con información cuatrimestral al Congreso, y la forma de nombrar a los trabajadores del Estado (183).

Se reduce de cinco a cuatro años el período del presidente y vicepresidente, cuya elección será mediante sufragio universal y secreto (184). Se establecen normas para que el organismo Judicial publique su propio presupuesto (213). Se amplía el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de 9 a 14, la que se organizará por Cámaras y cada una tendrá su presidente (214). Se prohíbe a los funcionarios del Organismo Ejecutivo, alcaldes y funcionarios municipales, hacer propaganda respecto a las obras y actividades realizadas, una vez hecha la convocatoria de elecciones; se excluye a los diputados (223). Se establece que el Contralor General de Cuentas será electo a través de una comisión de postulación (233) y que sea Contador Público y Auditor (234).

Finanzas Públicas

Se indica expresamente que se debe incluir la aprobación de las inversiones en el Presupuesto General del Estado; se pueden establecer fondos privativos para las dependencias que tengan ingresos propios, para aplicarlos a sus propios gastos; se eliminan los gastos confidenciales o gasto alguno que no deba ser comprobado o que no esté sujeto a fiscalización (237); estos gastos fueron elevados de 1986 a 1993. No podrán transferirse fondos de programas de inversión a programas de funcionamiento o al pago de la deuda pública; la Ley Orgánica del Presupuesto regulará la forma y la cuantía de la remuneración de todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo a las entidades descentralizadas y autónomas (238). Se establece que el Congreso no podrá ampliar el presupuesto sin la opinión favorable del organismo Ejecutivo, si esa inversión o gasto no se encuentran incluidos o identificados en dicho presupuesto (240).

Aporte a Municipalidades

Se aumenta del 8 al 10 por ciento en el aporte del Gobierno Central sobre los ingresos ordinarios del Estado, a favor de las municipalidades; dicha asignación se hará directamente por el Ejecutivo; el monto de ese porcentaje será destinado por lo menos en un 90 por ciento para programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes; el 10 por ciento restante podrá utilizarse para financiar gastos de funcionamiento (257).

El texto completo de mi análisis, escrito en 1993 y de 14 páginas, puede solicitármelo.

La Constitución

2011-05-30T09:51:00.000-07:00

Por Ileana Alamilla
Prensa Libre (30 Mayo 2011)

La propuesta de reformas constitucionales acotadas exclusivamente a los temas de seguridad y justicia presentada ante la presidencia del Congreso y la instancia de jefes de bloques por las universidades de San Carlos de Guatemala, Landívar y Asíes, el pasado 11 de abril, ha seguido, hasta ahora, un curso prometedor.

El reconocimiento nacional e internacional del cual gozan estas tres instancias académicas y el conocimiento que tienen de esta temática, así como la pluralidad que esta alianza expresa, ha contribuido sustancialmente a darle legitimidad a su propuesta.

Las dudas que con cierta sensatez se han planteado giran alrededor de las siguientes preguntas: ¿Quién garantiza que los diputados no van a aprovechar este debate para introducir otras reformas distintas a las presentadas por la academia? ¿Es un momento políticamente oportuno dado que coincide con el curso de las elecciones generales? ¿Serán suficientes las reformas formuladas o habrá que aprovechar la oportunidad de este debate para producir modificaciones mucho más profundas?

Las respuestas a estas interrogantes siempre tendrán un nivel de incertidumbre. Sin embargo, es posible y necesario apostarle a lo positivo y pensar que los diputados (as) tendrán la oportunidad de realizar una acción que los dignificará ante la sociedad, demostrando que son capaces de ponerse de acuerdo sobre cuestiones de interés nacional de primer orden. De igual manera, vale la pena aprovechar un proceso en marcha para ahorrar recursos y realizar la consulta popular paralelamente a las elecciones generales.

Ahora bien, en cuanto a la profundidad de la reforma, esta es una discusión y decisión que requiere de gran sabiduría. La inseguridad que vivimos, la violencia que nos azota diariamente y la impunidad que prevalece, no se solucionarán con tal sólo modificar algunos artículos de la Constitución. La descomposición a la que hemos llegado está institucionalmente generalizada, a nivel público y privado, afectando además ámbitos de la misma persona humana, como sus principios y valores.

Pero en medio de esa complejidad de raíces, debemos priorizar lo que corresponde hacer, entendiendo que es importante ubicar a la impunidad como causa y efecto de la desgracia que padecemos en esta materia de falta de seguridad y de justicia. Y, por lo tanto, fortalecer la institucionalidad pública responsable de garantizarlas resulta el paso urgente e ineludible. En tal sentido, la independencia de la justicia y la efectividad de la seguridad son esenciales. Estos propósitos son imposibles de alcanzar en el marco constitucional vigente. En esto todos los actores nacionales e internacionales han coincidido.

Por consiguiente, la propuesta de la Usac, la URL y Asies ha caído en terreno fértil y es difícil pensar en mejores actores que ellos para promoverla.

La sociedad civil que tan activa ha sido en esta temática tiene ante sí un gran reto. O discuten indefinidamente la exquisitez de la reforma o aprovechan la oportunidad para apoyarla y enriquecerla, y evitar así correr el riesgo de abortar su viabilidad.

Los diputados (as) tienen una excelente oportunidad de reivindicarse ante la sociedad, en el mejor momento político/electoral, y, de manera multipartidaria, asumir la propuesta que les hace la academia, mejorándola en lo posible, pero sin tergiversar su espíritu y contenido.

Propuesta de reformas constitucionales justicia y seguridad USAC, URL, ASIES

2011-05-27T12:05:00.000-07:00

El sitio Web de ASIES tiene una página titulada Propuesta de reformas constitucionales justicia y seguridad USAC, URL, ASIES en la que puede descargarse el texto completo de la propuesta en formato PDF.

Contiene reformas y adiciones a los artículos:

205. Garantías del Organismo Judicial, literal c,
208. Carrera Judicial, sustitución completa,
209. Consejo de la Carrera Judicial, sustitución completa,
214. Integración de la Corte Suprema de Justicia, reforma parcial,
215. Elección de la Corte Suprema de Justicia, sustitución completa,
217. Magistrados de la Corte de Apelaciones, reforma parcial,
222 "A". Asistencia Legal Gratuita, artículo adicionado,
250 "A". Policia Nacional Civil, artículo adicionado,
251. Ministerio Público, sustitución parcial.

Además agrega dos nuevos artículos transitorios.

Democracia real, ¡ya! El retraso en conocer Pro Reforma.

2011-05-27T11:55:00.000-07:00

por Luis Figueroa
elPeriódico (27 Mayo 2011)

La Usac, la Universidad Landívar y Asies presentaron una propuesta que contiene diez reformas a la Constitución; y Asies, hizo un llamado a los diputados para que las urnas de septiembre sean aprovechadas para realizar la consulta popular.

Al principio parecía que la idea iba a volar; pero ahora parece que no es tan así. De todos modos, si la iniciativa logra un dictamen favorable tendrá que ser conocida por el Pleno, que aprobaría, o no la realización de una consulta popular para que el pueblo decida si las aprueba, o no.

Todo muy bonito; pero, sin perjuicio de discutir el fondo de la propuesta citada, el Congreso y los diputados todavía tienen un asunto pendiente con sus electores: la discusión de ProReforma.

Basadas en el Artículo 277 de la Constitución –que dice que tiene iniciativa para proponer reformas a la Constitución el pueblo mediante petición dirigida al Congreso, por no menos de 5 mil ciudadanos debidamente empadronados– más de 70 mil ciudadanos debidamente empadronados presentamos ProReforma, que es una propuesta constitucional integral.

Pero, a pesar de que la Constitución dice que el Congreso debe ocuparse “sin demora alguna del asunto planteado”, la Comisión encargada “ha estado mareando la perdiz”. Y el Pleno no ha asumido la responsabilidad de conocer ProReforma. La Comisión correspondiente organizó una serie de audiencias consultivas y no se ha manifestado oficialmente al respecto, ni le ha sometido al Pleno aquella petición de más de 70 mil ciudadanos.

En ese sentido, ¿los diputados estarían incurriendo en el delito de incumplimiento de deberes tipificado en el Artículo 419 del Código Penal? Más de 70 mil ciudadanos estamos esperando a que el Congreso se ocupe de conocer ProReforma.

Si “la sociedad civil” tuvo la ocasión de manifestarse con respecto a ProReforma, ¿no sería democrático que también tuviera la oportunidad de hacerlo ahora, con la nueva propuesta de reforma?

Y si están sobre la mesa 2 propuestas de reformas a la Constitución; una preparada por 2 universidades y una asociación prestigiosas y otra preparada por más de 70 mil ciudadanos respetables, ¿qué más democrático que someter ambas a consideración de los votantes? Las 2 deberían recibir el respeto que merecen y la gente debería tener la oportunidad de decidir. www.luisfi61.com

Metiéndole mano

2011-05-27T11:45:00.000-07:00

por Alfred Kaltschmitt
Prensa Libre (27 Mayo 2011)

La hemos puesto en pedestal. Nos hemos peleado por ella. La blasfemamos por tener hoyos por donde quieren adentrarse cualquier cantidad de intérpretes fisgones. En no pocas ocasiones la utilizamos exactamente al revés del espíritu que la creó. Se llama Constitución o Carta Magna y escasos son los días del año que no salga a colación de alguna manera u otra en la palestra pública. Candidatos y candidatas esperan en estos momentos el desenlace final de la interpretación constitucional.

Si fallan así, los critican, si fallan asá, también. La interpretación no queda bien con todos.

Para bien o para mal, la Carta Magna es un instrumento jurídico que nos puede catapultar a las estrellas o dejarnos varados a medio camino, entre el subdesarrollo y el caos, con promesa de Estado fallido.

Hace años que se le quiere meter mano. El Muso Ayau y toda su tournée, en la cual me incluyo, hemos querido que se reforme. De ahí nació Proreforma. La iniciativa aún tiene toda la justificación del mundo y responde a muy simples y concretas reflexiones: ¿Por qué la democracia no basta para producir paz y prosperidad? ¿Por qué fracasan la mayoría de los gobernantes, a pesar de que puedan tener la mejor voluntad y buenas intenciones? ¿Por qué la discrecionalidad burocrática fomenta la corrupción? ¿Existen otras formas de organizar el Estado, diferentes de las que tenemos? ¿Es posible hacer de manera democrática los cambios de fondo que necesitamos?

En breve: lo que se persigue es un verdadero estado de Derecho en el cual se privilegien los derechos individuales. El esquema tiene mucha promesa: certeza de castigo por medio del poder coercitivo de la ley. Ataque a la corrupción eliminando el poder discrecional de los funcionarios públicos. Un sistema judicial verdaderamente independiente y con suficientes recursos, despolitizando la elección del contralor general de la Nación, fiscal general y jueces y magistrados, y con períodos vitalicios.

Un senado encargado de emitir las leyes o normas abstractas aplicables a todos por igual: Código Civil, Penal, de Comercio, etc. Y un congreso legislando lo propio, o sea legislación ordinaria de la cosa pública.

La incidencia de todo esto es que coadyuvaría en el desarrollo de la economía porque solo donde se respetan los derechos individuales, la propiedad privada y existe certeza contractual puede establecerse el círculo virtuoso de la economía, promoviendo el libre intercambio de bienes y servicios.

Lo discutimos muchas veces con el Muso Ayau. El proyecto solo puede ser exitoso si remonta la demanda clientelar del Congreso y su rapiña de intereses creados internamente. ¿Cómo van a querer tener prohibición de aprobar presupuestos sin déficits? ¿Cómo van a querer tener la prohibición de ocupar cargos públicos en el Ejecutivo? ¿Cómo van a querer que se limite el derecho de antejuicio? y ¿Cómo van a querer perder los privilegios, prerrogativas y beneficios?

Que yo me acuerde, nadie ha presentado otra propuesta. Pero hoy, un par de años después, el magistrado Roberto Molina Barreto presenta una propuesta para reformar 22 artículos. Entre las propuestas: “que sea el Congreso y no el presidente quien nombre al jefe del Ministerio Público; que se constitucionalice la función del Sistema Penitenciario; que el período de presidencia de la Corte Suprema sea de cuatro años; que el período de los jueces y magistrados sea de ocho años, y una asignación presupuestaria no menor del 9 por ciento del Presupuesto de Ingresos del Estado.

La propuesta del magistrado Molina Barreto, aunque conservadora, es un buen comienzo. En otra entrega seguiré con este análisis.

Otro paso en pro de la Constitución

2011-05-25T09:53:00.000-07:00

Editorial, Prensa Libre (25 Mayo 11)

Un nuevo capítulo en la historia democrática nacional fue abierto ayer por los ex constituyentes de 1984, quienes decidieron exigir al Congreso que el presidente de la República, Álvaro Colom, sea castigado conforme a la Constitución, por haberla violado, así como declararlo traidor a la Ley de Leyes del país. Es una petición que nunca antes había ocurrido en Guatemala, es decir la de iniciar un juicio mediante el cual un gobernante se ve obligado a renunciar en caso sea declarado culpable de algún delito político.

La decisión de los ex diputados constituyentes se basa en que una de sus tareas es velar por el respeto de la Carta Magna, que el mandatario juró defender y mantener; además de que tiene prohibido apoyar a un partido político, y lo hizo; que los constituyentes, en forma unánime, prohibieron la reelección o cualquier intento de perpetuación en el cargo, sea por sí mismo o por otra persona; que ha sido desleal y ha violado la Constitución, lo cual implica una traición al juramento que hizo.

La acción de los constituyentes de 1984 es, evidentemente, política, porque la Constitución es un documento político que le da un marco jurídico a la sociedad guatemalteca. Es bueno recordar que el término “política” no significa necesariamente una acción partidista o de campaña electoral, sino se debe referir a la teoría del Estado, al arte o ciencia de gobernar dentro de la ley. Por eso queda claro que deben ser utilizados todos los mecanismos jurídicos con el objetivo de permitir su aplicación recta y correcta.

El más famoso caso de juicio político en la historia del mundo es el de Richard Nixon, quien se vio obligado a renunciar para evitarlo, como consecuencia de su conocimiento de las acciones ilegales cometidas en contra del Partido Demócrata, en lo que se conoció mundialmente como Watergate. El largo proceso fue consecuencia de la aplicación de la norma jurídica. Por eso la renuncia fue la única salida honorable para evitar la destitución, pero al hacerlo quedó demostrada la culpabilidad presidencial.

La posibilidad de un juicio de este tipo existe en la Constitución guatemalteca, y por ello, dentro de la útil y necesaria tarea de permitirle funcionar, la decisión tomada por los dignatarios de la Nación no puede considerarse exagerada ni superflua o improcedente. Es fácil compartir el criterio de que el presidente Colom no ha cumplido su juramento de defender el tinglado constitucional ni tampoco de haberse abstenido de apoyar una candidatura legalmente inviable, la de su ex esposa.

No se debe tampoco olvidar que en el fondo no está en juego si un ciudadano tiene o no el derecho de ser candidato, sino la validez de la Constitución. Ello nos permite afirmar que el papel de mayor trascendencia histórica lo debe desempeñar la Corte de Constitucionalidad. Mientras tanto, el Congreso tiene la responsabilidad de decidir si acata la recomendación de los ex constituyentes, cuya fortaleza ética en este tema, además de ser indudable, es muy fácil de entender y de compartir.

En qué consiste y por qué reformar la Constitución ahora

2011-05-25T09:39:00.000-07:00

por José Carlos Sanabria Arias
elPeriódico (25 Mayo 11)

En las conversaciones con familiares, amigos, compañeros de trabajo y casuales casi nunca faltan los comentarios sobre la violencia e impunidad que afecta a muchos guatemaltecos, como la debilidad de las instituciones para atender estos flagelos. La evidente necesidad de promover cambios sustanciales en estos aspectos lleva a recordar que tanto los Acuerdos de Paz como varios informes e investigaciones de instituciones nacionales e internacionales, respaldan y sugieren acciones consensuadas, integrales y progresivas.

Con ese ánimo, las universidades de San Carlos de Guatemala (Usac) y Rafael Landívar (URL), y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), asumieron el reto de proponer una reforma constitucional parcial, restringida a los ámbitos de justicia y seguridad. Dicha reforma, presentada al Congreso de la República, ha sido bien recibida por la instancia de jefes de bloque y los diferentes sectores de la Mesa de Seguridad y Justicia de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, de los que se espera enriquezcan su contenido.

Es importante aclarar en qué consiste la propuesta, ante la urgencia para apoyar las acciones planteadas que posibilitarán un eficaz desarrollo de los sistemas de administración de justicia y seguridad, así como adecuar la Constitución a las actuales circunstancias político-sociales, en el marco de un espíritu de perfeccionamiento del sistema democrático.

Aprobar esta reforma garantizaría la estabilidad e independencia judicial en el ejercicio de la judicatura y magistratura, fortalecería la carrera judicial, aumentaría el período constitucional de funciones para jueces y magistrados, y establecería una sustitución paulatina de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La reforma modifica la integración de las comisiones que postulan candidatos a magistrados de la CSJ y a Fiscal General, y regula la carrera fiscal. A través del reconocimiento del derecho de asistencia legal gratuita se garantiza el acceso de los ciudadanos a este servicio. Reconoce constitucionalmente a la Policía Nacional Civil, fortalece la función de investigación, prevención y combate del delito, y la profesionalización de su recurso humano.

En otras palabras, busca dotar a los sistemas de justicia y seguridad de un marco normativo constitucional y de carreras profesionales que permitan su eficaz desarrollo, los fortalezca institucionalmente e impulse soluciones integrales a los problemas de impunidad, violencia y criminalidad.

El 2011 presenta una oportunidad para aprobar esta reforma constitucional por dos razones: el consenso en diversos actores sociales y políticos, nacionales y extranjeros, sobre la necesidad de realizar cambios para fortalecer los sistemas de justicia y seguridad; y aprovechar el actual proceso electoral para su ratificación en consulta popular, con lo cual se ahorrarían gastos y se iniciaría, en el 2012, un nuevo período presidencial y legislativo en mejores condiciones para atender las demandas de seguridad y justicia.

En las instancias académicas que suscriben la propuesta priva el criterio político de convertir el tema de las reformas en un pacto social que contribuyan al fortalecimiento de los sistemas de justicia y seguridad, para que estos puedan atender de manera integral la impunidad, criminalidad, inseguridad y violencia que impera en el país.

La reforma es indispensable

2011-05-25T09:23:00.000-07:00

por Luis F. Linares López
Siglo21 (23 Mayo 11)

Es de felicitar la iniciativa de la Universidad de San Carlos, a la que sumaron de manera inmediata y con entusiasmo la Universidad Rafael Landívar y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), de presentar a la consideración del Congreso y de la sociedad guatemalteca, una propuesta de reforma a varias normas constitucionales relacionadas con la seguridad y la justicia.

Si bien en esta columna hemos sostenido más de una vez que sin dejar de reconocer que la Constitución presenta deficiencias y es definitivamente perfectible, es más aconsejable aprovechar al máximo su contenido normativo en lugar de embarcarnos en una aventura incierta de reforma en donde, como sucedió con las propuestas derivadas de los Acuerdos de Paz, medio mundo quiso meter la mano y al final presentaron un amasijo de modificaciones, con las cuales ni los propios ponentes parecían estar convencidos y comprometidos.

Ahora las entidades ponentes solicitaron y numerosas personas y sectores, dentro y fuera del Congreso, se manifiestan en total acuerdo con la idea de que las reformas se limiten al tema de seguridad y justicia, en los nueve artículos que abarca la propuesta.

La crisis que vive nuestro sistema de justicia y el inclemente asedio a que está sometida nuestra sociedad por parte de las bandas criminales, son suficientes argumentos para que esta reforma constitucional sea apoyada por todos los guatemaltecos y para que las diferentes fuerzas políticas asuman el compromiso de aprobarlas y presentarlas a la decisión ciudadana con motivo de las elecciones del 11 de septiembre.

Si bien debemos estar conscientes de que las reformas no son la solución mágica a nuestros problemas de seguridad y justicia, son indispensables e ineludibles para corregir aspectos esenciales que afectan el funcionamiento de la justicia, como el cambio anual de presidente del Organismo Judicial o la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones por el Congreso, que contradice el concepto de carrera judicial y el principio de independencia que la misma Constitución proclama.

Pero una vez modificadas las normas fundantes y dotado el sistema de justicia, incluyendo al Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, de las garantías necesarias para su funcionamiento, quedan por delante importantes tareas sin cuyo cumplimiento la reforma será solamente una esperanza frustrada.

Se necesita garantizar la seguridad y la vida de jueces y demás funcionarios judiciales, para ponerlos a salvo de las amenazas, frecuentes e ignoradas contra su vida y la de sus familiares cercanos, así como establecer los controles que se requieren para asegurar la idoneidad de las actuaciones judiciales y evitar que la corrupción se continué entronizando en el sistema de justicia; evitar, por medio de medidas legislativas y sanciones severas el uso del amparo y de otras garantías procesales como tácticas dilatorias y, solamente en última instancia decir que se necesitan más recursos, porque si en algo se han “invertido”, por no decir malgastado enormes cantidades de dinero en los últimos años, ha sido en el sistema de justicia y los resultados son más que deprimentes.

Sin embargo, ahora más que nunca debemos mantener el optimismo y esperar que la reforma constitucional sea la luz que nos permita ver que el túnel, aunque largo, tiene final, y que el Estado guatemalteco podrá cumplir con su tarea esencial de garantizar a los guatemaltecos, como reza el artículo 2 de nuestra Constitución, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

Propuesta de un lector

2011-04-21T15:54:00.000-07:00

Propuesta para el BLOG "Reformas Constitucionales"
por Diego González

Aquí va un proyecto que he estado trabajando ya desde hace un tiempo. No es tanto un reforma sino que es más un cambio de Constitución. El esquema adjunto creo que esta bastante claro, pero aquí van algunos puntos claves:

La idea principal es de pasar de una democracia representativa a una democracia directa o participativa. Para lograr mayor legitimidad de las leyes, para tener una participación activa de la población en los asuntos políticos y por ende tener una mayor fiscalización del estado por el pueblo.

* Un primer paso es la distribución de la población en asambleas cantonales, quienes votan en forma regular la ley.(Se mantiene la misma separación que en el proyecto ProReforma, es decir la LEY de caracter abstracto, y la LEGISLACIÓN de caracter temporal y especifico...). Estas estan compuestas de 200 a 1000 ciudadanos y se reúnen cada mes para votar la ley. También tienen el poder de iniciativa de ley y contraporpuesta de ley. Fiscalizan al las autoridades municipales.

* Un segundo punto es la división del país en "estados" o "pueblos" haciendo de la nación un país federal.

* Tercero: El Parlamento estaría compuesto de dos camaras, el CONGRESO y el SENADO. El Congreso se elige en base a la población de cada estado, el Senado estaría compuesto de 1 representante por estado.En el congreso vota la LEGISLACIÓN y LA LEY. La LEGISLACIÓN va al presidente de la república quien lo sanciona o no. La LEY, necesitando mayor legitimidad, pasa al senado para su revisión. Este podrá aprobarlo o negarlo, si lo niega regresa al congreso para su modificación, si lo aprueba, pasa a las asambleas cantonales del país quienes votarán si la sancionan o no.

* Cuarto: El presidente se elige como se hace ahora, para un periodo de 5 años sin posibilidad de reelección. Es el representante del país, jefe de las fuerzas armadas, dirige la política nacional. El gobierno esta compuesto de ocho miembros, electos por el parlamento para un periodo de 5 años con 1 reelección posible. Estos se encargan de los diferentes despachos del gabinete. Cada estado propone cinco candidatos, y el CONGRESO vota de entre los 110 candidatos a los ocho más idoneos. El presidente y los consejeros, actuan como grupo. El presidente no puede compadecer frente al parlamento.

* Quinto: Separación de la justicia, en derecho administrativo y derecho judicial. El derecho administrativo se encarga de los procedimientos de personas contra el estado. Judicial entre personas y procedimentos del estado contra las personas. La justicia administrativa sera aplicada por cortes administrativas ( una en cada estado y cuyos jueces son electos por las asambleas cantonales) y el Consejo de Estado quien tendrá como objetivo de aconsejar al ejecutivo y tendrá el poder de casación en materia administrativa. La justicia judicial será aplicada por tribunales civiles y de primera instancia o criminales, que habrá en cada municipalidad y que serán electos por las asambleas cantonales de cada municipio. En un segundo nivel estarán las cortes de apelación y habrá una para cada estado o pueblo. Finalmente habrá la CSJ quien examina tanto fondo legal como litigio, tiene el poder de casación. La corte que hace "conexión entre los dos tipos de derecho es la CC, quien examina todo tipo de cuestiones constitucionales. Ratifica los resultados electorales, puede proponer una ley, puede anular una ley si la considera anticonstitucional y puede pedir enmiendas a la constitución. Los magistrados para el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia son nominados por el presidente y ratificados por el SENADO, son vitalicios. Los magistrados de la CC son 7: 2 son nombrados por el presidente en consejo de ministros, 2 por el Congreso, 2 por el Senado y 1 por las Facultades de Derecho del país.

* Sexto: se establece el sistema de jurados. Serán sorteados de los ciudadanos de un distrito judicial para juzgar a los acusados. Deberán ser como mínimo siete y como máximo diesisiete.Juzgarán todos los casos criminales y administrativos. Deberán ser desconocidos por el acusado en casos criminales y desconocidos por el acusador en casos administrativos.

* Septimo: establecer el Sorteo de candidatos para despolitizar algunos puestos. Por ejemplo los consejos estatales serán sorteados de una nomina de 25 candidatos, los consejeros municipales serán sorteados de una nomina de 5 candidatos por cada asamblea cantonal en el municipio.

Reforma constitucional

2011-04-16T16:11:00.000-07:00

elEditorial, elPeriódico

El lunes pasado, los Rectores de la Usac y de la URL, así como la Directora Ejecutiva de Asies, presentaron al Congreso una propuesta de reforma constitucional, específicamente en materia de seguridad y justicia. Asimismo, a mediados del año pasado, el entonces responsable de la CICIG, Carlos Castresana, propuso una reforma constituc ional en lo que se refiere a la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA) y del Fiscal General (FG), la extensión al doble del tiempo de detención antes de que una persona sea consignada ante un juez (actualmente no puede exceder de 6 horas) y la autorización para que los allanamientos se puedan llevar a cabo a cualquier hora y no solamente entre las 6:00 y las 18:00 horas.

Estas 2 propuestas de reforma constitucional se suman a otras anteriores. Cabe recordar que el 14 de noviembre del 2008, 6 mil 480 ciudadanos, alentados por la asociación Guatefutura, solicitaron al Congreso que se reformara la Constitución, en el sentido de fijar en 80 el número de diputados, limitar la reelección de los diputados a 2 veces y eliminar los diputados por Lista Nacional. Por otro lado, el 27 de marzo del 2009, 73 mil 193 ciudadanos presentaron al Congreso un proyecto de reforma constitucional (ProReforma), que propone, entre otros, un sistema bicameral, el referendo revocatorio para el Presidente, la restricción del derecho de antejuicio a delitos cometidos en el ejercicio del cargo público (con suspensión en el cargo cuando se decrete auto de procesamiento penal), una jerarquía normativa, la exigencia de mayoría calificada en la cámara legislativa para la aprobación de impuestos, la obligación de publicar los proyectos de ley, la elevación de la edad mínima para ser electo Presidente y Vicepresidente a 45 años, la declaración de que todo impuesto cesará cumplido su objetivo, que los antejuicios de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) sean conocidos por la CSJ y que los magistrados de e sta sean conocidos por magistrados de la CA, que el presupuesto del Organismo Judicial sea aprobado por la CSJ e incorporado al Presupuesto del Estado, que los magistrados de la CC (10 titulares y 5 suplentes) y de la CSJ (15) sean vitalicios y electos por el senado de nóminas elaboradas por Comisiones de Postulación, al igual que el Contralor de Cuentas, que la CSJ elija al FG de una nómina preparada por una Comisión de Postulación, que los gobernadores sean electos y que se incorpore el principio de equilibrio presupuestario.

La actual Constitución fue reformada en 1994 a raíz del clamor popular por la depuración de los poderes del Estado. En todo caso, nos preguntamos: ¿Se justifica o no otra reforma constitucional? ¿Cuál es el momento oportuno para reformar la Constitución? ¿No se estará abriendo una caja de pandora?

Reforma constitucional

2011-04-14T16:16:00.000-07:00

por Adrián Zapata
Siglo21 (14 abr 11)

El pasado lunes, los Rectores de la Usac y URL y la Directora Ejecutiva de Asíes, presentaron, de manera conjunta, una propuesta de iniciativa de ley para reformar la Constitución Política, acotada al tema de Seguridad y Justicia, la cual fue entregada en una reunión de la Instancia de Jefes de Bloque, encabezada por la Presidencia del Organismo Legislativo.

Lamentablemente, hay algunas desconfianzas en relación con esta iniciativa, por el temor de que se aproveche la discusión del tema para incluir otros aspectos diferentes de la problemática que aborda la propuesta. Se argumenta que la coyuntura electoral es la menos afortunada para impulsar este proceso.

Pero la realidad es que ya existe una maduración de la conciencia que tienen variados y diversos actores sociales y políticos, nacionales y extranjeros, sobre la imposibilidad de fortalecer el sistema de seguridad y justicia sin que haya una reforma constitucional. Y esta maduración es la que se cataliza en la propuesta de las tres instituciones académicas.

En el acto de entrega, la Presidencia del Congreso coincidió en la necesidad de realizar una reforma constitucional acotada al tema mencionado y en aprovechar las próximas elecciones generales para realizar una consulta popular que la ratifique.

El contenido de la propuesta de las entidades académicas está relacionado con el establecimiento de una verdadera carrera judicial, fiscal y de defensoría pública, instituyéndose un procedimiento basado en la meritocracia y no en arreglos políticos. En esta misma dirección, prolonga el período de vigencia de las judicaturas y magistraturas a diez años y elimina la presidencia anual de la Corte Suprema de Justicia. En el ámbito de la seguridad, da rango constitucional a la PNC. Al final, en los artículos transitorios, se manda emitir, en plazos definidos, las leyes ordinarias que allí se establecen para desarrollar las modificaciones a la Carta Magna.

Estas reformas son esenciales para fortalecer el sistema de seguridad y justicia y estar en condiciones de derrotar la impunidad. Sin dichas modificaciones, este propósito es imposible. El hecho de que se plantee desde la academia, sin sesgos partidarios, es una ventaja sustancial para su viabilidad legislativa. Los diputados tienen la oportunidad de prestigiarse, aprobando una ley que es básica para estar en condiciones de resolver uno de los principales problemas que afecta a los guatemaltecos, superando el discurso superficial de ofrecer soluciones casi mágicas que pasan por el triunfo electoral de una opción política u otra.

La oportunidad para promulgarlas también es excepcional. Si son aprobadas por el Legislativo en las próximas semanas, el TSE podría convocar a la consulta popular para ratificarlas de manera simultánea con las elecciones generales.

Una reforma light

2011-04-14T16:14:00.000-07:00

por Eduardo Mayora Alvarado
Siglo21 (14 abr 2011)

Por un lado es alentador que la Usac, la URL y Asíes, todas instituciones representativas de la formación profesional, intelectual o de la investigación social en Guatemala, hayan dado un paso concreto para promover la reforma del sistema de justicia a nivel constitucional.

No me cabe duda de que todas sus autoridades han procedido con las mejores intenciones, pero sospecho que también dentro de los constreñimientos institucionales que las limitan en sus respectivos ámbitos de acción.

La propuesta se sintetizó el pasado martes 12 en este diario en términos de extender el plazo de funciones de los jueces y magistrados de 5 a 10 años; extender el plazo de la Presidencia del Organismo Judicial (OJ) de 1 a 5 años; y de crear el Consejo de la Carrera Judicial para conseguir una mayor independencia judicial y para asumir funciones propiamente administrativas.

Por otro lado, es casi incomprensible para mí que se proponga a la ciudadanía una reforma light en materia de justicia cuando, entre otras cosas, somos “el país de la impunidad” (antes lo éramos “de la eterna primavera”).

Una propuesta tan tímida quizás pueda explicarse por el enjambre de intereses creados, de luchas por el poder (y el manejo de varios presupuestos públicos) y esa característica que tanto ha impregnado al ordenamiento jurídico guatemalteco de los últimos 60 años, de diseñar e instaurar “jueces sin poder”.

Claro que los jueces siempre han tenido poder aquí, pero no de la naturaleza, con las características y para los fines que deberían tenerlo.

Pido disculpas por las generalizaciones que hago, puesto que sé que ha habido y hay juristas que merecen la mayor consideración y respeto por la forma como se han desempeñado como jueces pero, como “una golondrina no hace verano”, sus afanes se han diluido en un mar de inconfesables traiciones al Derecho y la justicia.

La función jurisdiccional no es como las funciones ejecutiva y legislativa del Estado. Los jueces ni hacen política ni “políticas” públicas. El Presidente y sus ministros conciben y procuran ejecutar una determinada política económica, otra social y una más de gobernación del Estado —bueno, este Gobierno parece haber sido una excepción en cuanto a esto último—; asignan miles de millones de quetzales a diversos propósitos; promueven ciertas actividades económicas o culturales y descartan otras, etcétera. Los legisladores negocian entre sí y con el Gobierno lo relativo a los presupuestos públicos y la repartición del poder de gestionarlos y ejecutarlos. Por medio de la legislación, determinan el ámbito de actuación discrecional del Ejecutivo y muchas cosas más.

Pero a los jueces no les toca más que decidir, cuando alguna parte con interés legalmente definido se los pide, quién tiene derecho a algo y quién está, correspondientemente, obligado a satisfacer el derecho discutido. Punto. Y para eso se necesita ser verdaderamente independiente; se necesita poder entenderse a sí mismo como formando parte de una verdadera “carrera judicial” y no una carrera de 10 años y después, ay vemos…

El año del gran debate constitucional

2011-01-04T05:36:00.000-08:00

Oscar Clemente Marroquín
La Hora (3 ene 2011)

Empezamos el año 2011 que será marcado por la contienda electoral y, en la misma, el tema constitucional ocupa el espacio preponderante porque surgen aspiraciones que tienen que contrastarse con la letra y el espíritu de las normas que regulan el derecho a optar a la Presidencia de la República en nuestra Constitución Política. Concretamente, desde luego, se habla de los casos del alcalde Álvaro Arzú, quien abiertamente ha planteado su aspiración pese a la expresa prohibición; el de la esposa del Presidente de la República, no obstante que la norma no permite a parientes del mandatario en ejercicio optar al cargo; y de la hija del general Ríos Montt, sobre quien pesa una prohibición de por vida por ser hija de quien fue caudillo de un golpe de Estado.

Eso significa que la elección de la Corte de Constitucionalidad que eventualmente tendrá que pronunciar la última palabra sobre estas intenciones de optar por la Presidencia de la República es un aspecto crucial del año electoral. Ya una vez la Corte de Constitucionalidad demostró que se puede pisotear la letra y el espíritu de la Constitución de la República cuando autorizó la inscripción como candidato del general José Efraín Ríos Montt, acto que en opinión de algunos juristas que han estudiado a fondo el tema, constituyó un golpe de Estado constitucional, porque fue la misma Corte encargada de velar por el cumplimiento de la ley la que se pasó por el arco del triunfo la prohibición expresa. Y todo porque, como puede suceder ahora, se había puesto especial cuidado en designar a magistrados "ad hoc" para que permitieran ese desaguisado.

Y es que en verdad tiene que revisarse conceptualmente el término de Golpe de Estado, puesto que lo que antaño fue siempre asociado al cuartelazo burdo y descarado, en muchos lugares del mundo se ha ido sofisticando al punto de que se produce la violación de la Constitución Política sin que un levantamiento militar deponga al mandatario, sino más bien porque recurriendo a los instrumentos de control de la legalidad, se violenta el orden constitucional guardando ciertas apariencias, pero propiciando justamente acciones que están, justamente, proscritas por la misma Carta Magna.

Es como cuando Barrios, Estrada Cabrera y Ubico decidieron reelegirse a pesar de que la Constitución prohibía esa práctica. En la práctica lo que hubo entonces fue un golpe de estado, porque se rompió el orden constitucional. Lo mismo pasó cuando Serrano se quiso pasar de vivo y ordenó la disolución de las cortes y del Congreso de la República para atribuirse como Presidente de la República plenos poderes para gobernar. En ninguna de esas ocasiones se produjo un levantamiento militar para derrocar a un gobernante, pero no se puede negar que cada una de esas ilegales acciones rompió el orden establecido por la misma Constitución Política de la República y ello, la ruptura del orden constitucional, es lo que define el Golpe de Estado, mucho más que el simple y burdo cuartelazo.

Por ello es que considero fundamental que la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad sea objeto de una especial atención por la ciudadanía, porque será en ese acto, en la integración de la Corte, cuando se estará preservando la constitucionalidad o consumando el manotazo. Y que conste que no estoy abordando el tema desde una perspectiva individual de los caos planteados, sino desde el punto de vista de que los ciudadanos tenemos más que el derecho, el deber y la obligación de convertirnos en garantes del orden legal y por lo tanto de exigir el cabal, estricto y absoluto cumplimiento de las normas de la Constitución.

Cambios constitucionales

2010-12-28T11:05:00.000-08:00

por Leonel Guerra Saravia
Prensa Libre (27 dic 2010)

Fui invitado por el presidente del Congreso, Lic. Roberto Alejos, a una exposición sobre cambios a nuestra Constitución Política. El 5 de octubre del 2009, la Universidad de San Carlos de Guatemala evacuó la audiencia que le fuera conferida por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, en relación con la propuesta de reformas constitucionales, planteada por el grupo ProReforma.

En la exposición se dio a conocer la posición de la USAC, que se puede resumir en los siguientes dos puntos esenciales: Petición al Congreso de que no se aprobara la propuesta planteada por ProReforma, y que es conveniente iniciar un debate amplio, profundo, sin urgencias coyunturales y sin circunscribirlo a la discusión de una propuesta específica, el cual debe involucrar a los diferentes sectores académicos, sociales y políticos del país. Por tal razón, el Ipnusac aceptó organizar y facilitar la discusión del tema de Reformas Constitucionales en el marco del evento sobre Seguridad. Se argumenta que después de 25 años de promulgada la Carta Magna han ocurrido cambios sustanciales en la realidad política nacional, así como en el mundo en general. Recomiendan que los cambios se hagan en base de: a) Reformas necesarias para fortalecer el sistema de seguridad y justicia y acabar con la impunidad; b) Reformas planteadas en los acuerdos de paz; y c) Reformas para profundizar los derechos ciudadanos y posibilitar que el Estado guatemalteco esté en condiciones de cumplir su rol como garante de los mismos, facilitándose los cambios estructurales que el país requiere para lograr el desarrollo nacional. Se advierte que para esto se requiere convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, según lo establece el Arto. 278 de la Carta Magna, las reformas que el Congreso pudiere aprobar previo a las próximas elecciones generales se podrían someter a consulta popular, en las elecciones de las nuevas autoridades, y entrarían en vigencia hasta el año 2012. Dentro de las principales reformas propuestas al marco constitucional están: Ampliación a 72 horas del plazo en el que los detenidos deben ser presentados ante un juez. Eliminar la limitación que afecta a los allanamientos, que ahora solo se pueden realizar entre las 6 y las 18 horas, para que se lleven a cabo en cualquier momento. Cambios en los plazos en que los magistrados del Poder Judicial, la Corte de Constitucionalidad y las cortes de Apelaciones deberán ocupar sus cargos, así como el mecanismo de selección para evitar la politización de esos procesos.

Legislar que la acción de inconstitucionalidad y la de amparo solo pueden ser presentadas ante la CC; establecimiento de un período constitucional para jueces y magistrados que alcance los estándares internacionales; reconocimiento constitucional de la carrera judicial como garantía de la independencia judicial; establecimiento del Consejo de la Magistratura —Consejo de la Carrera Judicial—; eliminación de la presidencia anual rotativa y establecimiento de un período presidencial de la Corte Suprema de Justicia que permita un desarrollo institucional; establecimiento de un método de elección de magistrados distinto al sistema de comisiones de postulación para: a) Organismo Judicial y b) Ministerio Público. Estos temas básicos tienen el propósito de fortalecer un Sistema de Seguridad y Justicia independiente, que esté en condiciones de impartir justicia adecuadamente y derrotar la impunidad prevaleciente. La exposición fue interesante.

Reformas constitucionales

2010-12-23T09:55:00.000-08:00

por Gustavo Porras
Siglo XXI (22 dic 2010)

El jueves 9 de diciembre se realizó un evento esperanzador con relación al futuro político de Guatemala. El Congreso de la República convocó a un acto cuyo objetivo fue conocer y comentar una propuesta de reformas constitucionales presentada por el Instituto de Análisis e Investigación de la Problemática Nacional, de la Universidad de San Carlos. La creación misma de este instituto es un hecho positivo. Fue instaurado por el actual Rector con el objetivo de que la Carolingia cumpla adecuadamente con el mandato constitucional de pronunciarse sobre los problemas nacionales. La propuesta de reformas presentada por el citado ente demuestra que se camina en la dirección indicada. Se trata de un análisis de fondo que echa mano de la experiencia nacional e internacional sobre la materia, y en su elaboración se tomaron en cuenta las opiniones de dos distinguidos constitucionalistas: los licenciados Ana Bella Morfín y Rodolfo Rorhmoser.

Las reformas se circunscriben al ámbito de la seguridad y la justicia, y la idea es que el Congreso las apruebe (2/3 partes de los votos), y que las mismas se sometan a Consulta Popular aprovechando las próximas elecciones. Para hacer viable la aprobación, tanto en el Congreso como en la Consulta Popular, es necesario un acuerdo político multipartidario para circunscribirse exclusivamente a seguridad y justicia. Este es un punto nodal que tiene un precedente negativo: las reformas constitucionales de los Acuerdos de Paz. En esa ocasión, el principal partido de oposición (el FRG), sin el cual no se podía lograr la mayoría calificada, condicionó su voto a que las reformas no se circunscribieran a las 13 pactadas en los Acuerdos, sino que se incluyeran otros ámbitos no contemplados en ellos.

El proceso transcurrió a un año de las elecciones generales de 1999. El FRG colocó al Gobierno contra la pared proponiendo, por ejemplo, que se concediera a los empleados públicos la indemnización universal, y no únicamente diez años como en la actualidad. Rechazar esto equivalía a enajenarse a los empleados públicos con el consabido costo electoral, y así por el estilo. A la postre, de las 13 reformas originales resultaron más de 50, a través de un proceso que buena parte de la población percibió confuso. La Corte de Constitucionalidad decidió que el paquete de reformas se dividiera en cuatro temas y que se votara separadamente por cada uno de ellos. Asimismo, prohibió que el Ejecutivo o el Congreso abogaran por la aprobación en la Consulta. Así las cosas, la divulgación quedó por entero en manos de los medios, y los de mayor difusión estuvieron siempre en contra. El No triunfó en la capital y el Sí en la mayoría de departamentos.

La exposición de la propuesta que nos ocupa fue comentada por tres personajes: el juez de Primera Instancia, licenciado Jorge Haroldo Vásquez, el licenciado Álvaro Castellanos Howell y el diputado y constitucionalista Oliverio García Rodas. Los tres coincidieron en que las reformas son adecuadas, y abundaron en consideraciones acerca de su oportunidad y viabilidad. Sobre este último punto, el diputado García Rodas indicó que si se socializa la propuesta y ésta llega consensuada y debidamente fundamentada, es posible que el Congreso la apruebe en un plazo breve sin quitarle ni ponerle. La moneda, pues, está en el aire, y lo dicho por García Rodas va más allá del tema específico y se puede aplicar en otros asuntos: es decir, si se pretende aprobación del Congreso, las propuestas deben llegar consensuadas y debidamente fundamentadas. Ojalá que así sea.

Pro Reforma: ¿fin de una era?

2010-08-31T05:57:00.000-07:00

por Hugo A. Us

Hace pocas semanas falleció quien en vida fuera acaso el más importante promotor del proyecto de reforma constitucional ProReforma. Me refiero al Ing. Manuel Ayau, quien además fue uno de los principales fundadores de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) y distinguido empresario. Ciertamente deja tras de sí un vacío de liderazgo en el pensamiento conservador guatemalteco así como en la promoción del proyecto de marras que dudo vuelva a tener el empuje que tuvo debido tanto a la falta de su máximo líder como del revés que tuvo dicho proyecto en el Congreso de la República. Quizá asistimos de esta manera a lo que podríamos llamar el fin de una era, marcada por las polarizaciones ideológicas propias de la guerra fría, la cual se trasladó al ámbito académico cuya manifestación más clara se reflejó en la creación de la UFM para crear un contrapeso doctrinario a la USAC, de enseñanzas, al menos en aquella época, de tendencias más socialistas.

Ante el improbable éxito que pueda tener de aquí en adelante el proyecto ProReforma y del vacío que deja el liderazgo de Ayau, varios reflexiones conviene delinear a propósito de reformas constitucionales y del pensamiento conservador guatemalteco. La primera reflexión tiene que ver con la necesidad de promover o no, quizá en el futuro mediato, una reforma constitucional que permita responder a los múltiples desafíos del país. En caso haya un consenso que dicha reforma es necesaria, conviene posteriormente crear las condiciones para que dicha reforma sea impulsada y discutida de manera abierta en la sociedad guatemalteca sin descartar la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente como han coincidido varios analistas políticos. Los temas a discusión creo que serán variados, algunos deberán ser revisados y habrá sin duda temas nuevos. En particular, creo que entre los temas a discutir deben incluirse la revisión de la naturaleza corporativista del Estado guatemalteco; la discusión sobre la transformación del Estado monocultural a uno multicultural o, incluso, multinacional. Un tema no menos importante es la discusión de la relación entre Estado y mercado. Es necesario discutir estos temas considerando que el contexto prevaleciente cuando se promulgó la actual Constitución Política dista mucho del actual contexto (tanto nacional como internacional), a saber: la firma de los Acuerdos de Paz; la caída del muro de Berlín y del bloque soviético; la profundización de la globalización y con ello los riesgos asociados a crisis económicas de alcance mundial; la agudización del crimen transfronterizo; las reivindicaciones étnico-culturales; la transformación de países otrora de marcada orientación socialista o comunista (caso particular de Chile o China Popular). Quizá una de las preguntas más relevantes aquí sea si la actual Constitución es aún el contrato social que responde a tales cambios y los desafíos que suponen.

De otro lado y relacionado con los cambios antes indicados, quizá convendría a la intelligentsia conservadora guatemalteca reconsiderar su, si me permiten el término, “abrevadero”, intelectual. Es sabido que dicha intelligentsia tuvo su impulso gracias a Ayau y es lógico pensar que ante la ausencia de éste, sea difícil identificar a alguien que le sustituya como líder intelectual capaz de adaptarse a los signos de los tiempos y que supere la confrontación ideológica de la guerra fría. Conviene, creo yo, que la intelectualidad conservadora trascienda los preceptos de la escuela austríaca de economía y de los Chicago boys y sumar para sí los legados de otras corrientes liberales menos ortodoxas. Un ejemplo cercano de que dichos cambios o adaptaciones son necesarios es el proceso de reflexión interna que está iniciando ARENA en El Salvador con un posible viraje al centro. De esta capacidad de cambio y adaptación puede depender en gran parte no sólo mantener un liderazgo intelectual sino además una capacidad política que permita impulsar o al menos mantener vivos, propósitos como los de ProReforma cuyo futuro parece incierto ahora más que antes.

La tarea pendiente

2010-07-13T08:19:00.000-07:00

por Álvaro Velásquez
Siglo Veintiúno (20 may 10)

Carlos Castresana ha vuelto a levantar el tema de las reformas constitucionales en una entrevista publicada en esta mi casa editorial, Siglo Veintiuno. Este es un reconocimiento que varios sectores hemos hecho desde distintos énfasis y posiciones teórico-políticas, justificando su necesidad. El suscrito lo ha venido argumentando desde el fracaso de las reformas propuestas en la Consulta Popular de mayo de 1999, sosteniendo —desde mi posición como columnista en el diario Prensa Libre— que lo mejor era hacerlo a través de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para asegurar el carácter fundante e inclusivo de la reforma política profunda que necesitábamos. El tema hubiera quedado olvidado si no hubiera sido por la unilateral propuesta que en 2009 presentó la Asociación Pro Reforma, ligada al pensamiento más conservador del país, formulando lo que en la práctica hubiera sido una involución del sistema actual. El contenido exclusivista de la misma y su estrategia bastante impositiva dieron al traste con ella. Afortunadamente.

Tal como se lo mencioné a Alfonso Abril: “Ustedes cometieron el mismo error que nosotros, que sometimos a consideración un paquete demasiado amplio de reformas que daba lugar a conjuntar demasiados opositores”. En efecto, en mi experiencia como activista a favor de las reformas constitucionales en 1999, encontré en varias partes del territorio nacional muchas dificultades para defender el paquete completo que se estaban sometiendo a Consulta Popular, así que no era solamente de vencer a la extrema derecha que se oponía a éstas, sino también la de convencer a los que la favorecían, porque no todos la comprendía de manera integral. En fin, que sigo pensando que una ANC es la única vía legítima, que daría cobijo a todas las visiones incluyendo las preocupaciones del libertarismo local. Pero las reformas tienen que ser mesuradas, ni muy amplia ni muy corta, para que su apropiación por la gente carezca de dudas.

Desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) hemos venido argumentando la necesidad de reformas constitucionales con los tres argumentos siguientes:

El esquema heredado de la dictadura contrainsurgente favoreció un tránsito ordenado hacia la democracia, pero dejó fuera demasiados sectores representativos y dejó demasiado visibles los intereses de los principales factores de poder de ese momento: el Ejército —en cuestiones de seguridad y justicia— y al sector privado en cuestiones fiscales y económicas.

Sigue siendo un desafío de los Acuerdos de Paz, un acuerdo no cumplido.

Es necesario dar un salto adelante en la consolidación de la democracia y el funcionamiento del Estado (lo que incluye el sistema electoral).

Sin embargo los donantes no han estado interesados en apoyar un debate multisectorial, de corte académico y político a este respecto, más bien sus intereses siguen centrados en la agenda étnica, de género y ambiental —no sin razón—, pero dejando a un lado el nudo gordiano del trámite de la diferenciación social de este país, o sea el poco desarrollo de la democracia, del sistema económico y del Estado de Derecho. Hace falta, por tanto, alejarse de la coyuntura electoral para hallar espacios para entrarle al fondo de la cuestión: la reforma política.

Preámbulo constitucional

2010-06-18T08:07:00.000-07:00

por Álvaro Castellanos Howell
elPeriódico (18 jun 10)

El preámbulo de la Constitución inicia invocando el nombre de Dios. De ahí, la pregunta si es entonces la voluntad de Dios la que orienta la voluntad humana y por lo tanto si es el Derecho Natural o el Derecho Divino, la fuente primaria de la Constitución.

Quizás lo primero sería saber si todos entendemos lo mismo por Derecho Natural, no digamos, por Derecho Divino. Es evidente que en lo que a deidades se refiere, no hay un solo culto. Pero asumiendo que existe una noción más o menos universal de lo que constituye el Derecho Natural (aquel Derecho que es anterior a cualquier norma jurídica positiva), y que por ende es atemporal y universal en su esencia, entonces la respuesta si el iusnaturalismo debería ser la fuente primaria de toda Constitución, debería responderse de manera asertiva.

Es interesante notar que básicamente, sólo durante el período liberal anticlerical comprendido entre 1879 a 1944, no se invocó el nombre de Dios para el ejercicio del poder constituyente. Tampoco, se hizo en la Constitución del 45. Pero de ahí, desde la Constitución de Bayona, la de Cádiz, la de la República Federal de Centro América de 1824, la de 1851, la de 1956 y la de 1965, Dios es invocado como primera providencia.

Inclusive, la de Cádiz de 1812 decía: “En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad”. La referencia histórica de los diversos textos constitucionales que han regido a Guatemala demuestra que la actual Constitución, no es la primera en clamar a Dios para dar, en su nombre, la ley suprema del país. La duda entonces podría ser si de alguna manera, dicha invocación no se trata más bien de un cierto formulismo o ritual para orientar al legislador constituyente.

Definitivamente, es necesario que la ley suprema de un Estado busque fundarse en principios y valores. Invocar al ser supremo en la labor constituyente significa que las personas que desarrollan dicha labor están conscientes de la enorme trascendencia de sus actos en la búsqueda del bien común. Ese bien común que solamente se puede lograr si se sustenta en un incondicional respeto en lo único que todos somos absolutamente iguales: en la dignidad humana, que es anterior a toda norma jurídica y que esta última no puede desconocer, aunque lo intente. Si eso es Derecho Natural, definitivamente, debe ser la fuente primordial de toda Constitución.

Temor a las reformas

2010-06-08T11:38:00.000-07:00

Relacionado con la reforma, recomiendo leer el artículo de Dina Fernández, titulado "Dilema Constitucional" (elPeriódico, 6 jun 2010).

La Constitución arriba a 25 años

2010-05-31T07:02:00.000-07:00

Editorial de Prensa Libre (31 may 10)

Al cumplirse hoy el 25 aniversario de la Constitución es necesario recordar a quienes vivían en ese lejano 1984 —así como informar a los nacidos posteriormente, que son alrededor del 33 por ciento de los adultos— el porqué de algunos de los criterios plasmados en varios artículos del texto constitucional, que es una prueba de las expectativas de los guatemaltecos en esa época.

El país pasaba por la etapa de los gobiernos militares, inmersos en un conflicto armado interno producto del marco de la Guerra Fría, todo lo cual se reflejaba en violaciones a los derechos humanos, especialmente al de la vida. En ese escenario, los constituyentes debían ser electos en comicios que reflejaran la voluntad ciudadana de que fuera redactada una nueva Carta Magna que protegiera a los guatemaltecos de la acción punitiva ilegal del Estado.

Ello explica la creación de la Procuraduría de Derechos Humanos, de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral, y también la decisión de que las capturas no pudieran realizarse de noche, y las consignaciones a tribunales fueran en pocas horas. Se trató de poner un veto a los secuestros de personas por las fuerzas de seguridad, así como a los fraudes electorales. La población entendió ese escenario y por eso acudió masivamente —87 por ciento de los empadronados— para integrar la Asamblea Nacional Constituyente, cuya tarea era redactar en su totalidad una nueva Constitución, con la idea de que perdurara, lo cual explica la existencia de artículos pétreos; es decir, sin posibilidades de ser enmendados o cambiados en cualquier forma.

La Constitución tuvo su prueba de fuego con motivo de la crisis del autogolpe de Estado de Jorge Serrano, en 1992. Intentó abolirla, pero no pudo conseguirlo, entre otras razones por la reacción popular y porque la Corte de Constitucionalidad declaró ilegal lo actuado. Este fue el momento cumbre de esta Ley Superior, que debe ser defendida por los ciudadanos, pero para ello es necesario que se le conozca y se le aplique como debe ser.

En este momento es válido decir que la Constitución atraviesa por un período en el cual se hacen necesarios algunos cambios. La dificultad en aceptar esta realidad radica en que no ha habido sugerencias ni se han estudiado las posibilidades de cómo hacerlo sin que se conviertan en una amenaza a la integridad constitucional, a causa de alteraciones no solo negativas, sino improcedentes y malintencionadas.

De acordarse realizar cambios constitucionales, es imperativo no repetir lo ocurrido en otros países, donde han reflejado criterios de moda o por razones politiqueras y populistas. Por eso la responsabilidad de hacerlo es mayor que la que hace 25 años aceptaron los 88 constituyentes que crearon la Ley de Leyes actual. Fue en la última ocasión que el edificio del Congreso fue testigo de debates sólidos entre representantes electos por la mayoría de la población. La Constitución actual solo necesita llegar a acuerdos discutidos por los sectores nacionales, no por quienes hoy ocupan curules.

Reforma constitucional

2010-05-21T13:14:00.000-07:00

elEditorial de elPeriódico (21 may 2010)

El responsable de la CICIG, Carlos Castresana, expresó su deseo de que se reforme la Constitución en lo que se refiere a los procedimientos de designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA), así como la del Fiscal General (FG), la extensión al doble del tiempo de detención antes de que una persona sea consignada ante un juez y la autorización para que los allanamientos se puedan llevar a cabo a cualquier hora y no solamente entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde.

Cabe recordar que el 14 de noviembre de 2008, 6 mil 480 ciudadanos, alentados por la asociación Guatefutura, solicitaron al Congreso que se modificara la Constitución en el sentido de fijar en 80 el número de diputados, limitar la reelección de los congresistas a 2 veces y eliminar el listado nacional.

Asimismo, el 27 de marzo de 2009, 73 mil 193 ciudadanos presentaron al Congreso un proyecto de reforma constitucional (ProReforma), que propone, entre otros, un sistema bicameral, el referendo revocatorio para el Presidente, la restricción del derecho de antejuicio a delitos cometidos en el ejercicio del cargo público, una jerarquía normativa, la exigencia de mayoría calificada en la cámara legislativa para la aprobación de impuestos, la obligación de publicar los proyectos de ley, la elevación de la edad mínima para ser electo Presidente y Vicepresidente a 45 años, la declaración de que todo impuesto cesará cumplido su objetivo, que los antejuicios de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) sean conocidos por la CSJ y los de los magistrados de esta última por magistrados de la CA. También proponen que el presupuesto del Organismo Judicial sea aprobado por la CSJ e incorporado al Presupuesto General del Estado, que los magistrados de la CC y de la CSJ sean vitalicios, electos por el senado, por sorteo, de nóminas elaboradas por comisiones de postulación, al igual que el Contralor de Cuentas, que la CSJ elija al FG por sorteo, de una nómina preparada por una comisión de postulación, que los gobernadores sean electos y la incorporación del principio de equilibrio presupuestario.

La actual Constitución (decretada en 1985) fue reformada en 1994 a raíz del clamor por la depuración de los poderes del Estado. En consulta popular se rechazó una propuesta de reforma en 1999, derivada de la firma de la Paz (1996). Las preguntas obligadas son: ¿se justifica o no una nueva reforma constitucional? ¿Cuál es el momento oportuno para iniciar el proceso de reforma constitucional? ¿No se estará abriendo la caja de pandora?

La reforma constitucional

2010-05-19T11:33:00.001-07:00

Editorial de La Hora (18 may 10)

La crisis institucional en Guatemala, donde el colapso se nota en todos lados y el Estado ha perdido la capacidad de cumplir sus fines esenciales, obliga a pensar que hace falta una reforma profunda del sistema para empezar un proceso de reingeniería que nos permita la construcción de un nuevo orden social. No es simplemente que los poderes ocultos se adueñaron de la institucionalidad hasta para nombrar a sus representantes al frente de poderes del Estado, sino de una aguda crisis de gobernabilidad que al final está costando vidas porque no tenemos capacidad de contener el crimen y la violencia.

Sin embargo, resulta que toda reforma constitucional en el marco de la Ley pasa por los mismos partidos políticos que son responsables del juego y que han propiciado la debilidad institucional para permitir que el crimen organizado haga de las suyas. Si se procede a la reforma de conformidad con lo que manda la Constitución, es el Congreso el llamado a realizarla y ya sabemos que de nuestro Organismo Legislativo sólo cabe esperar adefesios peores de los que ya tenemos. Si vamos a una Constituyente para reformar lo que tiene que ver con garantías individuales, como sería el caso para permitir cateos y detenciones en horas inhábiles, los que pueden postular candidatos a una Asamblea de ese tipo son, justamente, los mismos partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la República. Por ello es que existe tanta preocupación ante la evidente necesidad de una reforma, porque al fin y al cabo está demostrado que sí podemos estar peor aún de lo que ya estamos y encomendando a los políticos el cambio, seguramente que se preocuparán únicamente de apuntalar sus posiciones, pasándose por el arco del triunfo las aspiraciones y necesidades populares que no forman parte de la agenda de nuestras organizaciones políticas. El problema es que el modelo está agotado y no da para más; los únicos que no se han dado cuenta son los políticos que se salpican con las migajas que les dejan los poderes reales que operan en la oscuridad y que en realidad son los grandes actores del drama de nuestro país. No funciona la justicia, no funciona la seguridad ciudadana, no funciona la salud pública y adulteran datos para presentar cifras positivas, no funciona eficientemente la educación, ni se reparten los fertilizantes ni se implementa una política de desarrollo rural. Hay crisis por la falta de vivienda y de servicios públicos, el desarrollo humano sigue siendo esquivo para la mayoría de guatemaltecos y la política electoral consume todos los esfuerzos y a eso se orientan todos los recursos. La reforma es impostergable, pero dejar que la hagan los mismos es ponernos la soga al cuello.

Una sugerencia muy arriesgada

2010-05-18T05:07:00.000-07:00

Editorial de Prensa Libre (18 may 10)

La sugerencia del doctor Carlos Castresana, jefe de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (Cicig), al respecto de reformar la Constitución Política de la República, si bien tiene criterios atendibles por algunas necesidades que no fue posible prever en su momento, en la práctica abre las puertas a serios efectos negativos en contra de la democracia guatemalteca, por lo que resulta una idea demasiado difícil de realizar, como consecuencia de un criterio fundamental: hasta dónde puede llegar la tarea de una asamblea nacional constituyente.

En efecto, los especialistas en derecho constitucional debaten acerca de un punto fundamental, como es la autonomía que debe tener una Constituyente. Según el criterio implícito del doctor Castresana, es posible que solamente tenga la facultad de cambiar o sustituir algunos artículos constitucionales. Lo principal que se debe aclarar es cuál es el mecanismo para decidir qué parte del texto constitucional ya no funciona o necesita cambios. No tendría sentido que la decisión no tuviera algún tipo de respaldo general, a fin de que no fuera una manera de beneficiar a algún sector específico.

El otro criterio consiste en considerar que una asamblea constituyente debe ser electa, y debido a ello debe tener autonomía; es decir, independencia para hacer los cambios constitucionales que considere necesarios. En este aspecto se debe recordar que ambas condiciones las cumplió la Constituyente de 1984, de la cual emanó la Carta Magna guatemalteca vigente ahora.

Al no poderse, en la práctica, elegir a una Constituyente, la tarea le tocaría al actual Congreso. Entra entonces el tema de la credibilidad de sus integrantes. El desprestigio del Legislativo como institución ha sido generalizado y profundizado cada vez más en este período de democracia electoral del país. Las acciones politiqueras pululan, y por ello sería un ejercicio de inocencia no temer que fueran cambiados artículos constitucionales beneficiosos, algunos de ellos fundamentales para los pocos pero claves avances logrados.

Un ejemplo, en varios, es la libertad de emisión del pensamiento, cuyo beneficio para la generalidad no puede ser puesto en duda, pero que es la causa del rechazo de muchos políticos, que no dejarían escapar la oportunidad de afectar ese derecho de todos los ciudadanos.

Cuando explique a la comunidad internacional sus bienintencionados criterios respecto de los cambios a la Constitución, el doctor Castresana deberá centrarse en cómo podrá asegurar que no sea todo o la mayoría del texto el que sea afectado, y cómo hará para que todo esto no se politice en un año electoral como lo es el próximo.

Con sus declaraciones, el jefe de la Cicig le otorga razón al grupo ProReforma, que ha insistido en el mismo tema sin lograr apoyo dentro del Congreso. El problema principal, más allá de las necesidades de cambios constitucionales, es la falta total de credibilidad que tienen a quienes les tocaría decidir los cambios sugeridos por el doctor Castresana.

Fracaso de Pro Reforma

2010-04-07T08:09:00.000-07:00

por Samuel Pérez
Prensa Libre (7 abr 10)

Pro Reforma mercadeó la premisa de “esperar cambios haciendo las cosas iguales”, argumento muy ligero para justificar una reforma a la Constitución. Cambios no implican mejoras y hacer las cosas diferentes, no implica que sean como Pro Reforma sugería. Guatemala necesita mejoras profundas en su estructura política y económica que conlleven a la eliminación de la exclusión, la corrupción, las asimetrías en oportunidades para la superación personal y los obstáculos para el desarrollo económico, ambiental, cultural y humano. Esto no es ideológico ni es trivial. Otro error de Pro Reforma fue someter toda la propuesta sin dar lugar a modificar sus falencias, como las que el Cedecon detectó como eventuales inconstitucionalidades. Esto provoca incertidumbre en la población, pues una vez modificada la Constitución no se podrán cambiar lo que algunos llaman “pequeños detalles”. Detalles como haber dejado a la ciudadanía menor de 45 años fuera de las elecciones al Senado en un país mayoritariamente de jóvenes, y en donde más de la mitad de la población mayor de 45 años es analfabeta funcional y vive bajo la línea de pobreza, aumentando ese porcentaje si son del área rural.

La limitación de la acción ejecutiva del Gobierno, en un país en donde la inversión social es indiscutible, predice que Pro Reforma tendría más costos que beneficios. Por otra parte, no todos quienes apoyan Pro Reforma son de derecha, ni todos quienes no la apoyan, o somos escépticos, son de izquierda. La defensa de Pro Reforma usando dicho argumento, además de ser ambigua, cae en una falsa dicotomía. Muchas columnas de opinión independientes de Pro Reforma con diversos puntos de vista, distintos argumentos y amplio espectro ideológico se han publicado. Unas más robustas que otras, unas más elocuentes que otras, y unas más serias que otras; pero todas con un común denominador: Pro Reforma no resolvería los problemas del país. Sin embargo, debemos evaluar lo bueno de la propuesta. Se pueden rescatar algunos cambios beneficiosos para mejorar el sistema en Guatemala, como la elección nominal o el fortalecimiento del poder local, por ejemplo. Es imprescindible que en Guatemala definamos un espacio de diálogo para revisar el rumbo del país en materia económica, política, social y ambiental.

Los grupos de jóvenes que hoy más que nunca han estado activos en la política, los grupos de mujeres, de mayas, académicos, formadores de opinión, representantes del sector empresarial, cooperativistas, del sector laboral, del Gobierno, de las organizaciones ambientales y de DDHH, entre otros, deben estar dispuestos a dialogar, y con el acompañamiento de la comunidad internacional, como garante, debemos establecer al 2010 en un punto de inflexión para definir el futuro próximo del país y tomar las decisiones políticas y económicas que afectarán el entorno integral de los guatemaltecos en los próximos 25 años. Ayer no se hizo y hoy cosechamos el fruto de las improvisaciones.

Principios, pragmatismo y desesperación

2010-03-08T14:12:00.000-08:00

por Hugo A. Us

Es muy probable que la iniciativa de ProReforma sea archivada en el Congreso en caso el pleno decida no darle más trámite y siga las recomendaciones de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Es difícil que sea de otra manera, luego de los errores políticos señalados por algunos analistas y de su contenido contradictorio con los principios constitucionales que nos rigen, según varios análisis que en este momento no interesa volver a comentar.

Los promotores de ProReforma parecen, sin embargo, no aceptar la derrota y siguen mostrando visos de desesperación y hasta fanatismo. Ellos han reprochado a los detractores de su iniciativa varias cosas. En un principio, reprochaban porque según ellos no se estaba debatiendo el contenido de la misma sino se reaccionaba según motivaciones ideológicas. En sus palabras, no había “debate serio”. Pues bien, creo que debate ha habido, lo ha habido mucho y serio. Basta remitirse al registro de las audiencias públicas o al debate suscitado en los medios comunicación para corroborarlo. En mi opinión, la iniciativa ha sido analizada desde varios ángulos posibles, incluyendo el filosófico, el de política comparada, el constitucional, el meramente legal e incluso, desde sus implicaciones económicas.

Por tanto, no comparto la opinión que no haya habido debate serio en particular cuando ha habido un esfuerzo de analizar los orígenes mismos de la iniciativa, es decir, los trabajos de Hayek. ¿Qué mejor esfuerzo de honestidad intelectual que entender el germen de la iniciativa? No se trata de un capricho el analizar a Hayek, es que de ahí derivan muchas de las ideas propuestas por ProReforma pero me temo éstas no sean conocidas ni entendidas críticamente por la vasta mayoría que le respalda –¿las 70,000 firmas?–. Sin embargo, hay quienes ven en este análisis como un simple ejercicio filosófico, un mero acto de ocio, ignorando que precisamente toda Constitución Política se basa justamente en premisas de la filosofía política (por si acaso, por eso se llama Constitución Política y no de otra manera). Si esto no se entiende simplemente no hay posibilidad que siga habiendo un debate, eso sí, serio.

También se reprocha porque los críticos de ProReforma exigen de la iniciativa un mínimo de evidencia empírica como si las reformas constitucionales sólo se tratarán de proponer e implementar cualquier abstracción. Este es simplemente un lujo que no nos podemos dar y permitir, cuando se trata de reformar nuestra ley máxima por las implicaciones no previstas que podría tener pero, fundamentalmente, porque atenta con principios establecidos por la actual Constitución Política.

También resulta desalentador ciertas contradicciones de quienes apoyan ProReforma. Por un lado, despotrican contra la democracia porque argumentan que este sistema no ha funcionado (sólo cambiamos al conductor pero no el auto, como rezan sus vallas gigantes) y puede fomentar la tiranía de la mayoría (siguiendo a Tocqueville).

Por otro lado, acaso en su desesperación piden que la iniciativa sea sometida, sin más trámite, a consulta popular o que bastan las 5,000 firmas que lo avalan para que eso sea así (y claro, se ufanan de haber conseguido las 70,000 firmas de manera puramente mercadológica, firmas que simplemente brillaron por su ausencia en las audiencias públicas); de lo anterior, cito al respecto: “Constitucionalmente lo único que una propuesta de reforma necesita para ser considerada legítimamente originada por el pueblo es el apoyo de 5,000 ciudadanos, un requisito mínimo si se quiere, pero eso fue lo que los constituyentes de los ochentas dispusieron, con buen tino en mi opinión” (el énfasis es mío). Asusta en realidad este simplismo –¿lógico?– según el cual mientras se logren al menos 5,000 firmas toda iniciativa no sólo es legal sino además y sobre todo, ¡qué horror!, legítima.

Y finalmente, el último disparate es afirmar que quienes se oponen a ProReforma se oponen al desarrollo del país e incluso, ¡otro horror!, están –¿estamos?– sirviendo a que siga la corrupción. De nuevo, la cita es obligada: “Lo triste del caso es que la intelectualidad guatemalteca parece estar sirviendo sin proponérselo (o proponiéndoselo perversamente) a los intereses de los corruptos y aprovechados del estado”. Francamente, es difícil pensar en un debate serio y sereno si prevalecen estos prejuicios y si no hay un mínimo de honestidad intelectual por parte de quienes apoyan ProReforma. Una cosa es oponerse a ProReforma pero de ello no veo de ninguna manera que se concluya que se está en contra del desarrollo del país o a favor de la corrupción. Es cierto que los promotores de ProReforma creen que su propuesta logrará mayor bienestar y menos corrupción; otra cosa muy distinta es que eso pueda ser cierto o sea la única alternativa para ello.

Debo recordar que un debate sobre toda reforma constitucional es necesaria (y ojalá posible). Es por ello que cuando se han redactado nuevas constituciones se han hecho mediante asambleas constitucionales (en principio que debieran representar una pluralidad de intereses) donde se debate una y otra vez cada uno de los temas. Véase sino los diarios de sesiones de las diversas constituyentes que hemos tenido. Para pesar de quienes apoyan ProReforma, no podemos permitir que cualquier propuesta (tenga 5 mil o cien mil firmas) simplemente sea sometida a consulta popular sin más. Es por esto que hay principios constitucionales, derechos individuales y, aunque algunos los objeten, derechos colectivos, que se deben proteger. Es por eso que yo también protesto para que en el debate prevalezca el buen juicio sobre el pragmatismo insensato y la desesperación.

El fracaso de PROREFORMA

2010-03-07T06:44:00.000-08:00

por Abraham Samuel Perez

A veces las buenas intenciones son el mejor camino para un destino perverso

Proreforma cometió algunos errores fundamentales que la condenaron a un fracaso político. Uno de ellos radica en que la propuesta pretendía cambiar el sistema político, económico y administrativo del país afectando la representatividad del sistema actual limitando a la mayoría de la ciudadanía en edad en su actual derecho de elegir y ser electos, en este caso para votar y/u optar a cargos de elección, por ejemplo.

Una pregunta fundamental no abordada es: ¿Cómo garantizar que los representados en el Senado sean representativos de los diferentes departamentos de Guatemala, donde vive la mayoría de la población, como lo hace el Senado de E.U.A. con sus Estados? En su mercadeo, proreforma usó la premisa de “esperar cambios haciendo las cosas iguales”, lo cual es un argumento muy ligero para justificar una reforma a La Constitución. Cambios no implican mejoras y hacer las cosas diferentes no necesariamente significa que sean como Proreforma sugería.

En EUA, con un sistema bicameral también se ven problemas de corrupción y privilegios. (como los $30 billones en subsidios a la agroindustria por el gobierno de EUA[1]). Guatemala necesita mejoras profundas en su estructura política y socioeconómica que conlleven a la eliminación de la exclusión social, la corrupción, las asimetrías en oportunidades para la superación personal y los obstáculos para alcanzar el desarrollo económico, ambiental, cultural y sobre todo, humano. Eso no es ideológico ni es trivial. Otro error de Proreforma fue someter a consulta toda la propuesta sin lugar a modificar las evidentes falencias, como las que el CEDECON ha detectado como eventuales inconstitucionalidades. Esto provoca grados de incertidumbre en la población pues una vez modificada la Constitución con todas las enmiendas que se proponen no se podrán cambiar lo que algunos ponentes llaman “pequeños detalles”. Detalles como dejar a la ciudadanía menor de 40 años fuera de las elecciones al Senado en un país donde la mayoría de la población es menor de esa edad es otro grave error político. Además, la limitación de la acción ejecutiva del Gobierno en un país donde es menester la inversión social da lugar a pensar en que la propuesta produciría más costos que beneficios. Por otra parte, no todos quienes apoyan proreforma son de derecha, ni todos quienes no la apoyan o somos escépticos son de izquierda. La defensa de proreforma usando dicho argumento cae en una falsa dicotomía. Innumerables columnas de opinión independientes a Proreforma con diversos puntos de vista, distintos argumentos y amplio espectro de ideologías se han publicado. Algunas más robustas que otras, algunas más elocuentes que otras, y algunas más serias que otras; pero todas con un común denominador: Proreforma, como está planteada, no es la solución a los problemas del País. Sin embargo, debemos sacar algo bueno del trabajo realizado. De la propuesta se pueden rescatar algunos cambios que son beneficiosos para mejorar el sistema en Guatemala, como la elección nominal o el fortalecimiento del poder local, por ejemplo. Es imprescindible que la sociedad guatemalteca definamos un espacio de dialogo para revisar el rumbo del país en materia económica, política, social y ambiental. Los grupos de jóvenes que hoy mas que nunca han estado activos en la realidad nacional, los grupos de mujeres, de mayas, la academia, los formadores de opinión, los representantes de sectores económicos, del sector laboral, del gobierno, de las organizaciones ambientales y de DDHH, entre otras, deben estar dispuestos a dialogar y con el acompañamiento de la comunidad internacional como garante de transparencia, debemos sin esperar más tiempo, establecer el año 2010 como un punto de inflexión para definir el futuro próximo del país y de allí tomar las decisiones políticas y económicas que afectarán el entorno integral de los Guatemaltecos en los próximos 25 años. Ayer no se hizo y por eso hoy cosechamos el fruto de las improvisaciones. Algunas bases de Proreforma pueden ser tomadas en cuenta, discriminando lo que no sea apropiado para esa visión de país prospero y desarrollado que urge rescatar.

[1] Presupuesto Gobierno USA 2008.

Por Guatemala ¡Protesto contra los intelectuales que se oponen a ProReforma!

2010-03-07T06:32:00.000-08:00

por Leonel Morales

Nunca pensé que para decidirse a apoyar una iniciativa de reforma constitucional, aunque se trate del mínimo apoyo posible – que es el voto por el “Sí” en una eventual consulta popular – uno tuviera primero que convencerse de que las ideas de un pensador o filósofo social – Hayek u otro – no son ideas descarriadas, superadas o simplemente consideradas contrarias a la “filosofía pública imperante” (y todavía me pregunto si existe tal cosa ¿ya todos los filósofos públicos están de acuerdo?) como tampoco pensé que la propuesta tuviera que estar basada exclusivamente en prácticas probadas y bien conocidas de forma que estuviera respaldada por abundante evidencia empírica.

De igual forma, sigo pensando que una propuesta de reforma constitucional tampoco necesita lo que algunos han llamado consenso, si por ello se entiende lograr un acuerdo tan completo que no queda objeción pendiente de resolver ni interés sin satisfacer en toda la sociedad, entre otras cosas porque ese consenso ideal y utópico es imposible de lograr si el acuerdo se busca sobre algo positivo (el mismo Hayek decía que es más fácil lograr el acuerdo de todos sobre algo negativo que sobre algo positivo) pero también porque democracia no implica consenso absoluto sino aprobación mayoritaria.

En mi inocencia esas no eran más que características deseables dado que podemos examinar directamente la propuesta y decidir de acuerdo a nuestra propia percepción de la misma y su aplicabilidad a la realidad nacional, y en esto seguramente nos iba a ayudar el análisis serio y comprometido con el desarrollo nacional, de los intelectuales locales.

Constitucionalmente lo único que una propuesta de reforma necesita para ser considerada legítimamente originada por el pueblo es el apoyo de 5,000 ciudadanos, un requisito mínimo si se quiere, pero eso fue lo que los constituyentes de los ochentas dispusieron, con buen tino en mi opinión. Pudieron haber requerido tantas cosas más, pero no lo hicieron. Y entre la lista de requisitos que NO pidieron están precisamente los ya señalados: que la propuesta no tenga “peros” filosóficos (no en sí misma sino en las teorías que pudieran estarle relacionadas), que tenga evidencia empírica de respaldo, que vaya acorde con la “filosofía pública imperante”, que haya sido consensuada hasta la saciedad, además de otras más perturbadas: que los proponentes formen partido político, que privilegien los derechos sociales sobre los individuales, que se aseguren de tomar en cuenta a todos los grupos del país (¿Qué sea “políticamente correcta”?), que garantice la representatividad geográfica (como si esta fuera la única forma posible de representatividad) ¡Qué payasada de democracia la que tendríamos! Menos mal que los constituyentes entendieron mejor la democracia de lo que parecen entenderla ciertos intelectuales.

Estos comentarios los hago en vista del giro que parece haber tomado “el debate” (o sucedáneo de debate) en las últimas publicaciones. Nuestros formadores de opinión parecen estar lanzando acusaciones casi pueriles: “Hay que rechazar a ProReforma porque viene de las ideas de un tal Hayek, pensador afín al libre mercado, y todo lo que huela a libre mercado es malo, no importa si la propuesta contiene elementos beneficiosos, pues no hay que dejar pasar esta oportunidad de derrotar a los libertarios, esa victoria es más importante que cualquier beneficio que pudiera conseguirse para Guatemala”. Vaya, eso si que serían razones locas, por no decir perversas.

Otras acusaciones son menos desviadas pero no por ello menos pueriles: “ProReforma no hizo bien su tarea, no respeta correctamente las ideas de sus mismos filósofos fundamentales, se saltaron tal parte del proceso, son arrogantes cuando Hayek promulgaba la no arrogancia” y otras tonterías más, como si hacer una propuesta de reforma fuese una tarea del curso “filosofía política” y los severos catedráticos le estuvieran dando un 40 sobre 100. Por supuesto de ello se seguiría que no hay que apoyarla pues académicamente es equivalente a un ensayo mal hecho. Nuevamente ¡qué díscolos!

Lo triste del caso es que la intelectualidad guatemalteca parece estar sirviendo sin proponérselo (o proponiéndoselo perversamente) a los intereses de los corruptos y aprovechados del estado. ¿Quién querrá en el futuro proponer que jueces y magistrados ocupen su cargo de forma vitalicia si ya eso lo propuso ProReforma y fue rechazada? ¿Y la elección por sorteo del fiscal general y del contralor general? ¿Y la elección popular de los gobernadores para que no sirvan “de oficio” al aparato estatal corrupto e impune? ¿Habrá algún valiente que se atreva a rescatar estas propuestas cuando nuestros “intelectuales” han hecho un excelente trabajo de desprestigio de ProReforma?

No hay que olvidar que lo que está en juego no es salir triunfador en un debate filosófico o ideológico, es el rescate de nuestra patria del terrible estado en que se encuentra fruto de un sistema que propicia el acaparamiento del poder, ayuda a delinquir al corrupto y le asegura impunidad.

Ponerle una lápida a ProReforma y a todos los aspectos positivos que contiene, es ponérsela al desarrollo de Guatemala.

Sugerencias de nuestro más asiduo lector

2010-03-04T04:43:00.000-08:00

Hola Carlos,

Solo quería sugerirte algunos artículos que pueden contribuir al debate sobre ProReforma:

“Abrir brecha” de Carroll Ríos - http://www.sigloxxi.com/opinion.php?id=3643

“No destruyamos nuestro futuro” de Ramón Parellada - http://www.sigloxxi.com/opinion.php?id=3741

“Por qué el liberalismo no es un partido” del blog de Luis Eduardo Barrueto - http://lebarrueto.wordpress.com/2010/03/03/por-que-el-liberalismo-no-es-un-partido/

Últimamente se ha reavivado el debate, lo cual es bueno, así que comprendo que no todo se puede llevar al blog.

Como a mi me gusta darle seguimiento al tema y ver lo que se escribe, tengo dos links para buscar en blogs y noticias que de repente te podrían servir (yo los puse en uno de mis blogs y me facilitan bastante darle una ojeada rápida a lo que se publica)

http://news.google.com/news?pz=1&ned=es_us&hl=es&q=ProReforma&cf=all&scoring=n – para buscar noticias sobre ProReforma

http://blogsearch.google.com/blogsearch?q=ProReforma&scoring=d – para buscar blogs sobre ProReforma

Saludos cordiales,

Leonel Morales

Agradezco a Leonel por sus sugerencias. Saludos, CM.

ProReforma: ¿la fatal arrogancia?

2010-03-03T14:45:00.000-08:00

por Hugo A. Us

El amigo analista Alvaro Velásquez ha identificado y analizado, de una manera lúcida, el nexo que existe entre uno de los trabajos de F. A. Hayek (Derecho, Legislación y Libertad) y la propuesta de reforma constitucional de la Asociación ProReforma, particularmente en su idea del senado gerontocrático y de la prevalencia del derecho privado sobre el derecho público. Mi enfoque en este breve ensayo es analizar la iniciativa de ProReforma no sobre su contenido mismo (el cual creo yo ha sido extensamente debatido en este blog y en las audiencias públicas ante el Congreso de la República) sino sobre otras ideas de Hayek y cómo estas ideas se relacionan a la forma en que están actuando los promotores de ProReforma ante los reveses sufridos. En particular me refiero a las ideas desarrolladas por Hayek en La fatal arrogancia, los errores del socialismo, acaso la última de sus obras publicadas, ya en el otoño de su vida.

La idea central en este trabajo de Hayek es que tanto la formación como el mantenimiento de la civilización depende de lo que él denomina el orden espontáneo (el nomos) de cooperación humana en el cual cada persona, sometida a unas normas abstractas de conducta que ella no ha creado, desarrolla sus capacidades persiguiendo unos fines con la inmensa información diseminada que la sociedad le presenta como los más adecuados, de acuerdo a sus circunstancias. Contrario a varios de los temas que Hayek abordó en su vasta obra, dedicado sobre todo a los temas económicos o políticos, esta obra discute más bien cuestiones morales, en la cual Hayek sostiene que las normas sobre los que la o las civilizaciones descansan no son fruto de una explícita y deliberada construcción racional (el taxis) sino consecuencia espontánea de un proceso de selección evolutiva que trasciende cualquier “arrogante” pretensión de la razón de diseñar una sociedad. Por eso, para Hayek el proyecto socialista, que alcanza su máximo esplendor bajo la extinta Unión Soviética, es el reflejo último de dicha arrogancia que, por contrariar el orden espontáneo, termina en consecuencias fatales. He ahí el socialismo como error, como uno de los tantos períodos oscuros en la historia de la humanidad.

A la luz de lo anterior, se entiende entonces algunas de las ideas presentes en la propuesta de ProReforma. En particular, la casi fijación por la abstracción de la ley (como el nomos) y la prevalencia del derecho privado (el orden espontáneo) de exclusiva responsabilidad de unos senadores iluminados sobre el derecho público (las normas prediseñadas, el orden deliberado dejado en manos de los politiqueros de siempre). Sin embargo, no es el fin acá discutir estas ideas sino más bien en cómo los promotores de ProReforma justamente pueden incurrir en la misma arrogancia (¡Ah, paradojas!) que tanto preocupaba a su maestro. Esto lo señalo por dos razones. Primero, porque al final de cuentas su propuesta no es sino un proyecto más de ingeniería social, de intento deliberado de ordenar la sociedad. Segundo, porque sus promotores consideran que su propuesta debe ser discutida directamente en consulta popular, sin pasar siquiera por el pleno del Congreso, tal como la Constitución Política de la República lo establece. Preocupados aparentemente por fortalecer el estado de derecho (motivación central de su propuesta), no advierten que su insistencia ignora más bien lo establecido por la ley máxima y prefieren que las masas la discutan y aprueben (al menos parece ser su anhelo), pese a que ellos mismos señalan que una de las fallas de la democracia es la eventual tiranía de la mayoría, tiranía que pretenden hacer realidad si su anhelo se concreta alimentados quizá por la convicción que su propuesta será aprobada. Vistas así las cosas, quizá convenga, como lo ha señalado otro analista, que los promotores de ProReforma organicen cuanto antes su partido político y sometan su propuesta al juego democrático. Después de todo su inscripción debería ser fácil, casi automática, con las más de 70 mil firmas conseguidas para apoyar su iniciativa y no deberían temer que logren concretarla si, como ellos se han encargado de recordarnos, es lo que más conviene al país (¿arrogancia quizá?)

ProReforma: El partido

2010-03-03T06:35:00.000-08:00

por Virgilio Álvarez
Siglo XXI (3 mar 10)

La comisión de Legislación y puntos constitucionales del Congreso de la República ha decidido poner una lápida a la propuesta de reformas constitucionales surgidas en una empresa de educación superior y que se ha conocido como ProReforma.

Los miembros de la comisión, electos por diferentes partidos y donde, vale la pena anotar, no tiene mayoría el partido en el gobierno, coincidieron en lo improcedente de tal propuesta. Esa será su posición ante el pleno, donde no se espera sea también la de la mayoría de diputados. Los pro Reforma insisten en que se convoque a una consulta popular donde los ciudadanos tengamos la simple disyuntiva de decir sí o no a lo que se debatió y construyó en un pequeñísimo círculo de empresarios, sabedores de que dueños de toda la mercadotecnia publicitaria sabrán infundir temores y vendernos su “Crispín” como el mejor de los chocolates belgas. Pero además, se insubordinan y afirman que los miembros de la comisión “no tienen derecho a influir en lo que el pleno decida”; olvidan que ha sido ese pleno el que le ordenó a la Comisión emitir un dictamen.

Nadie niega que la llamada Carta Magna posea deficiencias y preceptos que limitan el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos, en defensa amplia y descarada, por cierto, de los intereses de los pequeños sectores que se enriquecen a costas del trabajo de los otros. Sin embargo, el subterfugio de los pro Reforma era alcanzar ciertas reformas que les permitieran luego meterle la mano a la Constitución vigente y sin negociaciones ni debates, imponernos el imperio del mercado y los mercaderes en la vida social y política del país, más allá de lo que ya predomina.

Las constituciones, como todos sabemos, son la normativa básica que a una sociedad determinada le imponen las élites que tienen acceso al poder. Los partidos políticos representan los intereses de esas élites en sus distintas vertientes y son los que defienden en las normativas que aprueban. La Constitución que ahora nos rige, aprobada en 1985, fue redactada y aprobada por un grupo de constitucionalistas donde el pensamiento y los intereses de los sectores populares no tuvieron representantes, como aún no logran tenerlos de manera significativa y coherente en el Congreso de la República. La Constitución que actualmente nos rige, pese a que los democristianos sí tuvieron voz en la Constituyente que le dio vida, en muchas de sus partes es una simple repetición y hasta profundización del anticomunismo más pedestre que se impuso en las constituciones de 1956 y 1965.

La izquierda, en sus distintas vertientes y variantes, no tuvo, pues, vela en ese entierro, y si algo de los principios sociales surgidos de la Revolución de 1944 aún sobrevive, fue producto más de la dificultad para encontrar sustituciones que por una convicción plena de aquellos legisladores en la construcción de un Estado efectivamente equitativo, justo y promotor del bien social.

Pero no todo está perdido para ProReforma, aún les queda el real y efectivo proceso de constituir su propio partido y competir, como todos los otros, por los votos ciudadanos. Si su plataforma es, como dicen, tan apreciada por la población, bien puede ser que no sufran la aplastante derrota de cuando se ampararon en la bandera del MLN y logren elegir, al menos, a los diez diputados que son necesarios para presentar ante el pleno sus propuestas de reformas constitucionales y allí, con vos propia, defender sus propuestas en el debate parlamentario. Debate que, hasta ahora, han rehuido.

Tal vez si se mezclan con los que por décadas les han defendido a capa y espada sus intereses y logran aprender que las propuestas no se imponen sino que se negocian, pues nadie nunca tiene cien por ciento la razón, y siempre hay cuestiones que podemos dejar para después y así ganar las más importantes.

¿El fracaso de Hayek?

2010-02-25T17:04:00.000-08:00

por Álvaro Velázquez
Siglo XXI (25 feb 10)

Ahora que está próximo el rechazo o archivamiento del Proyecto de Constitución de Pro Reforma en el Congreso de la República, vale la pena recapitular ¿Por qué fracasó Pro Reforma? Desde mi posición como investigador he enfrentado esta iniciativa casi desde su inicio público hacia el 2005, especialmente porque considero a la Democracia un sistema egorreductor, al cual o nos ajustamos todos o nos hundimos todos. En el caso aludido, identifiqué a F. Hayek como el diseñador del modelo, no obstante que éste no aparecía citado en ninguno de sus documentos primarios de sus promotores (cosa que me hizo dudar inicialmente de su honestidad intelectual).

Según Hayek, el enemigo a vencer es la democracia en tanto soberanía popular y los derechos sociales, lo que hacía necesario reivindicar la soberanía de la minoría elevando para ello el Derecho Privado (supuestamente parte principal del “derecho natural”), por sobre el Derecho Público, juzgado inferior en tanto sumatoria de transacciones colectivas, a través de un organismo aristocrático, el Senado, custodio del derecho privado, restrictivo en su esencia, parecido al colegio cardenalicio en el Vaticano o al generalato militar.

Se me hizo evidente entonces que este era un proyecto de clase, plutocrático, aunque no impulsado por sus sindicatos (a cual más duros) sino por sus tanques de pensamiento (a cual más ortodoxos), en un país donde la diferencias de clase son abrumadoras. Por otro lado, la historia de Occidente tiene muchos ejemplos de reacciones de las elites oligárquicas de querer sustraerse de la igualdad social en función de sus propios privilegios, por eso señalé en su momento los paralelismos con la Tiranía de los 30 en la Grecia clásica posterior a la Guerra del Peloponeso y los Optimates durante la dictadura de Lucio Cornelio Sila en el 81 a.C., entre otros.

En consecuencia califiqué al proyecto como una contrarreforma y que en esencia era otra Constitución diferente a la actual. En cuyo caso, la ciudadanía tenía que escoger eventualmente entre la Constitución vigente, que reconoce la paridad de los derechos individuales y sociales (como cualquier Estado moderno), y la de Pro Reforma, que los desconoce. Cuando tuve la oportunidad de intercambiar opiniones con el Dr. Manuel Ayau, explicó que la audacia de intentar traducir el modelo de Hayek a una situación real, había surgido por un requerimiento que le planteó a fines del siglo pasado la Fundación Cubana-Americana, dado la supuesta inminencia de la caída del régimen de Fidel Castro. Se esperaba así contar con un modelo de Constitución que reinvirtiera todo el régimen de propiedad estatal en Cuba y asegurar el libre mercado. Se podría ironizar diciendo: ¿Si los Chicago boys tuvieron su oportunidad en el Chile pinochetista, por qué no la escuela de Viena en Cuba?

La pregunta obligada era ¿por qué intentarlo en nuestro país ahora, cuando no existe ninguna dictadura y abunda el libre mercado, en el marco de una Constitución liberal prohijada por los defensores del statu quo? Las hipótesis están abiertas. Pero la ideología del libertarismo local no admite concesiones. Aynd Rand lo revela: Yo no reconozco el derecho de nadie a un solo minuto de mi vida ni a ningún logro mío. No importa quién haga el reclamo, cuán grande sea su número o cuán grande sea su necesidad (El Manantial, Ed. Grito Sagrado 2009). O sea un individualismo extremo contra la democracia y los pobres.

Carta magna neoliberal

2010-02-17T06:13:00.000-08:00

por Haroldo Shetemul
Prensa Libre (17 feb 10)

DESPUÉS DE SUS FRACASOS políticos, con la desaparición del Movimiento de Liberación Nacional y sus intentos por incrustarse en otros partidos, la ultraderecha, cohesionada en torno a la corriente neoliberal y la Universidad Francisco Marroquín, no se va por las ramas, sino que busca cambiar de raíz la Carta Magna. Su frase “Cada cuatro años insistimos en cambiar el piloto cuando el problema es el vehículo” es clara en cuanto a que no se trata de ninguna enmienda parcial, sino de hacer otra Constitución, para desmontar el Estado y construir uno conforme los cánones del pensamiento económico de la Escuela de Viena.

SI LA INTENCIÓN FUERA cambiar de Constitución, el camino que han escogido es el equivocado, porque implicaría convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en la que confluyan todas las expresiones político-ideológicas del país. ProReforma solo representa el pensamiento neoliberal, y por ende, si su interés es crear una Constitución de corte conservador, estaría imponiendo una visión unilateral del mundo a las demás expresiones político-ideológicas. Esa pretensión es de por sí antidemocrática y excluyente.

PROREFORMA PLANTEA la conformación de un Senado, lo cual no solo es retrógrado, sino discriminatorio, pues únicamente lo integrarían quienes tengan entre 50 y 65 años, y podrían elegirlo quienes tengan una edad arriba de los 50, lo cual significaría dejar fuera a la mayoría de ciudadanos. Ese cuerpo podría decidir sobre aspectos tributarios y de política económica, entre otros, lo cual es prioritario para los neoliberales, cuyo objetivo es reducir al Estado a su mínima expresión y ampliar el poder de los empresarios por medio del libre mercado.

ESTA INICIATIVA también es intolerante, porque el artículo 161, inciso a, de ProReforma señala: “La acusación calumniosa contra un Senador o Diputado será castigada con el doble de la pena señalada para este delito en el Código Penal”. ¿Significa que ProReforma quiere crear patricios o una aristocracia a la que no se le puede criticar, haga lo que haga? Esa propuesta es abiertamente inconstitucional, porque contradice el artículo 35, de nuestra Carta Magna, que dice: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”. ProReforma, entonces, representa un retroceso a la libertad de expresión y propugna por la mordaza a la prensa, muy propios de regímenes dictatoriales.

EN ESENCIA, ProReforma no busca una modificación, sino que en sí misma debería llamarse la Constitución de ProReforma, en la cual se privilegiarían los derechos individuales por encima de los derechos sociales, lo cual conllevaría a la eliminación de servicios estatales gratuitos, como la salud y la educación. Por ello el planteamiento neoliberal se ubica en lo que prevé la Carta Magna en su artículo 44: “Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza”.

El éxito de ProReforma

2010-02-16T07:29:00.000-08:00

por Alfonso Abril

elPeriódico (16 feb 10)

La herida que le han dado a la iniciativa de reforma constitucional la interpreto como una forma de proteger la Constitución ante una posible degradación de la misma por parte de nuestros representantes. Es decir, si la propuesta sale a luz en el pleno del Congreso probablemente los diputados la hubiesen manoseado hacia sus intereses y de ello derivase un peor sistema político. Muy ingeniosos para encontrar esta salida.

Y entre tanto ingenio las dificultades que tuvimos:

1. Falta de apoyo de cierto sector empresarial hizo más difícil la lucha, probando que valoran más sus privilegios que nuestra Guatemala.
2. Parece ser muy importante quien propone y no lo que propone.
3. “Cuando desperté, el socialismo estaba ahí”. Siguen predominando ideas que repiten el fracaso.

El éxito de ProReforma:

1. Un grupo de ciudadanos toma cartas en el asunto utilizando la vía legal y pacífica, en lugar de la clásica actitud de criticar y criticar sin proponer.
2. Se genera un debate sobre la Constitución, evidenciando que la propuesta y la misma Constitución son conocidas.
3. Las Audiencias Públicas dejan un legado invaluable para el constitucionalismo en Guatemala, en el sentido de requerir un debate ordenado por el Organismo Legislativo para futuras reformas a la Carta Magna.
4. Por primera vez se discute abiertamente que son incompatibles los derechos individuales con los derechos sociales.
5. Unifica a los guatemaltecos que estamos a favor de un sistema donde impere la igualdad ante la Ley y en contra de un sistema que utiliza los derechos sociales para redistribuir la riqueza.
6. Se evidencia que el problema es el sistema y no las personas que gobiernan y en ese sentido la exitosa publicidad que indicaba: “Cada cuatro años insistimos en cambiar el piloto cuando el problema es el vehículo”.
7. Cuando hemos dado nuestro mejor esfuerzo, debemos esperar el resultado en paz. La reforma será una realidad, todo es cuestión de tiempo.

Con este ejercicio ciudadano mi amor por Guatemala se hizo más grande y mi compromiso por construir un mejor país lo llevo en el alma. Y a mis tan solo 25 años tuve el lujo de tener muy de cerca a gigantes maestros. Mi inmenso honor hacia ellos.

En referencia a Pro Reforma

2010-02-15T16:49:00.000-08:00

por Mario Antonio Sandoval
Prensa Libre (15 feb 2010)

UNO DE LOS MÁS INTERESANTES ejercicios democráticos, realizados por el uso de mecanismos permitidos por la Constitución de la República, lo constituye el proyecto de reformas a la Carta Magna, conocido como Pro Reforma. Varios miles de ciudadanos decidieron firmar a favor de una serie de cambios constitucionales novedosos, por lo cual no puede haber duda de su legitimidad. A diferencia de cómo ocurre con una abrumadora mayoría de casos, además de representar esa voluntad, es el resultado del trabajo durante meses de hombres y mujeres de todas las clases sociales. Por eso, por haberse decidido a salir a las calles para buscar firmas, sus organizadores deben ser felicitados por haber trabajado a favor de una idea política.

LA SEMANA PASADA se supo de la opinión contraria a Pro Reforma, de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso. Para hoy está prevista la discusión en el parlamento y parece haber pocas razones para pensar en un cambio de opinión, con lo cual el proyecto de reforma a la Constitución quedaría archivado. Al observar algunas de las razones, me llamó la atención el calificativo de ´discriminatoria´ a la idea de crear un senado con personas mayores de 50 años. Lo mismo se dice de la sugerencia de integrar a la Cámara del Senado con personas cuya edad no sea menor de 50 años ni mayor de 65. Según los diputados de la mencionada comisión, esa propuesta margina a un gran número de ciudadanos guatemaltecos.

ESTE CRITERIO NO RESISTE un simple análisis lógico. La Constitución, entonces, sería discriminatoria porque no permite la elección de personas de menos de 40 años para el cargo de presidente de Guatemala. Al analizar la figura de la pirámide poblacional, se evidencia de inmediato un hecho: los adultos cuya edad se encuentra entre 18 y 39 años representan la mayoría. Cuando la Carta Magna establece esta limitación legal, simplemente pone algunas condiciones y no discrimina porque es igual para todos. El criterio se refiere a la madurez supuestamente adquirida con la edad. Por su parte, los ciudadanos cuya edad oscila entre 50 y 65 años constituyen una minoría. Si una prohibición alcanza a la mayoría, puede haber otra minoritaria.

HABLANDO EN PORCENTAJES: los adultos menores de 40 años son el 50 por ciento de los adultos. Y quienes tienen entre 50 y 65, representan al 14 por ciento de ellos. Mi punto se refiere estrictamente a la falta de solidez del argumento: la propuesta de Pro Reforma representa algunos grandes riesgos, pero no discrimina. Solo pone condiciones. Una constituyente debe poder reformar a su criterio la Constitución, y teóricamente no se justifica convertirla en simple encargada de sancionar una propuesta popular. Pero el actual Congreso no tiene la calidad de la constituyente de 1984, representativa a más no poder. Por ello alteraría la Constitución al no acatar las propuestas, cambiar o no tomar en cuenta artículos adecuados y dejar los necesitados de cambio.

LA PROPUESTA DE Pro Reforma es interesante, sin duda. Constituye una idea para buscar efectividad en el ejercicio de la democracia. Al rechazarla con la explicación de la edad, el actual Congreso en realidad debilita la limitación de los 40 años para ser presidente. Por tanto, cualquier persona a partir de 18 años debería poder ser electo, no solo elegir. A mi juicio, habría necesidad de mejorar y perfeccionar la propuesta, y entonces analizar si es conveniente. La actual Constitución no ha sido aplicada de manera correcta ni se le ha otorgado la oportunidad de funcionar, en realidad. Todo cambio necesita ser muy meditado, para evitar resultados contraproducentes. Por eso, los proponentes de Pro Reforma aún tienen espacio para lograr sus fines.

Pro Reforma no logra respaldo para modificar Carta Magna

2010-02-11T16:54:00.000-08:00

por Leonardo Cereser
Prensa Libre (11 feb 2010)

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso refirió que no debe apoyarse la propuesta del Movimiento pro Reforma de modificar la Carta Magna, con el argumento de que algunas de sus iniciativas contravienen los principios democráticos del Estado guatemalteco, pero ahora el pleno deberá decidir al respecto.

Las conclusiones de esa comisión llegan luego de que se celebraron más de 90 audiencias públicas para conocer diversas opiniones y de varios meses de análisis.

La Asociación pro Reforma del Estado por medio de una Constitución de Principios, un movimiento cívico no partidista, presentó una propuesta de enmiendas a la Carta Magna en el Congreso. El documento fue acompañado por 73 mil 193 firmas.

Pro Reforma planteaba diversas modificaciones, entre ellas, la creación de una cámara de diputados y un senado en sustitución del Congreso actual, y cambios a los otros poderes del Estado.

Dentro de la propuesta, el más cuestionado por los legisladores de esa sala es el artículo que establece que sólo los mayores de 50 años puedan integrar el Senado y el resto de la población no, porque es considerada sin experiencia, lo cual niega la esencia de representatividad y democracia. Además, esa sala señaló que restringe las edades para ocupar cargos públicos y elimina la figura del veto presidencial. Agregó que algunos cambios violan artículos pétreos.

“La Comisión considera prudente advertir al pleno del Congreso, como máxima autoridad, el considerar que negarle el voto a cualquier ciudadano no solo restringe los derechos del mismo, en contra de lo dispuesto por el poder constituyente, en contra de los tratados de derechos civiles y políticos suscritos, ratificados y vigentes en Guatemala”, opinó esa sala.

“Se intenta cambiar el artículo pétreo 140, el cual señala que Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema es republicano, democrático y representativo”, aseveró el análisis técnico.

A juicio de la Comisión, esa propuesta no puede aceptarse o aprobarse, porque viola la Constitución, debido a que no es posible reformar el artículo 140. Al respecto, el constitucionalista Gabriel Larios Ochaita dijo: “Son simples opiniones de la Comisión, y es el pleno el que tiene la última palabra... lo que sí se debe decir es que siempre hay temor a modificar la Constitución”.

Alejandro Balsells, secretario del Centro para la Defensa de la Constitución, expresó: “Esas conclusiones eran previsibles, porque la propuesta contradice los principios pétreos de la Carta Magna”.

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¿Es usted demócrata?

2010-02-11T08:52:00.000-08:00

por Jorge Jacobs A.
Prensa Libre (11 feb 10)

Mi artículo de la semana pasada, sobre la importancia de que sea la población quien decida si acepta o no las reformas a la Constitución propuestas por ProReforma, generó muchos comentarios. De los mismos deduzco que muchos defienden la "democracia" del diente al labio, pero a la hora de la hora preferirían la tiranía.

Debo aclarar que no defiendo la democracia como un fin en sí misma, sino simplemente como un sistema de toma de decisiones públicas que debe estar enmarcado dentro de un estado de Derecho en donde se respeten los derechos individuales de todas las personas. Esto tiene como corolario que ni aún la "mayoría" pueda utilizar el poder ni la "democracia" para violar los derechos de ninguno de los habitantes de un país, por muy minoría que sean.

Dicho esto, estoy convencido de que la propuesta de ProReforma, a mi mejor juicio y entender, lo que busca es precisamente que vivamos en un estado de Derecho en donde se respeten los derechos individuales de todos los habitantes de Guatemala. Y como siempre hay quienes dicen que uno solo habla y critica pero no propone soluciones, pues esta es la solución que proponemos.

Ahora bien, quienes no creen que este sea el camino a seguir, sino otro, yo los invito a que también hagan uso de las herramientas de la democracia para proponer sus soluciones. Si no está de acuerdo con la propuesta de ProReforma porque no cree que sirva o cree que es perjudicial, no menoscabe la "democracia" oponiéndose a que se lleve a Consulta Popular, sino haga una campaña planteando sus argumentos para convencer a la gente que vote en contra de ProReforma. ¿O es que no cree en realidad en la democracia?

Si usted cree que las reformas que hay que hacer son otras y no estas, lo invito a que siga el procedimiento que establece nuestra Constitución, como ya lo hicimos en ProReforma. Plantee su propuesta, consiga por lo menos a cinco mil personas que la apoyen —en ProReforma conseguimos más de 73 mil— y preséntela al Congreso para que luego vaya a Consulta Popular. Ese es el procedimiento a seguir y en ProReforma ya lo hicimos. ¿Por qué no lo hace usted?

Hay otros dos argumentos que surgen en muchos comentarios. Uno es que el "pueblo" guatemalteco es muy ignorante y analfabeta y por lo tanto no tiene criterio para tomar decisiones tan importantes. A ese argumento respondo: primero, que no hay que despreciar el sentido común de las personas, por muy "ignorantes" o analfabetas que sean. Segundo, este realmente es un argumento en contra de la democracia, ya que lo mismo se podría decir de la elección de presidentes y diputados. Tercero, si usted realmente cree eso, entonces lo que debería hacer es proponer una reforma constitucional que establezca requisitos mínimos para los votantes, como por ejemplo, que hayan cursado la primaria. Si eso es lo que realmente cree, sea consecuente y pida esos cambios, pero no se oponga a la consulta de ProReforma menospreciando a los guatemaltecos que no son tan inteligentes como usted.

Por último, hay otro argumento que indica que Guatemala "no está preparada para la igualdad ante la ley", aduciendo que hay muchas desigualdades. Yo creo que ese argumento está equivocado. Lo que se quiere es que todos nos desarrollemos y todos prosperemos, y para ello se necesita un sistema en el que se respeten igualmente los derechos de todos, de pobres y ricos, analfabetas y letrados, indígenas y ladinos, hombres y mujeres. ¿Usted qué opina?

¿Derrota de ProReforma? Un análisis a la luz del constitucionalismo latinoamericano

2010-02-05T16:22:00.000-08:00

Por Hugo A. Us

Luego de un silencio prolongado y para algunos hasta inquietante, parece ser que finalmente la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso está por hacer público su dictamen sobre la iniciativa identificada con el registro 4,028 más conocido como la iniciativa de ProReforma. Conviene anotar que dicha demora ha sido prolongada (más de 300 días han transcurrido desde que fuera entregada) considerando la trascendencia del tema a saber, una reforma parcial de nuestra Constitución Política o ley máxima. Esto ha provocado que algunos de sus principales promotores en los medios escritos casi hayan llegado a perder la compostura. Por ejemplo, en su columna del 24 de enero en Prensa Libre Manuel Ayau –principal promotor de la iniciativa– lanza lo que parece ser un último llamado de apoyo para la iniciativa dirigida a una juventud acaso imaginaria, pues ésta ha estado ausente en las deliberaciones de las audiencias públicas que organizó la Comisión de marras meses atrás para discutir la iniciativa. Por su parte, en su columna del 28 de enero, Ramón Parellada, otro columnista que apoya la iniciativa, luego de un gastado discurso sobre los derechos individuales y el estado de derecho sentencia que es el pueblo quien debe elegir si pasa la reforma y no los diputados. En la misma línea de argumentación va Jorge Jacobs en su columna del día 5 de febrero, cuando dice que los diputados deben someter la iniciativa a consideración del pueblo, a menos que tengan algo que temer. No quisiera pensar que Parellada o Jacobs estén olvidando que el procedimiento que establece la constitución actual es justamente que toda iniciativa debe ser discutida primero por la comisión del Congreso que corresponda, antes siquiera de pasar a ser discutida por el pleno y sólo si este lo aprueba, es sometida a consulta popular. Al parecer, parecen ignorar el estado de derecho que dicen defender al hacer un llamado de ese tipo. Algunos pronostican que la propuesta recibirá dictamen desfavorable en cuyo caso estaríamos a las puertas de la derrota de ProReforma.

Sin embargo, tratando de analizar nuevamente esta propuesta con serenidad y alejado de desesperaciones de último momento, quisiera tratar la iniciativa desde varios ángulos, usando de referencia el marco analítico que usan Gargarella y Courtis en su ensayo titulado “El nuevo constitucionalismo latinoamericano: promesas e interrogantes” (CEPAL, 2009). Por tanto, paso a analizar brevemente la iniciativa a la luz de varios temas, a saber: i) las preguntas que ProReforma pretende resolver; ii) política constituyente versus política ordinaria; iii) la filosofía pública imperante; iv) los trasplantes constitucionales; v) la relación entre la parte orgánica y dogmática y, los temas acaso más importantes, vi) neutralidad, status quo o neutralidad del status quo y vii) las condiciones materiales del constitucionalismo de ProReforma. Ciertamente cada uno de los temas anteriores implica un análisis más amplio que de momento sólo abordaré en sus aspectos más importantes. En todo caso, de alguna manera varios de dichos aspectos ya han sido tratados en mis reflexiones anteriores sobre este tema.

Las preguntas (o problemas) que ProReforma pretende responder (o resolver)

Cualquier iniciativa o esfuerzo de reforma constitucional responde a motivaciones o causas centrales. Estas causas pueden ser de varios tipos o responder al momento histórico o político que atraviesa una sociedad. En otras palabras, toda reforma constitucional busca responder a un problema-objetivo a ser tratado o resuelto. Para poner el último caso como ejemplo, la reforma constitucional llamada a consulta popular en 1999 buscaba institucionalizar aspectos sustantivos de los Acuerdos de Paz. Por su lado, los proponentes de ProReforma indican de manera explícita que su propuesta busca superar las limitaciones de la democracia y a responder a los problemas de corrupción, pobreza y violencia.

Si bien es posible que haya un amplio consenso entre personas o sectores de diferentes tendencias ideológicas que estos son problemas graves (y quizá los más importantes) para el país, ello no implica la validación o justificación de la propuesta en cuestión. En tal sentido, es importante analizar la iniciativa en cuestión a la luz de dichos objetivos o problemas a resolver; en otras palabras, la pregunta clave aquí es ¿se resolverán los problemas identificados –corrupción, pobreza y violencia – con la propuesta que se hace? Es posible que responder esta pregunta requiera de elementos normativos pero también requiere elementos empíricos. Hay varias sociedades que han resuelto dichos problemas (o no los hayan tenido tan gravemente como nosotros) y no necesariamente están gobernadas como una constitución que propone ProReforma u organizadas en un Estado con las características que proponen. Considero que es necesario contrastar la propuesta de ProReforma con otras alternativas para evaluar mejor si ProReforma responde satisfactoriamente a los problemas que busca resolver.

La política constituyente y la política ordinaria bajo ProReforma

Como se sabe, toda constitución establece (o al menos busca establecer) las reglas del juego en la vida social y política. Indican lo que las personas y el Estado pueden y no pueden hacer, es decir, cómo deben jugar los jugadores (representada por las personas y las organizaciones). Para ser considerada como tal, una Constitución debe ser la ley suprema y subordina por tanto, el resto del orden legal; establece las instituciones básicas del Estado, sus alcances y objetivos; establece los derechos fundamentales; y establece sus propios mecanismos de rigidez, estabilidad y reforma. En el caso de la iniciativa de ProReforma, se buscan cambios a la forma en que se conforman y relacionan los otros poderes del Estado y hace más rígidos sus mecanismos de reforma al aumentar el número de ciudadanos necesarios para solicitar una reforma por mencionar una implicación. Así mismo, la iniciativa crea, por medio del Senado gerontocrático, un espacio cuasi constitucional pues por un lado no es superior a la constitución pero por otro lado rige o tiene supremacía sobre el Congreso y otros poderes del Estado, ámbitos al que generalmente se reserva la práctica de la política ordinaria.

ProReforma a la luz de la filosofía pública imperante

Por filosofía pública se entiende el conjunto de principios, valores o cultura política que una comunidad nacional o internacional comparte aunque con diferencias de grado. Ejemplos de estos valores compartidos son la convicción por los estados laicos, el rechazo de la esclavitud y el genocidio, el apoyo humanitario, la preocupación por el medio ambiente, entre otros. En el mundo actual, esta filosofía pública se ha alimentado en gran medida de las oleadas de derechos que se han venido desarrollando y que incluyen los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y con la agudización del cambio climático, de derechos ambientales. Asimismo, puede decirse que la filosofía pública imperante entiende y por tanto, valora, los derechos colectivos de la misma manera que los derechos individuales y se habla por ejemplo, de los derechos de las mujeres o de los pueblos indígenas. Quizá se pueda pensar en las Naciones Unidas como esa comunidad internacional (o al menos gran parte de ella) y los diversos tratados, convenios y pactos reflejan de alguna manera esa filosofía pública imperante. Por su lado, la propuesta de ProReforma no parece estar en sintonía con esta filosofía pública al menos a juzgar por su exposición de motivos, donde manifiesta que la democracia ha sido insuficiente o cuando se preocupa exclusivamente por derechos individuales sin mención alguna a derechos colectivos o considerándolos como privilegios y al proponer un senado que atenta contra el sufragio universal, ampliamente respaldado por la comunidad de naciones.

Los trasplantes constitucionales en ProReforma

En los estudios constitucionales se suele entender por “trasplantes” bien como a la mezcla de concepciones diferentes en una misma constitución o bien cuando se pretende incorporar instituciones “ajenas” que se insertan en un marco constitucional existente. En el caso específico de América Latina, desde el nacimiento de las repúblicas siempre se ha tenido influencias foráneas bien sea en el espíritu de las constituciones o en sus arreglos institucionales si se considera que fueron inspirados en su momento en la Revolución Francesa, en el constitucionalismo conservador inglés o incluso, algunos componentes del autoritarismo napoleónico, como lo indican Gargarella y Courtis. Sin embargo, lo interesante de los llamados “injertos” es que se trata de ideas o arreglos institucionales que generalmente se han adoptado en otros países previamente y de alguna manera se cuenta con experiencia empírica para conocer sus alcances y limitaciones. En el caso específico de la propuesta de ProReforma, proponen una institución nueva, que es el senado gerontocrático. Sin embargo ningún país del mundo ha contado o cuenta con una institución de ese tipo lo que hace de entrada difícil de evaluar el funcionamiento de una institución de esa naturaleza. A parte de esta innovación, ProReforma incluye propuestas interesantes como la duración vitalicia de algunos cargos como el caso de los magistrados de la Corte Suprema y otros cargos similares, tal como sí ocurre en otras latitudes.

La relación entre la parte orgánica y dogmática

Como se sabe, por parte dogmática se suele entender la parte de la Constitución donde se establecen los derechos fundamentales que los constituyentes han decidido consagrar. Se trata de la lista de derechos por decirlo así. La parte orgánica se refiere a aquella que establece la organización y división del poder dentro del Estado. En principio, ambas partes deben ser compatibles o no entrar en contradicciones. Sin embargo, estas partes pueden entrar en contradicción aún de manera no intencionada. Un ejemplo de esto son aquellas reformas orientadas a aumentar los poderes del presidente pero al mismo tiempo buscan ampliar la participación popular. Es el caso por ejemplo de las reformas en Bolivia, Colombia, Ecuador o Venezuela. En el caso de ProReforma, su contradicción más notoria consiste al introducir un senado gerontocrático en la parte orgánica pero que tienen implicaciones en la parte dogmática de la Constitución, particularmente en el artículo 3, aún cuando sus promotores no afirman no pretender modificar dicha parte. Dado que la parte dogmática –reformable sólo mediante una Asamblea Constituyente – tiene primacía sobre la orgánica, la propuesta del Senado debe quedar automáticamente invalidada.

¿Promueve ProReforma la neutralidad, el status quo o la neutralidad del status quo?

Algunos teóricos sostienen que las Constituciones deben promover la neutralidad. Esta neutralidad puede ser entendida como igualdad de oportunidades (para los socialistas o progresistas), igualdad ante la ley (para los conservadores) o igualdad en las capacidades para elegir libremente (para los liberales). La neutralidad puede ser entendida como neutralidad respecto de algo, por ejemplo, los estados laicos buscan justamente la neutralidad en materia religiosa. Sin embargo, las constituciones pueden al final de cuentas seguir promoviendo o retornando a determinado status quo como el caso de los proyectos políticos de los militares en la región. De manera quizá más sutil, las constituciones pueden fomentar, mediante una supuesta neutralidad, un status quo determinado. La pregunta sobre qué es lo que promueve ProReforma acaso quede abierta y se trata, en mi opinión, de un tema de fondo.

Las condiciones materiales del constitucionalismo de ProReforma

La premisa subyacente aquí es que una Constitución debe transformar la realidad. En otras palabras, que no basta que una Constitución consagre principios y derechos si estos no son respetados y puestos en la práctica. Algunos van más allá al proponer que una Constitución transforme las condiciones materiales de una sociedad, donde se pasa de altos niveles de desigualdad (particularmente económica) a mayores niveles de igualdad. De ahí se han generado los proyectos de reforma agraria (como en México) o de ampliación del papel del Estado en la economía para dotarle de mayor fuerza redistributiva o de la existencia o no de empresas estatales. En la oleada de reformas latinoamericanas, Bolivia es un caso paradigmático que ha pretendido transformar las condiciones materiales acaso de una forma más profunda. De nuevo y por su carácter de fondo, la pregunta sobre si ProReforma busca transformar las condiciones materiales existentes en el país queda abierta de nuevo.

Con estas reflexiones concluyo este breve ensayo sobre el análisis de ProReforma a la luz de las reformas constitucionales en América Latina. Si bien es posible que ProReforma sea rechazada, como se ha comentado en ciertos ámbitos, bien vale rescatar el interesante debate que la iniciativa ha generado. Es importante que quede abierto el debate sobre qué tipo de sociedad y Estado queremos y la Constitución que le corresponde. Las audiencias públicas constituyeron un buen inicio de ese debate donde al parecer los promotores de ProReforma no quedaron muy bien librados. Ojalá logren aceptar una eventual derrota.

Referencias

Roberto Gargarella y Christian Courtis, El nuevo constitucionalismo latinoamericano: promesas e interrogantes, CEPAL: Santiago de Chile, noviembre de 2009. Disponible para descarga AQUÍ

ProReforma democrática

2010-02-04T06:44:00.000-08:00

Jorge Jacobs A.
Prensa Libre (4 ene 2010)

La solicitud de reformas a la Constitución que presentó la asociación ProReforma al Congreso, con la participación de más de 73 mil ciudadanos guatemaltecos debe ser puesta a consideración de toda la población, para que sea esta la que decida si la aprueba o no. Si supuestamente “toda” la gente se opone, ¿cuál es el miedo de realizar una Consulta Popular?

ProReforma es el mejor ejemplo que tenemos en Guatemala de un grupo de personas que se unen porque quieren vivir y dejar a la posteridad un mejor país que el que encontraron, y lo pretenden hacer a través de los mecanismos pacíficos y de derecho que nuestro marco constitucional actual establece.

A diferencia de muchos otros, no utilizamos la violencia, ni la coerción, ni las amenazas, ni el asesinato, ni los secuestros, ni siquiera las “medidas de hecho” con las que pretenden o han pretendido en el pasado imponer por la fuerza su visión del mundo a los demás.

Somos un grupo de personas pacíficas, preocupadas por la terrible realidad actual de Guatemala y convencidas de que el problema principal no es necesariamente las personas que nos han gobernado —lo que no los exculpa de sus errores y pecados—, sino el sistema actual de incentivos perversos que nos ha llevado a los resultados que tenemos hoy.

Estamos convencidos de que para resolver los problemas hay que ir a las raíces, a las causas, y no contentarnos con “podar” las ramas. Por ello es que proponemos estas reformas a la Constitución, con el fin de acercarnos a un verdadero estado de Derecho a través de fortalecer los derechos de todos los habitantes de Guatemala, que todos vivamos bajo las mismas reglas, y establecer los incentivos correctos para que, en el mediano plazo, las instituciones encargadas de velar por la seguridad y porque se imparta justicia funcionen mejor de lo que lo hacen en la actualidad. ¿Es eso mucho pedir?

Sin embargo la propuesta ha encontrado oposición, principalmente de grupos y personas interesados en mantener el status quo, quizá porque son muy conscientes de que si pasa ProReforma se les reducirán considerablemente las posibilidades de maximizar la frase de Frederic Bastiat: “El Estado es esa ficción por medio de la cual, todos buscan vivir a expensas de todos los demás”. Pero también hay gente que se opone porque sinceramente cree que los cambios propuestos no van a mejorar la situación.

A quienes se oponen les pregunto: ¿No es mejor dejar que sea la ciudadanía quien decida? ¿No es una de las partes medulares de la “democracia” el que los ciudadanos puedan participar y decidir lo que mejor les conviene como sociedad? ¿O acaso no creen en ese método de hacer gobierno? ¿Cuál es el problema de preguntarle al pueblo?

Los diputados tienen en sus manos una gran responsabilidad. Si en esta ocasión que se están siguiendo todos los pasos que establece la Constitución, que no se viola ninguna de las normas que la misma establece, que no se intenta cambiar ningún artículo que la Constitución lo impida y todo se hace de manera correcta, legal, pacíficamente, sin recurrir a la fuerza ni a las amenazas, ellos se oponen e impiden que esta propuesta sea puesta a disposición de la ciudadanía y que sea esta quien decida, el mensaje que estarán dando es que en Guatemala, en efecto, lo que vale son las “medidas de hecho” y que lo que hay que hacer son bochinches, paralizar el tránsito y que entonces así sí lo oirán los diputados. ¿Es eso lo que queremos?

El pueblo debe elegir sobre ProReforma

2010-01-28T06:17:00.000-08:00

por Ramón Parellada
Siglo XXI (28 ene 10)

“Guatemala se muere” dijo Castresana con relación a la impunidad y falta de justicia en este país. Pero, además Guatemala está estancada económicamente desde 1980 ya que el ingreso per cápita es hoy el mismo que hace 30 años. ¡Qué tristeza! ¿No le parece? Pero tenemos la gran oportunidad histórica de cambiar las cosas, este puede ser un momento clave para que nuestro país recupere la senda de la justicia, la seguridad, la defensa de los derechos individuales básicos de las personas y la prosperidad.

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso dictaminará desfavorablemente a la propuesta de reforma a la Constitución del grupo ProReforma. Resulta que un grupo de diputados considera que ellos deben decidir en vez de que decida el pueblo y están dispuestos a firmar un dictamen negativo para que la propuesta no vaya a consulta popular como debe ser. A mí me daría mucha vergüenza poner mi firma ahí porque lo considero antidemocrático y estaría condenando al país a una eterna impunidad y pobreza.

Esta semana tuvimos la grata visita de José Piñera en Guatemala, arquitecto de la reforma del seguro social de Chile, quien dictó la Lección Inaugural de la Universidad Francisco Marroquín. El tema fue “Los padres fundadores de los Estados Unidos de América y lecciones para América latina” (http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Lecci%C3%B3n_inaugural_2010). En su disertación mencionó la importancia de los aportes que gente como Thomas Jefferson, James Madison, John Adams, Benjamín Franklin, Alexander Hamilton y George Washington tuvieron para que se creara la Constitución de los Estados Unidos de América y pudiera ponerse en vigencia creando así las bases sobre las que se ha construido una gran nación enmarcada en un verdadero Estado de Derecho y cuya prosperidad no ha tenido precedentes en la historia de la humanidad.

Me pregunto ¿qué hubiera pasado si esta gente no hubiera tenido una inspiración de colocar los derechos individuales por encima de cualquier otro deseo? Pudieron haber hecho una constitución como la que tenemos en Guatemala, que al final se ha convertido en una lista de buenas intenciones pero alejada de la realidad.

Los padres fundadores de los Estados Unidos de América creían en la Libertad y la Democracia y dejaron plasmados los fundamentos de su nación dentro de un marco constitucional que limitaba los poderes de los gobernantes.

Nos recordaba Piñera que la constitución de los Estados Unidos comienza diciendo: We The People, o sea ,“Nosotros, el pueblo” ya que es el pueblo quien decide entregar al Gobierno ciertos poderes que quedaron plasmados en la Declaración de Independencia para proteger los derechos inalienables a la Vida, la Libertad y la Búsqueda de la Felicidad. Todo esto quedó definido claramente en ese documento base que es la Constitución y que tiene su propio mecanismo de separación de poderes para defender a ese pueblo contra el abuso del poder.

Los cambios que propone ProReforma van en esa línea, cambios que defienden a ese pueblo y sus derechos individuales inalienables, creando así las bases, al igual que la Constitución de los Estados Unidos, para que tengamos una Guatemala próspera y con mayor seguridad y justicia. Queremos un país sin privilegios para ningún grupo donde todos seamos tratados en forma idéntica ante la Ley. El pueblo debe elegir, no los diputados.

Adelante Pro Reforma

2010-01-24T05:41:00.000-08:00

por Manuel Ayau
Prensa Libre (24 ene 2010)

Si esta vez se rechaza la propuesta de Pro Reforma, se habrá escogido seguir con el sistema que no ha permitido reducir la pobreza, sistema basado en “conciliación de intereses” y de “geniales ocurrencias”, en vez de uno basado en protección de derechos individuales y de reglas generales de conducta justa. Para desgracia del guatemalteco, habrá triunfado la típica ideología mercantilista de izquierda, que ha impedido el progreso de gran parte del mundo. Pero se habrá perdido solo una batalla, y no la guerra, pues la lucha por los derechos de todos, continuará hasta triunfar.

Tristemente, la mayor oposición a Pro Reforma se caracteriza por hepáticas críticas hacia sus proponentes. Hubo algunas que aparentan ser académicas, pero analizadas con rigor, se les sale el fustán ideológico. Pro Reforma no está basada en ideología como creen algunas personas que no saben distinguir entre principios e ideología. Los principios rigen conducta y no buscan resultados, ya que si la conducta de los ciudadanos es respetuosa de los iguales derechos ajenos, todo marchará bien. En cambio las ideologías pretenden resultados específicos, como la igualdad de resultados, para lo cual, por coacción de la ley, necesariamente hay que tratar a unos ciudadanos distinto a otros.

En ambos lados hay gente con buenas intenciones. La diferencia es que unos no aceptan ni toleran la igualdad de derechos, porque les impediría lograr sus propósitos o porque ya están disfrutando de algún privilegio, que dejaría de ser privilegio si todos tuvieran iguales derechos. Quienes se oponen a igualdad de derechos están dispuestos a quitarle libertad a los demás ciudadanos, con el objeto de lograr sus fines.

El resultado es que la famosa “gobernanza” se convierte en un destructivo mercado de leyes, donde todos intentan salir adelante a expensas de los demás.

Es triste pero cierto que Guatemala, por no proteger derechos, se ha empobrecido. Por ejemplo, en vez de conservar y ampliar la red ferroviaria, destruimos tres ferrocarriles y no construimos carreteras. En vez de proteger el derecho de emprender empresas que darían empleo e ingresos fiscales, las ahuyentamos. En vez de fomentar la prestación de servicios útiles a la sociedad, por muchos años prohibimos la prestación de comunicaciones por teléfono, inclusive por ¡cualquier sistema aún no inventado! Durante muchos años, con nuestro monopolio del INDE, impedimos tener electricidad confiable y barata, como si prestar esos servicios hiciera daño, y no fue hasta que se quedó sin recursos el INDE que se quitó la prohibición a los ciudadanos de prestarse ese valioso servicio.

El tema que más afecta a los trabajadores y que aparentemente es políticamente intocable, es la legislación laboral existente que impide la movilidad de los trabajadores, que los ha convertido en trabajadores cautivos, que ha mermado su poder de negociación y ha servido de incentivo para no aumentar salarios. A cambio de una supuesta seguridad en el empleo se les ha privado de mejores ingresos y oportunidades. ¡Vaya “conquista”!

Todas esas destructivas prácticas se han llevado a cabo porque no vivimos bajo un régimen de derecho, sino de improvisación de ideas geniales sobre cómo componer problemas, como si se tratara de una empresa privada.

La batalla ha sacado a luz temas fundamentales que eran intocables. Pro Reforma continuará luchando por los derechos de los guatemaltecos ¡Adelante, jóvenes!

Más sobre CEDECON y ProReforma

2010-01-24T04:43:00.000-08:00

por Luis Morales Chúa
Prensa Libre

Opinión de Cedecon sobre Pro Reforma (9)
24 ene 10

Opinión de Cedecon sobre Pro Reforma (8)
17 ene 10

"Comunista de toda la vida" critica a ProReforma

2010-01-20T21:42:00.000-08:00

En vespertino La Hora

La normativa constitucional vigente y las reformas propuestas (1)
Ricardo Rosales Román (6 ene 2010)

El ordenamiento constitucional vigente y las reformas propuestas (2)
Ricardo Rosales Román (13 ene 2010)

La normativa constitucional vigente y las reformas propuestas (3)
Ricardo Rosales Román (20 ene 2010)

http://ricardorosalesroman.blogspot.com

¿Es Proreforma populista?

2010-01-12T07:27:00.000-08:00

Por Marcelo Coj
Albedrío (09 ene 10)

La respuesta: claro que sí. Esto puede sonar contradictorio, ya que sus proponentes la han vendido como anti-populista, como una reforma que evitaría los abusos de los gobernantes y sus mentiras. No obstante, usando como base los argumentos de Carroll Ríos (Siglo Veintiuno, 06/01/2010) aquí deduzco que Proreforma sí es populista. Ríos ha sido directora de la escuela de estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) y parte del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES), dos de las instituciones detrás de esta propuesta.

Ríos, citando a Robert Barr, argumenta que “el populismo recurre a la estrategia de la antipolítica para ganar apoyo”. Luego ella misma explica “Es decir, se coloca del lado del ciudadano olvidado en contra del poder dominante. Promete alterar drásticamente el sistema o las estructuras para beneficio del ciudadano común”. Asimismo, refiriéndose a los políticos dice que “las personas votan por los políticos que más les ofrecen a ellos; nadie mide si lo prometido es factible o aconsejable”.

En base a su argumentación puede decirse que Proreforma es populista por las siguientes razones. Primero, recurre a la antipolítica para ganar apoyo. Por este concepto se entiende la búsqueda de objetivos políticos sin el uso de los canales propios de la institucionalidad político-democrática, como los partidos políticos por poner un ejemplo. Segundo, apela al ciudadano olvidado en contra del poder dominante, identificando dicho poder con los corruptos (léase gobierno), los delincuentes comunes, los que tienen “privilegios legales” (como los pueblos indígenas y las mujeres), entre otros; cuando es evidente que el poder dominante es la élite económica que impera en nuestro país, por lo cual esta propuesta necesariamente resulta engañosa. Tercero, promete alterar drásticamente el sistema en beneficio del ciudadano común, valiéndose para ello de un bombardeo mediático que propone a Proreforma como la solución de los “problemas” que aquejan a la población. Cabe mencionar que si se aprueba seguramente sucederá todo lo contrario, es decir se conservará el status quo en desmedro de las mayorías excluidas. Cuarto, ofrece, pero no hay forma de medir si lo prometido es factible o aconsejable. Sobre este último punto es importante decir que su ofrecimiento se basa en una teoría extremadamente conservadora y que, por lo mismo, no ha sido aplicado en ningún país del mundo.

Vale mencionar que los intelectuales de UFM despotrican contra todo aquello que, según ellos, huela a populismo, como sucede con Evo [Morales], la defensa del medio ambiente, la reforma agraria, etc. En fin, ponen esta etiqueta para adversar todo cambio social. Por lo que me resulta divertido usar los argumentos de Ríos para demostrar que Proreforma es populista, dado que al ser así, sus mismos proponentes e ideólogos deberían de dejar de apoyar esta propuesta.

En resumen, queda claro que bajo este razonamiento Proreforma es “populista”, dado que apela a las masas y ofrece un cambio radical. Aunque su propósito no sea el de favorecer al ciudadano de a pie, sino el de mantener las ventajas de una reducida élite económica que se beneficia del actual orden de cosas. En concreto, una élite que aprovecha sus privilegios basados en las circunstancias, entre los que resalta la propiedad privada y exclusiva de la mayor parte de la riqueza del país.

Más de Morales y Ayau, en Prensa Libre

2010-01-10T08:38:00.000-08:00

Opinión de Cedecon sobre Pro Reforma (7)
por Luis Morales Chúa

El empresario y ProReforma
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¿Estado de Derecho?, ¿para quiénes?

2009-11-23T07:53:00.000-08:00

por Marcela Gereda
elPeriódico (23 nov 09)

David Harvey señala que para que una forma de pensamiento se convierta en dominante tiene que presentarse un aparato conceptual sugerente para nuestras intuiciones. “Quiere un cambio para Guatemala, firme aquí”, nos dijo sin ningún empacho ProReforma.

En un artículo reciente, Alfonso Abril, coordinador de ProReforma, señala que “la falta de empleo, la inseguridad y la injusticia tienen sus raíces en la ausencia de un Estado de Derecho… Un Estado de Derecho rescata la falta de valores”.

Luego, desde una visión neoliberal del mundo, siguiendo a Hayek y Milton Friedman, gurús de ProReforma, insiste: “El Estado juega el rol de árbitro donde las reglas son igual para todos los competidores. La cúpula oligárquica mercantilista tendrá que bajar la guardia ante los fallos del Organismo Judicial en favor de la Constitución…”. Es sin duda una propuesta para construir desde un sentido común. Pero ese sentido común contrasta con el buen juicio.

¿Cómo afirmar en nuestro país que un “Estado de Derecho” puede ser neutro? Decía Roosevelt en 1933: “Los hombres necesitados no son hombres libres”.

Llama la atención la crítica a las “oligarquías mercantilistas”, cuando el núcleo desde donde proviene la propuesta de ProReforma se comporta como tal. No parecen considerar que las necesidades de lo concreto crean las leyes a su medida y no al revés.

ProReforma propone un marco jurídico para la neoliberalización del país. La neoliberalización es un proyecto utópico cuya finalidad es el diseño teórico para la reorganización del capitalismo internacional, y sus concreciones nacionales, y un proyecto político para restablecer las condiciones para la acumulación de capital y restaurar el poder de clase. Es su dimensión utópica la que lleva a Alfonso Abril a hablar de los valores de la libertad.

Es legítimo preguntarse: ¿Estado de Derecho para quiénes? De acuerdo con la teoría neoliberal, el Estado debe favorecer fuertes derechos de propiedad privada individual, el imperio de la ley, y las instituciones del libre mercado. El marco legal adecuado vendría definido por obligaciones contractuales libremente negociadas entre sujetos jurídicos en el mercado. Hay una fractura entre la retórica neoliberal formulada “en beneficio de todos” y los resultados obvios: “El beneficio de una pequeña clase dominante”.

Esa fractura subyace a ProReforma. En ella, como es común al discurso neoliberal, se asocia toda problemática social a la ausencia de un fuerte “Estado de Derecho”. Los promotores de ProReforma ignoran activamente que “los hombres necesitados no son hombres libres”.

Libertad, entonces, ¿para quiénes?, ¿qué tipo de libertad? Según Polany, existen dos tipos de libertad, una buena y otra perversa, subproductos del mismo sistema económico. La libertad para explotar a los “iguales”, la libertad para obtener ganancias desmesuradas sin prestar servicio conmensurable a la comunidad, y otras así. Y existe también la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de elegir trabajo…

Las libertades que subyacen a ProReforma son las del primer tipo, hablan de una Guatemala ahistórica, proponen un mundo utópico basado en la igualdad como competición. Si partimos de un punto de vista diferente, reconociendo que hay una realidad ahí fuera (compleja, dinámica, con hondas raíces históricas) que nos demanda soluciones, nos preguntamos: ¿si fuéramos capaces de montar el maravilloso caballo de la libertad hacia adónde trataríamos de cabalgarlo?

Los valores de la libertad individual y de la justicia social no son necesariamente compatibles. ¿Podríamos construir una sociedad basada en un conjunto de derechos alternativos ligados a las libertades positivas que hablaba Polany?

Si, existen propuestas de libertad muchísimo más nobles que ganar la libertad que predica la retórica neoliberal y ProReforma ¿podemos dejar de vivir obligados a ser apéndices del mercado y de la acumulación del capital para ejercer nuestra capacidad de seres expresivos, creativos socialmente y libres en la construcción de nuestro futuro?

ProReforma y los optimates, ¿van?

2009-11-19T12:28:00.000-08:00

por Álvaro Velásquez
Siglo XXI (19 nov 09)

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República ya terminó con las Audiencias Públicas para escuchar a diversos sectores sociales sobre las propuestas de reformas, especialmente el Proyecto de Constitución en pro de Reforma, que es la que ha recibido mayor atención. Se sabe que ahora los miembros de la Comisión dispondrán de una “encerrona” de tres días para consensuar la forma del dictamen. Los registros secretariales de la Comisión confirman que entre las casi 90 entidades sociales y sectoriales consultadas en las Audiencias Públicas del Congreso, apenas 6 organizaciones ligadas moral, personal e intelectualmente entre sí, respaldan la de ProReforma.

Como se sabe, la propuesta de ProReforma se basa en la idea gravitacional de la Universidad Francisco Marroquín de que el Mercado debe ser libre de todo control y rectoría por parte del Estado Democrático (i.e. sus instituciones, políticas e impuestos), para lo cual proponen situar el Derecho Privado por encima del Derecho Público, y ello se vuelve fundamental el diseño de un Senado muy parecido al que planteaban los optimates (corriente aristocrática enemiga del pueblo, en especial de las leyes agrarias, del período de la República Romana tardía). Los optimates eran la crema y nata de los Nobile (familias nobles) para quienes abogaban mayores privilegios, por lo que sus principales adversarios eran la fracción política de los populares.

Los optimates reclamaban volver a un Senado restringido, minúsculo y sin los odiados populares. El parecido con la esencia de la propuesta de ProReforma y de Hayek en particular, es notorio. En efecto, yo he escrito antes que tal propuesta persigue reconocer a nivel constitucional “la soberanía de la minoría”; sobre la base de la absolutización teórica de los derechos de propiedad individual. Misma que no es otra cosa que la elevación de la ideología elitista dominante como ideología oficial de la comunidad política, entre otras consecuencias secundarias.

Volviendo al punto, la tardanza del dictamen por parte de la Comisión ha hecho sospechar a muchos que el cabildeo de este particular nuevo grupo de presión, que son los libertaristas, está surtiendo efecto. Porque la resolución del caso parecía sencilla, anecdótica, pero no ha sido así. Más bien parece que ahora algunos miembros de la Comisión tienen el dilema de decirle a ProReforma: a) “los elementos de análisis indican que su propuesta es descabellada y/o contiene demasiadas anomalías constitucionales”; o: b) “hallemos una salida honrosa para su importante aporte”.

Supongamos que este 26 de noviembre, cuando empiezan las deliberaciones sobre este punto en el Congreso, la Comisión le propone a ProReforma una solución castrada de su propuesta, digamos, sin el tema del Senado, ¿lo aceptarán? Podría ser que lo acepten en un acto de audacia adoptando una estrategia de gradualismo político, yendo paso a paso, como en el caso del crédito cero bancario. En este escenario sólo la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) podría inclinar la balanza, pues, urgidos como están de una reforma fiscal y sabiendo que entre ProReforma y el sector privado organizado hay una íntima conexión ideológica, bien podrían negociar a cambio de que la reforma se apruebe. Si esto ocurre, el otro año tendremos una Consulta Popular sobre unas reformas constitucionales que no son las que la sociedad necesita para modernizar y democratizar el Estado y la Democracia.

Estado de derecho

2009-11-17T07:57:00.000-08:00

por Alfonso Abril
elPeriódico (17 nov 09)

La falta de empleo, la inseguridad y la injusticia en Guatemala tienen sus raíces en la ausencia de un genuino Estado de derecho.

Por Estado de derecho entiendo un sistema de gobierno que aplica reglas justas, estas son estables y hay certeza jurídica gracias a que existen instituciones sólidas. El Estado de derecho no permite la corrupción, la impunidad, las mafias, los privilegios a las oligarquías mercantilistas, ni leyes discrecionales hechas a la medida de un grupo a costa de todo un pueblo.

La posibilidad de que exista desigualdad ante la ley es la debilidad más grande dentro de cualquier sistema jurídico. Esto provoca que los diputados puedan otorgar privilegios a las oligarquías mercantilistas. Este hecho influye en el debilitamiento de nuestro organismo Legislativo, hace que la ley pierda su valor porque se crean leyes discrecionales, contradictorias e injustas, y envilece a la clase política y a una parte de la clase empresarial. ProReforma propone que quede plasmado en el Artículo 157 de nuestra Constitución lo siguiente: “En ningún caso el Senado o la Cámara de Diputados emitirán ley o decretos arbitrarios o discriminatorios, en los que explícita o implícitamente se concedan prerrogativas, privilegios o beneficios que no puedan disfrutar todas las personas que tengan la oportunidad de hacerlo”.

Creo que un sistema jurídico justo, donde se rescate el valor de la ley, podría llegar a provocar un cambio cultural de valores y principios. Este puede iniciar en las oligarquías mercantilistas, ya que cambian sus reglas de juego. En lugar de utilizar al Estado para proteger sus patrimonios, el Estado juega el rol de árbitro donde las reglas son igual para todos los competidores. La cúpula oligárquica mercantilista tendrá que bajar la guardia ante los fallos del Organismo Judicial en favor de la Constitución.

Por aparte, el Artículo 140 establece que el sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Una república tiene tres atributos esenciales: 1) el poder soberano reside en el pueblo; 2) ese poder es ejercido por representantes; y 3) los representantes son electos democráticamente. La reforma propuesta es totalmente compatible con el sistema de gobierno.

Necesaria reforma constitucional

2009-11-16T08:09:00.000-08:00

por Edgar Gutiérrez
elPeriódico (16 nov 09)

Promover una reforma constitucional puede ser como abrir una caja de Pandora. Con el debilitamiento general de los partidos políticos, o mejor dicho, sin poderes democráticos que estructuren el debate, el riesgo de que la reforma se convierta en casa de subastas, es alto. Pero es un riesgo que debe asumirse.

Las constituciones son hijas de su época y producto, hasta cierto punto, de unas relaciones de fuerza interna en cada país. A los 25 años la nuestra envejeció. Es el destino precoz de los textos constitucionales rígidos y muy desarrollados, que corresponden a democracias inseguras y frágiles. Cuando esas normas rígidas obstruyen el movimiento de una sociedad o impiden la edificación del Estado necesario, se crean pactos de hecho para obviarlas.

Alguna gente pone el grito en el cielo al oír “se rompe la Constitución”. Pero casi a diario ocurre un quebramiento cómplice (socialmente hablando) de la ley superior, sin que nadie se altere. A veces el rol de los intérpretes de la ley se asemeja al golpeador de la serie cómica: sacan el peine, arreglan el cabello de la víctima y les sueltan la bofetada que la pone a girar sin tumbarla. El ejemplo reciente es la elección de magistrados a las cortes: se forzó a violar varias veces la Constitución, hasta que todos quedaron más o menos contentos.

¿Por qué reformar la Constitución? Al menos tres razones: 1. Sin conformar un Organismo Judicial independiente de los otros poderes del Estado, es imposible el Estado de derecho. 2. Sin un Estado con poder tributario y capacidad de ordenamiento territorial, acotando el derecho de los particulares, seguiremos con una parodia de autoridad. 3. Sin descorporativizar al Estado se harán más densas las telarañas de conflictos de interés que ahogan la política pública; incluye eliminar de la norma general, dedicatorias particulares, esa indeleble marca de subdesarrollo jurídico que traduce la tradición patrimonialista, mercantilista de la sociedad.

A diferencia de otros países, acá la energía de la reforma no viene de los partidos ni del Gobierno. Está ProReforma reforzando la corporativización del Estado y con dedicatorias particulares (Art. 162), pero al fin un aporte valioso al debate desde la sociedad. Y vendrán otras propuestas. Con sus riesgos, la reforma constitucional sería además una buena manera de encauzar la energía transformadora de la sociedad, que las elecciones cada cuatro años banalizan.

ProReforma busca negociar

2009-11-16T08:04:00.000-08:00

por Rodrigo Perez
Siglo XXI (16 nov 09)

ProReforma busca negociar cantidad de diputados

Los impulsores de ProReforma están dispuestos a negociar con los parlamentarios las reformas constitucionales que tienen que ver con la elección y número de diputados para el Congreso de la República. Ello, con el fin de lograr el apoyo de éstos a las modificaciones planteadas para la Carta Magna.

“Hay algunas cosas que hemos encontrado que dificultan el proyecto, por ejemplo, lo referente a la Cámara de Diputados, principalmente porque nosotros proponemos que no debe haber más de dos elecciones seguidas. Si alguien quiere ser diputado por tercera vez, se tiene que esperar un período”, afirmó Manuel Ayau, presidente de ProReforma.

Este movimiento ciudadano también plantea que se elimine la lista nacional y se reduzca el número de diputados a 80 (lea: Críticas injustificadas).

“Si la Comisión de Legislación cree que el proyecto debe modificarse en esas cuestiones, que no son fondo sino de organización política, ProReforma ya acordó platicar con ellos para ver cómo queda en una forma satisfactoria”, agregó Ayau.

En cuanto al número de diputados, el académico indicó que propusieron reducirlo porque “es un clamor popular”. Sin embargo, se han enfrentado con el rechazo de los parlamentarios. “A ellos no les gusta, por eso estamos de acuerdo con modificar esa parte, pero buscamos que quede un número fijo en la Constitución y no se incremente”, citó.

En contra e indecisos

Roberto Kestler, jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), consideró que no es momento para hacer modificaciones a la Carta Magna, pues el contenido de la actual no se ha cumplido a plenitud. Por lo tanto, tampoco considera negociar un número de diputados.

“Pensar en una reforma cuando realmente y honestamente no se aplicado en un 100% la actual Constitución Política de la República no es viable”, expresó Kestler.

Roberto Villate, jefe de bancada de Libertad Democrática Renovada (Líder), no quiso fijar postura en cuanto a su apoyo o no a ProReforma con el argumento de que “aún no se ha discutido” con el resto la bancada.

Aseguro, sin embargo, que “están abiertos al diálogo” y que coinciden en la necesidad de reducir la cantidad de parlamentarios, aunque no precisa una cifra. “Nosotros también somos ponentes de la (iniciativa de ley) de la votación uninominal y que plantea una disminución del número de diputados”, comentó.

CRÍTICAS “INJUSTIFICADAS”

Ayau aseguró que las críticas que se han hecho a las modificaciones constitucionales que proponen son “insustanciales”. También resaltó que éstas han sido injustificadas. “Otros se oponían por razones ideológicas porque venían de nosotros y nos tienen encasillados como de derecha”, sentenció.

En el marco del tema de los diputados, subrayó que las críticas se centraban en “algún detalle cuya importancia exageraban y distorsionaban, como decir que el Senado no es democrático”.

Reforma Constitucional

2009-11-16T06:20:00.000-08:00

elEditorial de elPeriódico (16 nov 09)

El responsable de la CICIG, Carlos Castresana, ha expresado su deseo de que se reforme la Constitución, concretamente en lo que se refiere al procedimiento de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA), la extensión al doble del tiempo de detención antes de que una persona sea consignada ante un juez (en la actualidad no puede exceder de 6 horas) y la autorización para que los allanamientos se puedan llevar a cabo a cualquier hora y no solamente entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Como podrá advertirse, el comisionado Castresana se suma a otros que propugnan por reformar la Constitución. Cabe recordar que el 14 de noviembre de 2008, 6 mil 480 ciudadanos, alentados por la asociación Guatefutura, solicitaron al Congreso que se reformara la Constitución, en el sentido de fijar en 80 el número de diputados, limitar la reelección de los diputados a 2 veces y eliminar los diputados por Lista Nacional.

Asimismo, el 27 de marzo de 2009, 73 mil 193 ciudadanos presentaron al Congreso un proyecto de reforma constitucional (ProReforma), que propone, entre otros, un sistema bicameral, el referendo revocatorio para el Presidente, la restricción del derecho de antejuicio a delitos cometidos en el ejercicio del cargo público (con suspensión en el cargo cuando se decrete auto de procesamiento penal), una jerarquía normativa, la exigencia de mayoría calificada en la cámara legislativa para la aprobación de impuestos, la obligación de publicar los proyectos de ley, la elevación de la edad mínima para ser electo Presidente y Vicepresidente a 45 años, la declaración de que todo impuesto cesará cumplido su objetivo, que los antejuicios de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) sean conocidos por la CSJ y que los magistrados de esta sean conocidos por magistrados de la CA, que el presupuesto del Organismo Judicial sea aprobado por la CSJ e incorporado al Presupuesto General del Estado, que los magistrados de la CC (10 titulares y 5 suplentes) y de la CSJ (15) sean vitalicios, electos por el senado, por sorteo, de nóminas elaboradas por comisiones de postulación, al igual que el Contralor de Cuentas, que la CSJ elija al Fiscal General, por sorteo, de una nómina preparada por una comisión de postulación, que los gobernadores sean electos y la incorporación del principio de equilibrio presupuestario. La actual Constitución (decretada en 1985) fue reformada en 1994 a raíz del clamor popular por la depuración de los poderes del Estado. En consulta popular se rechazó una propuesta de reforma en 1999, a raíz de la firma de la paz (1996). ¿Valdrá la pena una nueva reforma constitucional?

Nueva propuesta de reforma en el horizonte

2009-11-15T07:41:00.001-08:00

Según elPeriódico (15 nov 09), Carlos Castresana, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) quiere reformas a la Constitución en el tema de seguridad y justicia.

Hoy, también, el Muso Ayau publicó algo sobre ProReforma en su columna dominical:

Pro Reforma y Derecho (Prensa Libre 15 nov 09)

Necesario y sano acercamiento

2009-11-03T18:48:00.000-08:00

por Hugo A. Us

No sin grata sorpresa leí en elPeriódico en su edición del 3 de noviembre la columna del doctor Manuel Ayau en reacción a una columna previa del amigo Miguel Arturo Gutiérrez con relación a los posibles efectos (negativos para el país, según Gutiérrez) de la aprobación de la propuesta de ProReforma sobre la bolsa de valores (como institución) y su consecuente efecto en la economía dado el papel toral que dicha institución tiene en una economía moderna y abierta. Considero que ha sido una sorpresa, no tanto por el tema en sí, sino por el acercamiento entre formas de pensar acaso diferentes, algo tan poco común en nuestros medios salvo contadas excepciones.

Creo que este es un acercamiento sano y necesario por varias razones. La primera es que, me parece, se trata de un debate respetuoso y objetivo. Este tipo de debates hay que incentivarlos y promoverlos en todos los temas nacionales. Generalmente nos encontramos con monólogos de parte de los columnistas o bien con lectores que se resisten a conocer de forma serena pensamientos diferentes. De ahí aquella expresión de “dar misa entre obispos”. Esto ocurre, me atrevería a decir, en todo el espectro ideológico.

En segundo término, el acercamiento de marras me parece positivo en la medida que permite el diálogo entre posturas diferentes. Por un lado, el pensamiento del doctor Ayau, ampliamente conocido por su afinidad con la filosofía liberal –acaso demasiado ortodoxa en mi opinión- y promotor activo de la misma (y, dicho sea de paso, principal impulsor de la iniciativa de ProReforma). Por otro lado y quizá con riesgo a equivocarme, del pensamiento de un economista que talvez podríamos identificar dentro del mainstream economics, acaso más pragmático y menos atado a corrientes ideológicas precisas.

En tercer término, creo que el análisis de ProReforma ha sido escaso desde el punto de vista de sus implicaciones económicas, en lo cual espero se siga profundizando con este acercamiento a sus implicaciones sobre la bolsa de valores, pero que bien podría ampliarse al tema de derechos económicos (individuales o colectivos), al tema tributario y al gasto público, por mencionar algunos temas.

Finalmente, espero que este debate se amplíe a otros temas y columnistas, que juegan un rol crucial en la generación de opinión pública. Este humilde blog da pues, una cordial bienvenida a estos debates y acercamientos.

Bolsa de valores y ProReforma

2009-11-03T05:33:00.000-08:00

por Manuel F. Ayau Cordón
elPeriódico (03 nov 09)

En su crítica a ProReforma (elPeriódico, 21 de octubre), el joven e inteligente economista Miguel Gutiérrez, de CABI, un think tank, está equivocado en algunos aspectos. Dice que “si se aprueba ProReforma, aseguraría el oscuro rezago de más de 100 años” porque la propuesta enmienda no permite al Gobierno endeudarse y emitir bonos, y que eso evitaría el surgimiento de una bolsa de valores. Pero el endeudamiento está expresamente autorizado en el Artículo 167, inciso “h” de la propuesta que asigna a la Cámara de Diputados “Aprobar deuda pública (...) con el voto favorable de 2 terceras partes de sus integrantes”. Lo que prohíbe es aprobar un presupuesto con mayores gastos que ingresos (deficitario).

Endeudar al Gobierno con el propósito de que surja un mercado secundario (una bolsa de valores) pone la carreta adelante del buey y recuerda una historia en la revista Selecciones de hace tiempo, que contaba que un pueblo primitivo despejó una larga trocha en la selva para ver si atraían a esos grandes pájaros, los aviones.

No es correcto históricamente atribuir el surgimiento de las bolsas a la deuda soberana, aunque algunas así han surgido. “Bolsas” existen desde el Siglo XI o quizás antes, pues en Francia existían las courtiers de changes que transaban y regulaban obligaciones (deudas) privadas por cuenta de los bancos. El nombre “bolsa”, del latín bursa, lo usaban en Bruges en el siglo XIII para designar el lugar donde los mercaderes se reunían. El mercado primario de capitales privados (venture capital) ha existido antes que las bolsas formales, las cuales surgieron precisamente para facilitar a los mercaderes transar valores privados.

Tampoco es correcto atribuir el gran estímulo de la bolsa chilena a su deuda soberana, pues provino de fondos de pensiones privados y no de deuda del Gobierno. Invierten en deuda soberana porque tienen obligación de hacerlo y, en la medida que lo hacen, merma la capitalización privada del país, por el efecto conocido como crowding out (desplazamiento), pues intencionalmente suben sus intereses para hacerlos más atractivos que las inversiones privadas. La bolsa más grande de EE.UU. (NASDAQ), no negocia deuda soberana y la ejemplar capitalización de Silicon Valley surgió con venture capital.

En síntesis: 1) para que surja un mercado de valores (o de papas) se necesita, primero, que haya valores (o papas) y en un país pequeño no los hay. 2) aunque nos consolemos con que todo el mundo lo hace, no deja de ser inmoral pasarle la cuenta de nuestros gastos corrientes a nuestros hijos y nietos: el déficit fiscal. 3) la competencia de bonos soberanos no fomenta la formación de capital, sino más bien compite con ventaja y disminuye el capital disponible para inversiones productivas. 4) en los mercados artificiales, cosméticos, forzados por las bancas centrales de países subdesarrollados para poder decir que tienen bolsas, no hay mayores transacciones de valores privados. 5) lo que determina la capitalización de nuevas empresas está fuera de bolsas. La capitalización de un país se logra cuando se tiene tradición de seguridad y respeto a los derechos de propiedad y los contratos, y cuando el régimen impositivo es competitivo y no oneroso. Sin ello, seguiremos en “el oscuro rezago” que estamos.

De eso precisamente se trata ProReforma, y es una lástima para Guatemala que algunas personas influyentes, inteligentes y de buena voluntad no la reconozcan como la oportunidad que representa para alcanzar un enriquecedor porvenir. Afortunadamente, en ProReforma confiamos que en una consulta popular, el pueblo mayoritario sí va a querer progresar y va a votar a favor.

Análisis durante Audiencias Públicas

2009-10-27T08:48:00.000-07:00

Finalmente encontré el lugar donde la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales ha puesto las presentaciones de los grupos e individuos que han participado en las audiencias públicas, argumentando a favor o en contra de las reformas. Se trata de un pequeño banner en la columna derecha del sitio del Congreso.

Pueden ir directo a este vínculo para ver los listados en PDF, desde donde podrán descargar las ponencias: LISTADO DE AUDIENCIAS Y PONENCIAS

Más artículos

2009-10-23T15:03:00.000-07:00

Los neoliberales y su ofensiva final, por Mario Roberto Morales en elPeriódico (28 oct 09)

La juventud y ProReforma, por Miguel Ángel Albizures en elPeriódico (27 oct 09)

Los actores de ProReforma, por Marcela Gereda en elPeriódico (26 oct 09)

Reaccionarios, por Armando de la Torre en elPeriódico (23 oct 09)

Artículos de opinión sobre el tema

2009-10-22T19:16:00.000-07:00

No he tenido tiempo de hacer una búsqueda sistemática en los medios electrónicos sobre el debate que nos interesa. Pido disculpas a los lectores. Estos son algunos de los artículos con los cuales me he topado recientemente. Si saben de otros, por favor sugerirlos en la sección de comentarios. Gracias. CM.

La USAC y las Reformas Constituciones, por Adrián Zapata (Siglo XXI, 22 oct 09)
http://www.sigloxxi.com/opinion/6733

La Juventud y ProReforma I, por Miguel Ángel Albizures (Siglo XXI, 22 oct 09)
http://www.elperiodico.com.gt/es/20091022/opinion/120971/

Rotundo rechazo de la Usac a iniciativa senatorial cesariana de reforma del estado y de la constitución política de la República II, por Alfonso Bauer (La Hora, 19 oct 09)
http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=57163&fch=2009-10-19

Las iniciativas de reforma constitucional y el CEDECON (II)

2009-10-15T07:21:00.000-07:00

por Eduardo Mayora
Siglo XXI (15 oct 09)

Decía en mi artículo anterior que, probablemente, el factor más importante que informa la opinión del CEDECON relativa a la iniciativa de reforma constitucional promovida por ProReforma, sea el escepticismo que la impregna.

De lo contrario, la profundidad y extensión de sus incisiones pudieran haber pasado desapercibidas para sus lectores. Me parece que el CEDECON ha hecho bien, es decir, ha sido fiel al objeto de su creación: la defensa de la Constitución.

En ese afán, sin embargo, se descarta con demasiada facilidad la diferencia entre ley y legislación, por “inapropiada e inútil”. Distinciones entre ambos conceptos hay, por cierto, que podrían tildarse de ambas cosas y, como bien se dice en el dictamen que aquí comento, no son pocas las controversias doctrinarias relativas al ámbito del derecho privado y del derecho público.

Pero en la iniciativa promovida por ProReforma el objeto de la distinción persigue evitar que, bajo la apariencia de una “Ley” (con mayúscula) se esconda la concesión de un privilegio, la amputación de alguna libertad o el otorgamiento de algún poder discrecional para que, otra persona de carne y hueso, que por el momento hace de funcionario público, decida si un ciudadano puede o no servir a sus semejantes con su trabajo o su industria, o en qué condiciones y a qué costo pueda hacerlo. Esto ocurre constantemente hoy en día, y con base en nuestra Constitución Política, porque las “leyes” (así llamadas) pueden, según el artículo 119 de la misma, por ejemplo, estimular, proteger, fomentar, promover, etcétera, actividades industriales, comerciales, agropecuarias, cooperativistas, para el ahorro, la descentralización o la construcción de viviendas, etcétera de nuevo. Y todo eso discriminando a favor de ciertos grupos y en contra de otros.

Y, sin embargo, no es necesario discriminar para forjar una especie de “red de seguridad social mínima” que, con carácter general, esté disponible para “todos” los que se encuentren en determinadas circunstancias. Pero, ¿a qué grupo de presión pudiera interesarle promover algo así (tan ajeno a sus propios intereses)?

De la misma forma se descarta al Senado propuesto, con las competencias para promulgar o reformar la Ley (con mayúscula), aparentemente sin advertir que una de las principales fuentes de adulteración del concepto de “ley” es, precisamente, que las asambleas imbuidas de la problemática política de coyuntura –la del corto plazo– son las mismas que, supuestamente, han de promulgar las reglas generales de conducta que permiten a los miembros de la sociedad enfocar sus vidas con una perspectiva de largo plazo.

Por último, es alentador que la opinión del CEDECON no deseche de entrada la idea de dotar a los magistrados de la República de la independencia necesaria para que, de verdad, puedan administrar justicia, mediante su designación con carácter vitalicio (lo cual, por cierto, nada tiene de novedoso: es el sistema federal en los EE.UU. desde hace más de dos siglos…).

En fin, exhorto a mis conciudadanos a que procuren imponerse del trabajo efectuado con tanto esfuerzo y empeño por el CEDECON. Mientras más se ventilen nuestras ideas y pareceres sobre las reglas fundamentales de nuestras instituciones públicas, mayores serán las probabilidades de que lleguen a reformarse para bien… algún día.

Los "fantasmas" de Manuel Ayau

2009-10-15T06:10:00.000-07:00

por Carlos A. Mendoza

El Diario La Hora (14 oct 09) publica una nota titulada Ayau considera que "fantasmas" adversan ProReforma. En la misma, Gabriela Herrera dice que Manuel Ayau aseguró: que la mayoría de los grupos que se presentaron a opinar sobre su proyecto no tienen peso y sólo hicieron números, "son fantasmas" expresó para calificarlas de poca trascendencia.

En este BLOG se publicó la lista inicial de los participantes en las Audiencias en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República.

A partir del análisis de ese listado se puede determinar si los interlocutores son simplemente "fantasmas" o no. Sinceramente, me parece que esa descalificación de sus adversarios ideológicos está fuera de lugar. Sobre la afirmación de que "sólo hicieron números" está claro que es una estrategia en cualquier debate político, y la Asociación ProReforma también hizo lo suyo pero no tenía muchos aliados. La democracia es, precisamente, un método para toma de decisiones basado en los números.

Entiendo que la Comisión se prepara para dar su dictamen, y que el mismo será desfavorable a ProReforma. Seguramente ellos también lo saben y tratan de influir en los diputados minimizando los argumentos de sus opositores, en un intento final para hacerlos cambiar de opinión.

ProReforma XIII y final

2009-10-12T15:41:00.000-07:00

por Irmalicia Velásquez Nimatuj
elPeriódico (12 oct 09)

Concluyo esta serie en la que analicé, de manera general, algunos pilares en los que se sustenta el proyecto de reforma por enmienda parcial a la Constitución que impulsa ProReforma. La finalizo usando la diferencia del significado del 13 en el mundo occidental y el maya, que es el número que corresponde a esta columna. Mientras, en el primero, se asume como un número de mala suerte, de cuidado por el caos o la destrucción que trae consigo, en el segundo, representa la máxima energía, que permite la utilización de las potencialidades de las personas para buscar el consenso, por eso, trascienden los proyectos que bajo este número se impulsan. Dado que es el número que representa la unión de los que le anteceden permite fluidez del conocimiento, introspección y transparencia.

Y bajo las orientaciones del 13, según el mundo maya, propongo que se tomen en cuenta las propuestas de todos los pueblos para cualquier reforma que se impulse en el país. Cuando leí ProReforma y noté su elitismo, decidí escribir sobre ella. Inicié reconociendo que Guatemala necesita no sólo reformas, sino una nueva Constitución que como un traje a la medida, requiere ser confeccionado bajo circunstancias que permitan la participación de propuestas plurales, que promuevan el diálogo, la discusión y busquen el consenso, por difícil que sea.

Lo que no se puede permitir es la imposición de una propuesta, en la que el 99 por ciento de la población no participa, sino sólo es convocada a marcar un “si” o un “no”, sin conocer el contenido de las reformas y sus implicaciones individuales o colectivas. Es peligroso para el país y el costo a pagar en el futuro será alto si se impulsa una propuesta con carencias en su justificación, con debilidades conceptuales y poca claridad teórica. En la Guatemala de hoy, una propuesta viable no puede ni debe ignorar la participación de los pueblos que comparten el territorio, menos dejar de promover la participación de las mujeres y los jóvenes.

Tampoco debe ocultarse, bajo la universalización de la justicia, las severas desigualdades de la histórica concentración y de la actual distribución de la riqueza. A los pobres, cualquiera sea su origen étnico o de género, no se les debe criminalizar o romantizar. Ellos como los de arriba, poseen propuestas, muchas viables, por lo que tienen el derecho a subirse al tren para participar en el diseño de la nueva Constitución Política de Guatemala.

Debate es ideológico

2009-10-08T08:12:00.000-07:00

por Carlos A. Mendoza

En la última encuesta que hicimos en este BLOG sobre la Reformas Constitucionales preguntamos a los lectores: "¿Considera que la ideología debería estar fuera de este debate?" Lamentablemente, pocos lectores participaron respondiendo la encuesta. Estos fueron los resultados:

Dos tercios respondieron que "Sí, la ideología nos aparta de la objetividad." Mientras que el otro tercio dijo que "No, este es un debate ideológico."

Yo pienso que el debate sobre el diseño constitucional es ideológico por excelencia. Se trata del arreglo institucional de máxima jerarquía jurídica que regula las relaciones sociales, especialmente del Estado hacia los habitantes de su territorio. Ello incluye el papel del Estado en la economía, aunque hablemos con frecuencia de una Constitución "política". Lo cual, necesariamente, requiere de una postura sobre qué tanta intervención del Estado estamos dispuestos a tolerar para regular las interacciones entre los agentes económicos. Aquí habrá siempre una ideología de por medio: unos piensan que el mercado es perfecto o, al menos, es la mejor forma de asignar recursos de manera eficiente, mientras que toda participación del Estado únicamente va en detrimento de dicha eficiencia. Otros pensamos que el mercado es bastante eficiente pero tiene imperfecciones, como las asimetrías de información y los costos de transacción, que pueden ser minimizadas por medio de una adecuada participación del Estado, precisamente, para hacer más eficientes los mercados y generar mayor bienestar. Luego está el debate de cómo (re)distribuir esos beneficios y financiar al Estado.

Algo similar ocurre en el ámbito de la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Como lo ha mencionado Hugo Us en este BLOG, algunos interpretan como "privilegios" intolerables, que violan el principio de igualdad ante la ley, lo que otros consideramos "derechos" colectivos concedidos en función de pertenencia a un grupo, en este caso, porque debe entenderse "pueblo" como "nación". Todas estas formas de entender el "mundo ideal," el "deber ser," se plasman en la Constitución de un país. Por eso yo estudio los llamados "modelos mentales compartidos" por las elites políticas, que luego se transforman en arreglos institucionales concretos y específicos.

En Estados Unidos se suelen estudiar los "Ensayos Federalistas" para entender la ideología de los llamados "Padres Fundadores" al momento de redactar su propia Constitución. Por ejemplo, el miedo que le tenían a la democracia popular o directa, pues miraban con gran desconfianza la volatilidad y manipulación de las masas. Por ello prefirieron una democracia representativa, es decir, intermediada por las elites.

¿Es ProReforma AntiCapitalista?

2009-10-07T07:38:00.000-07:00

Por Miguel Gutiérrez
The Black Box (07 oct 09)

"¿Sabe usted que la propuesta de ProReforma asegura la imposibilidad del desarrollo de mercados de capitales en Guatemala? De aprobarse la propuesta, será una de las acciones más anti-capitalistas que tomaría el Congreso de la República de Guatemala, ya que sin mercados financieros desarrollados y transparentes, resulta improbable el desarrollo económico, una sociedad próspera y democrática. Los países desarrollados y cercanos a ser declarados como desarrollados (como Chile) seguirían manteniendo una ventaja de alrededor de 100 años a países como Guatemala, que aun no cuenta con sistemas financieros profundos. O más bien, de aprobarse la propuesta de ProReforma, Guatemala aseguraría el oscuro rezago de más de 100 años que hoy guarda con respecto a estos países. ¿Algún economista o especialista en mercados financiero habrá advertido sobre las implicancias economicas de ésta propuesta?"

Leer más en el BLOG de CABI:
http://ca-bi.com/blackbox/?p=3060

Leer también Aclaración oportuna, por Paulo De León

Los tocayos

2009-10-05T07:55:00.000-07:00

por Marcela Gereda
elPeriódico (5 oct 09)

Si este país no estuviera tan arrugado, quizá sería el país más grande del mundo. Y no sólo me refiero a la orografía física, sino esa geografía simbólica y desigual, de sentidos y significados que expresados en lenguajes contradictorios alimenta las brechas de las desigualdades del país, multiplica las distancias entre nosotros e impide la comunicación y el reconocimiento mutuo. Como los discursos de estos dos tocayos que se llaman Manuel, que coexisten en el mismo país, pero que habitan dos mundos tan alejados entre sí como América de Europa. Mientras uno habla con los pueblos indígenas, el otro que habla a estudiantes en un aula de la Universidad Rafael Landívar.

Manuel Iboi, hombre achí, vive y ve el mundo desde la aldea El Tapisque. Está hecho de maíz y marcado por la guerra y la memoria del hambre. Sus manos agrietadas por el sol, su piel surcada como la tierra labrada. Su voz con el tono que da la convicción en la lucha y la fe en el cambio. Propone diseñar un país imaginado por todos. No sólo por unos cuantos. Aquí la virtud pública surge de la suma enriquecedora de las virtudes de cada cual.

Desde un aula en la URL, el otro Manuel repite su propuesta de reforma constitucional. Su amistad con, y su fe en, Milton Friedman le ayudó a forjar su conciencia. Desde su galaxia cree que una constitución europea puede ser transferible en estilo “copy-paste” a un país quebrado por la desigualdad. Desde su concepción “humanista” liberal, cree que todos somos egoístas y buscamos sólo nuestro propio interés, que el problema de la pobreza no es resultado de relaciones sociales ni de una historia, sino que es un defecto del Derecho. Aquí se propone que los vicios privados darán lugar a la virtud pública.

A algunos líderes de Baja Verapaz el colectivo Intergeneracional explicamos qué es ProReforma. Al hablar de “reforma a la Constitución” la gente pregunta: ¿qué es una Constitución? Esto no habla de ignorancia entre la gente; habla más bien de un sistema excluyente que se preocupó en producir la ignorancia de los asuntos públicos, para poderlos manejar entre unos pocos, como si fueran suyos.

Desde una convicción que pareciera convertirse en ceguera sociológica, el tocayo cosmonauta del líder comunitario, busca convencer a los estudiantes del salón que para combatir la pobreza y la violencia hay que reformar el sistema, cambiar la Constitución. ¿Desde cuándo las leyes trasforman la realidad?, ¿desde cuándo un cambio de las normas, de lo jurídico, ha disuelto nuestros problemas sociales?, se preguntan los comunitarios. Leyes las tuvimos siempre, pobreza también, desigualdad también. La maestra rural, María Tomasa dijo: “Durante toda nuestra historia han intentado exterminarnos, la propuesta de ProReforma, ¿también tiene esa intención al no incluirnos?”.

Necesitamos un horizonte común, un lenguaje común. Y esto en Guatemala sólo es posible en un proyecto que traiga la exterioridad hacia el centro, o que lleve el centro a los bordes, esos bordes que ha producido la definición violenta del poder de unos pocos sobre los muchos. Necesitamos un proyecto hecho desde el otro lado, con los que habitan ese otro lado, esas gentes de maíz y de tierra, de sudor y trabajo, aquellos que han sido considerados como los “perdedores de la historia”.

Eso me dije cuando salí de la reunión con hombres y mujeres achíes, sabiendo eso que los tocayos saben y a la vez les diferencia. Guatemala necesita un cambio.

Hay una canción de Vicente Feliú, que dice “créeme cuando te digo que soy feliz abriendo una trinchera”. La fe de los que andan con los pies por la tierra, no confía en que el cambio viene de reformar las leyes, sino de reformarnos a nosotros mismos. Se funda en la creencia de unas leyes de la tierra donde abrir juntos una trinchera con el sudor del trabajo (material e intelectual), desde esta trinchera se combate por la construcción común de un Estado, no de uno que unos pocos copian de la imaginación de otros, sino uno que nace aquí del proceso de imaginación participativa y compartida de los muchos, de todos.

Invitación de la USAC

2009-10-02T10:45:00.001-07:00

Las iniciativas de reforma constitucional y el CEDECON (I)

2009-10-01T08:03:00.000-07:00

por Eduardo Mayora
Siglo XXI (01 oct 09)

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República invitó, entre otros, al Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón) a opinar sobre las iniciativas de reforma constitucional de que conoce dicha Comisión. Di lectura a la parte que, en el dictamen respectivo, concierne a la propuesta impulsada por ProReforma (respaldada por alrededor de 73 mil ciudadanos) y estimo que es de importancia que la ciudadanía sepa que existe dicho documento, principalmente para que el debate sobre nuestras reglas constitucionales se enriquezca y profundice.

Cuando hace ya un buen número de años uno de los fundadores del Cedecón me invitó a integrarme a sus filas (lo cual agradecí por la alta calidad personal y profesional de sus fundadores) le compartí que, de haberse tratado de un “Centro para la Defensa del Constitucionalismo”, y no de la Constitución, hubiera podido aceptar. Ya por aquel entonces había madurado mi convicción de que nuestra Constitución Política adolece de tres deficiencias fundamentales. Todas ellas suficientemente importantes como para hacer sumamente difícil el desarrollo institucional de Guatemala.

Por consiguiente, para mí era imposible asociarme a un centro para la defensa de un instrumento normativo que, en mi opinión, debía reformarse sustancialmente. Con esto no quisiera dar a entender que los miembros del Cedecón sean de opinión que a la Ley Suprema de esta República no debe tocársele “ni un pelo”, pero pienso que sí sería justo afirmar que sus integrantes comparten una actitud “conservadora” en cuanto a la misma. Muchas y muy importantes pueden ser las razones por las que los miembros del Cedecón se han asociado en torno a la idea de “defender la Constitución”, como por ejemplo, la de que se le interprete y acate razonablemente por todos los poderes públicos. Pero en definitiva, insisto, el enfoque que los aglutina es conservador.

Por esa razón no me extraña que, al analizar la propuesta liderada por ProReforma haya privado por parte del Cedecón un posicionamiento intelectual que, a mí por lo menos, me ha lucido más bien escéptico. Sin embargo, quizás sea ese mismo escepticismo el factor más significativo de su opinión, puesto que muchas de las apreciaciones vertidas en la misma no cuestionan más que la necesidad de introducir modificaciones terminológicas, o si lo propuesto no podría regularse mejor por la legislación ordinaria, o el basamento técnico o doctrinario de ciertas de las reformas planteadas. Y, a decir verdad, comparto algunas de sus observaciones pues, naturalmente, la propuesta de ProReforma no refleja ni el criterio ni las preferencias de una sola persona, sino que el consenso al que pudieron llegar sus integrantes.

La extensión de las reformas propuestas y del dictamen del Cedecón hace imposible recorrerlos en las páginas de un diario; sin embargo, tal vez sea útil aludir en mi próximo artículo a esos tres aspectos fundamentales que, a mi parecer, reclaman reformas de fondo de nuestro marco constitucional, para que aquellos ciudadanos que quisieran leer el documento producido por el Cedecón, cuenten con un marco de referencia alternativo. Se trata de la necesidad de distinguir la “Ley” de otros actos parlamentarios, digamos: pseudo-legislativos; de la estructuración del Congreso, acorde con esa distinción; y de la organización, en general, del Poder Judicial.

ProReforma XII

2009-09-28T07:40:00.000-07:00

por Irmalicia Velásquez Nimatuj
elPeriódico (28 sep 09)

Cuesta no asombrarse de cómo en Guatemala los conservadores, quienes han manejado a su conveniencia la información –como parte del control político y económico– han retorcido los conceptos a su antojo, para confundir a las mayorías –que acceden a una paupérrima educación bancaria–, evitar debates como en cualquier sociedad, mantener los niveles de ignorancia para que la explotación se reproduzca, promover el enfrentamiento craso con falaces argumentos que arrastran miedos imaginarios y coloniales que se niegan a enfrentar, para terminar como los “únicos iluminados”, los cargadores de la verdad irrefutable y absoluta que liberará a las mayorías. Especialmente a aquellos que por su condición de clase, raza, género, preferencia sexual, edad o ubicación geográfica no pueden hacerlo y “necesitan de salvadores” que terminan siendo hombres urbanos, educados, blancos, cristianos insinceros, pero cosmopolitas.

Por suerte, la época vergonzosa de los encomenderos es parte de la historia del país. Por eso asombra la definición de discriminación en la propuesta, que usan para legitimar el principio de igualdad y que reza: “La igualdad de los ciudadanos ante la ley se rompe cuando se emiten leyes arbitrarias o cuando se discrimina. La discriminación consiste en darles prerrogativas, privilegios o beneficios a algunos sin que tengan acceso a ello otros ciudadanos. La definición de discriminación es darle trato de inferioridad a alguna persona. Al momento en que no existe igualdad ante la ley, sino leyes arbitrarias y específicas se está tratando de manera distinta a las personas”.

Ese uso conceptual está enmarañado porque la discriminación no da prerrogativas, privilegios o beneficios, es todo lo contrario, la discriminación la ejerce un pequeño sector que niega derechos a pueblos o sectores a través de actos o hechos específicos por condiciones de diferenciación y no de inferioridad. La discriminación ocurre entre personas de diferente origen o entre instituciones y personas que ejercen la discriminación como parte de su política. La discriminación tiene su base en prejuicios que se asumen como reales y que subestiman a personas distintas.

La discriminación niega educación, salud, trabajo, acceso a espacios, a expresarse, en otros derechos, pero no da privilegios, como sí los otorga el racismo que es una opresión sobre la cual se erigió el sistema de justicia y es sobre esos mismos cimientos que se construyó ProReforma.

¿Cómo lo haría Ud.?

2009-09-27T15:35:00.000-07:00

por Manuel F. Ayau Cordón
Prensa Libre (27 sep 09)

Reconociendo que el principal problema de Guatemala es la violencia, y que la impunidad existente se debe a un débil Poder Judicial, la Asociación proReforma, después de muchas ponderadas consideraciones, propone una solución para contar con un Poder Judicial fortalecido y magistrados idóneos, mediante: 1) nombramiento que no esté influenciado por consideraciones político-partidistas, 2) que sean abogados de reconocida trayectoria y experiencia, 3) que su permanencia no esté sujeta a consideraciones político-partidistas, 4) que sus incentivos estén dirigidos hacia la justicia, independientemente de su propio futuro, y 5) que estén guiados por normas jurídicas inequívocas, para mejor fallar.

ProReforma propone varias medidas que se complementan y coadyuvan para lograr esos objetivos.

PRIMERO, es estableciendo un nuevo y distinto cuerpo legislativo —cuyo nombre no es lo importante, pero se escogió el de Senado—, que si bien es democrático —pues todos los ciudadanos tendrán el mismo derecho a elegir y ser electos—, que no tenga las características que interesa a la actividad político-partidista, y el cual tendrá a su cargo la selección y nombramiento de los magistrados.

Lo anterior se pretenden lograr con: 1) delimitando las funciones del Senado a emitir solamente aquellas disposiciones que por ser generales y abstractas no se prestan para favorecer a ningún interés particular o político, como son la mayoría de los códigos —Civil, Mercantil, etcétera—; 2) con la forma de seleccionar a sus integrantes por elección democrática, pero no partidista —pues todos los ciudadanos tendrían el mismo derecho de elegir y ser electos—; 3) con los filtros necesarios para que sus electores conozcan mejor su trayectoria, su experiencia y civismo a través de su vida; 4) calificando a sus electores, con objeto de que su juicio no esté motivado por intereses de corto plazo, y 5) estableciendo la no reelección, para remover la tentación de favorecer a partidos o grupos con objeto de ser reelectos. —El proyecto de proReforma deja la reelección a la Cámara de Diputados, la cual es esencialmente político-partidista y que tiene a su cargo el presupuesto, atribuciones relacionadas con el Derecho Público, y la elección de presidente en caso de falta definitiva—.

SEGUNDO, estableciendo la primacía de los derechos sobre los intereses de cualquier persona, partido o grupo. Se reconoce el mandato constitucional de que el interés social prevalece sobre el interés particular, pero no sobre el derecho individual, pues si así fuere, los ciudadanos careceríamos de derechos, como actualmente los tenemos pero solo en forma lírica.

TERCERO, para eliminar la posibilidad de cualquier presión ajena, se establece que los magistrados permanecerán en sus cargos en forma vitalicia, como en otros países, con causales de remoción.

Podrá haber otros medios de lograr los mismos objetivos, pero los integrantes de proReforma escogieron esta forma, aunque no fuere perfecta, porque a su juicio da mayor garantía que otras.

La disyuntiva es seguir con el sistema que está en vigor, cuyos resultados están a la vista, o cambiar a uno que si bien tampoco es perfecto, se basa en la protección de derechos individuales sobre los intereses de cualquier persona, o grupo o sector.

Derechos de los Pueblos Indígenas

2009-09-24T20:42:00.000-07:00

Debido a la relevancia que tiene para este debate, les invito a leer POST de Hugo Us sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, titulado ¿Son privilegios las demandas de los pueblos indígenas?: reflexiones desde la filosofía política (I).

El mismo aparece en mi BLOG sobre Democracia Multicultural. CM.

ProReforma XI

2009-09-21T04:40:00.000-07:00

por Irmalicia Velásquez Nimatuj
elPeriódico (21 sep 09)

En Guatemala, a pesar de que las estructuras e instituciones han cambiado poco, lo que resulta alentador es el rol activo de los pueblos indígenas, que se refleja en el avance de una serie de expresiones colectivas que surgen después del genocidio de la década de 1980 y lo integra un abanico de voces que analizan, cuestionan y proponen alternativas en casi todos los campos de la vida nacional. Por eso, hoy, la propuesta de ProReforma pasa por ellos.

En este marco la organización Oxlajuj Ajpop realiza una serie de reflexiones sobre la propuesta ProReforma en los departamentos de Huehuetenango, Sololá, San Marcos, Quiché, ciudad de Guatemala, Baja Verapaz y Chimaltengo. De este recorrido nacional se evidencia que existe una desinformación acerca de la propuesta en el 85 por ciento de los participantes, siendo el 95 por ciento de los y las participantes dirigentes comunitarios y de organizaciones quienes afirmaron no conocer qué es ProReforma. Posteriormente a la socialización de la propuesta, por el grupo intergeneracional, la reacción general fue de indignación, rechazo y preocupación, porque una pequeña elite asume la voz y la representación de todos los pueblos del país, cuando sólo representan al sector más conservador.

También expresaron que esta pequeña, pero poderosa, elite económica y política con ProReforma intenta volver a tiempos de la colonia. En Huehuetenango señalaron que en las consultas sobre la minería, participaron más de 1 millón de personas y la mayoría dijo: no a la minería. Entonces, por qué con sólo 73 mil firmas quieren hacer una Constitución a su medida.
De ser así, demandaron que el Estado también valide y respete las consultas comunitarias.

En las discusiones sobresalió la protesta de que la mayoría de la población la conforman los pueblos indígenas y no quienes escribieron ProReforma. Por eso, la propuesta carece de un espíritu de colectividad o comunidad y se estaciona en una posición individualista, materialista y egoísta.

Calificaron la propuesta de un plan provisorio de la oligarquía, ante el avance de movimientos sociales alternos que han surgido en América del Sur y que representan para ellos un peligro. Por eso, no es raro que la propuesta del Senado, la edad y el tipo de votación sean excluyentes. Y preguntan: ¿por qué ProReforma no propuso representaciones por comunidades lingüísticas? No sería un proceso más acorde a un país como Guatemala.

ProReforma y el concepto de justicia de Hayek (I)

2009-09-18T20:02:00.000-07:00

por Hugo A. Us

He argumentado en otras entregas que los cambios sociales, políticos o económicos tienen su germen casi invariablemente, en concepciones filosóficas, ideológicas o políticas, que luego de un proceso de evolución o revolución, se concretan en la realidad en instituciones formales o informales. A diferencia de la ciencia, cuyo objetivo es tratar de explicar la realidad, la ideología y la filosofía política, más que entender la realidad, buscan cambiarla. Dichas concepciones corresponden a formas de interpretar la realidad, de entender la sociedad y al ser humano y de cambiar la realidad a la luz de premisas normativas. Por ejemplo, en la concepción marxista el ser humano tiene una bondad natural pero la sociedad lo pervierte. Ninguna de estas concepciones está previamente definida ni se llega a ellas por obra de la lógica axiomática (como argumentaría Ludwig Von Mises en su apriorismo praxeológico). Para estos efectos, no hay distinción sustantiva entre filosofía política (o social) e ideología. Por ello, descalificar ciertas posturas o argumentos señalándolas de ideológicas tiene poca relevancia y reflejan más bien una precariedad argumentativa.

Desde que la humanidad ingresó a la modernidad política impulsada por los filósofos de la Ilustración, las diversas corrientes filosóficas han tenido mayor o menor influencia en los cambios sociales. De esa manera, el surgimiento de la República y el inicio de la revolución industrial deben mucho al liberalismo clásico. Tal como señalaba Hegel, con la Revolución Francesa la razón se convirtió en política o, para ponerlo en los términos de Arendt, la política es parte de la vita activa. Posteriormente, las nuevas situaciones generadas por la revolución industrial –el surgimiento de un proletariado industrial, las largas jornadas de trabajo y el uso de mano de obra infantil- daría pie al socialismo utópico en un primer momento para luego evolucionar al marxismo cuyo primer logro concreto habría de ser la revolución bolchevique de 1917 y su posterior propagación, con diferencias de grado, a otros países. De otro lado, el concepto de justicia social habría de ser la base de los estados de bienestar tan arraigados en varios países de Europa occidental como un concepto que, sin abolir la propiedad privada y el sistema de mercado, ha buscado promover la igualdad de oportunidades y minimizar las desigualdades económicas y sociales. Ya entrado el siglo XX han surgido nuevas doctrinas filosóficas, algunas con más filiación con el liberalismo, otras con el socialismo, que cuestionan la sociedad desde varios ángulos. Estas corrientes incluyen, entre otras al multiculturalismo, el ambientalismo y el feminismo y que, al igual que otras doctrinas filosóficas (o ideológicas) también buscan cambiar en alguna medida la realidad.

Las anteriores reflexiones vienen al caso a propósito del concepto de justicia y de la naturaleza de la ley según el pensamiento de Friedrich Hayek y que inspira el proyecto de reforma constitucional de ProReforma. Esta concepción de justicia y de la ley está reflejada en varios elementos de la propuesta pero se presenta explícitamente en el artículo 173 (requisitos de la Ley). El artículo en cuestión dice literalmente: “La Ley debe cumplir los siguientes requisitos: 1) generalidad, en el sentido que es aplicable a todos los habitantes del territorio nacional sin excepción; 2) abstracción, en el sentido que se emite para un número indeterminado de casos, sin referencia apersonas, lugares u objetos particulares; 3) irretroactividad, en el sentido de que debe referirse a casos futuros, con la excepción establecida en el artículo 15 de esta Constitución; 4) certeza, en el sentido que su redacción debe ser clara, precisa y sin ambigüedades, de tal modo que facilite una interpretación inequívoca; 5) igualdad, en el sentido de que no debe otorgar a nadie, ya sea considerado individualmente o en grupo, prerrogativas exclusivas o privilegios que no pueda disfrutar cualquier otra persona o grupo que tenga oportunidad de aprovecharlos; 6) justa, en el sentido de reconocer y dar a cada quien su propio derecho. Únicamente son de cumplimiento obligatorio las normas que, respecto a la materia que regulan, reúnan los atributos establecidos en el presente artículo.” En la propuesta de ProReforma, estas deberían ser las características de las leyes que apruebe el Senado referidas al derecho privado. Nótese cierta arrogancia de la propuesta al señalar que únicamente las normas con tales características son de cumplimiento obligatorio, sin agotar previamente un debate más abierto sobre otras concepciones de justicia y de la Ley, punto sobre el que volveré posteriormente.

Considero que para entender mejor y tener una posición más fundamentada sobre dicho proyecto, es importante entender el origen filosófico de estos conceptos y analizarlos a la luz de un pensamiento crítico, lejos de militancias fundamentalistas. Este análisis lo realizaré en varias entregas y desde varios ángulos. El primero y más importante consiste en un análisis de los orígenes de estos conceptos, es decir, en el pensamiento de Hayek tal como lo aborda en su obra Derecho, Legislación y Libertad y en los textos sobre la naturaleza de la ley que elaboró posteriormente junto a Moldofsky en Order: With or Without Design (1989) en los cuales vuelve a retomar las reflexiones iniciales sobre justicia, orden espontáneo y ley. En segundo término y como consecuencia del primero, analizaré las implicaciones de dicho artículo en el resto del articulado que dicha propuesta no pretende modificar, dadas las características que se le atribuyen a la Ley. Mi hipótesis es que el artículo 173 de la propuesta generaría varias contradicciones e implicaciones importantes en el resto de la Constitución aún cuando la propuesta de marras dice no afectar la parte dogmática de la misma. Trataré estos temas con más detalle en una posterior entrega.

La Alianza Evangélica: una Crítica

2009-09-17T10:52:00.000-07:00

por Álvaro Velásquez
Siglo XXI (17 sep 08)

En mi anterior artículo subrayé que el Congreso está ejerciendo su soberanía en el tema del Proyecto de Constitución de ProReforma y que ha ejercitado un proceso democrático y transparente con las audiencias públicas, que validará completamente el dictamen a emitir en octubre. No me opongo al mecanismo de Consultas Populares, tal como algunos malinterpretaron. Cierto que algunas entidades no tienen credibilidad y sólo se prestan a un juego de intereses creados, pero esto es normal y lo pagan caro. Lo que se puede y debe cuestionar es la forma en que algunas entidades sociales proyectan su postura: si moderada o analítica o consecuente con sus representados, o ninguna de ellas.

Ilustro mi punto con la ponencia que presentó la Alianza Evangélica de Guatemala (AEG) ante el Congreso de la República, en apoyo al Proyecto de Constitución de la Asociación ProReforma, en la que como cristiano protestante y estudioso de las ciencias sociales y teológicas, no me vi reflejado.

Empiezo por reconocer el derecho que tiene la AEG de pronunciarse en el sentido que quiera sobre cualquier asunto público de este país. Sólo se espera de una entidad que dice representar al 40% de la población guatemalteca identificada como evangélica y más de 18 mil iglesias de este tipo, que sus posturas sean acordes con la diversidad del pensamiento político, social o económico que se supone tienen esos 5 millones de guatemaltecos.

Por analogía entiendo que la mayoría de las dirigencias de organizaciones de la sociedad civil son sólo representativas, no representantes de sus supuestas bases, dado que, por lo general, no median elecciones directas entre ellas y sus directivos, aun así el Estado les reconoce una representación legal que sus asociados les han conferido, para desarrollar fines colectivos.

Por ello, la AEG es punto de referencia para pensar en los intereses y visiones de las iglesias evangélicas organizadas de este país. Con todo, no encontré en la ponencia de la AEG un exhaustivo análisis teológico que sustentara su propuesta, como se hubiera esperado. Más que encontrar a Pablo, a Jesús o a Oseas o el Sermón del Monte en el texto, pude más bien reconocer a Hayek y a Mises y a la Escuela de Viena, por el abrazo al abstencionismo del Estado en materia económica, el análisis simplista sobre la pobreza, el rechazo del positivismo jurídico, la conclusión absurda de que el pecado sólo se ve en el Estado y no en el mercado, todo ello con el corolario de una ardorosa y sofisticada defensa del Proyecto de ProReforma; es decir, una serie de doctrinas económicas y jurídicas ajenas a las Escrituras, y una toma de partido que me hizo sospechar, y apuesto a que así fue, que en su redacción participaron los propios autores del Proyecto de marras.

Hubiera sido bueno consultar al menos con los prestigiosos centros como el Seminario Teológico Centroamericano (Seteca) o la Facultad de Teología de la Universidad Mariano Gálvez, para evitar confusiones, porque está pendiente una aguda reflexión bíblico-teológica sobre el concepto de justicia social, por ejemplo, que Hayek y los libertaristas rechazan.

Está bien ser liberal, pero no cualquier liberalismo,;está bien tener un pensamiento conservador, pero no alinearse a la ligera en alianzas conservadoras como si anduvieran en luchas de corte social y no moral. Prudencia es la palabra.

Respuesta a Hugo Us

2009-09-15T17:08:00.000-07:00

por Leonel Morales

En estos comentarios me refiero al artículo de Hugo Us “Pro-Reforma: ¿Avance o retroceso de los derechos y libertades?”

Estimado Hugo,

Hay varios puntos de vista en tu artículo que creo que son discutibles.
Empezaré por el que me parece más evidente. Dices que “no hay una razón válida que limite los derechos al derecho a la vida, la libertad o la propiedad privada. No hay duda que estos derechos son importantes pero no son ni pueden ser los únicos con validez moral para ser considerados como derechos”. ¿Hay alguien en Guatemala que haya dicho o crea que el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada son los únicos derechos? ¿Hay alguien que crea o defienda ese punto de vista? Que muchos creamos que el derecho a la vida, la libertad y el derecho a la propiedad son los derechos fundamentales es algo totalmente diferente. Y para que quede claro, lo que eso significa es que todo otro derecho considerable se asienta, tiene su fundamento, se deriva y en último caso se subordina a estos tres.

No hay forma de defender legítimamente un derecho social, civil, económico, político, o cultural, si esa defensa conlleva una violación del derecho a la vida, la supresión de la libertad, el robo o la confiscación de la propiedad privada. Ojo que no hablo de casos en los que alguien ha faltado gravemente al derecho de los demás (asesinando por ejemplo) y por lo mismo la sociedad lo castiga (quitándole la libertad), pues en esos casos la sociedad simplemente se defiende legítimamente de un agresor, hablo de auténticas violaciones a los derechos fundamentales.

No se puede quitarle a alguien su libertad, su propiedad o su vida con el pretexto de defender el derecho social de un grupo (entendiendo “derecho social” como algo distinto del derecho a la vida, la libertad o la propiedad). Los casos de expropiación por ejemplo, conllevan un proceso de análisis de causa justificada, verificando que se de un auténtico privilegio del bien común, y por supuesto, una adecuada compensación del daño causado, pero nunca podría hacerse una expropiación de un bien que suponga un daño permanente e irreparable para el dueño. Similar análisis se puede hacer para el resto de los que tú consignas como “ampliaciones del derecho”.

Posteriormente hablas del senado propuesto por Proreforma y dices que “además de ser regresivo (que nos estaría remontando a la antigua Roma)…” y en este punto quisiera pedirte que si de verdad hay interés por argumentar seriamente, evitemos la burla y la ridiculización (desgraciadamente tan común en las columnas de opinión contrarias a Proreforma, pero que en último caso resultan burlas para el lector que espera un análisis serio) ya que además del nombre y la preeminencia que se reconoce a los adultos mayores, no hay ninguna otra similitud con el senado de la antigua Roma. El poder del senado romano era bastante mayor al que podría llegar a tener el senado propuesto por Proreforma, ya que no se circunscribía al ámbito legislativo, así que es totalmente falso lo que dices de que “nos estaría remontando a la antigua Roma”, vamos Hugo, hay que revisar la historia antes de escribir cualquier cosa.

Te equivocas también cuando dices que “generaría un privilegio al limitar la oportunidad de ser senadores a una minoría de personas (las comprendidas entre los 50 y 65) en razón de una mera circunstancia a saber, la edad” ya que la verdadera oportunidad de ocupar un escaño senatorial empezará regularmente junto con la edad para asumir derechos y obligaciones civiles, es decir los 18 años. ¿O es que crees que si alguien quiere ser senador debe empezar a preocuparse por ello cuando ya le falte poco para los 50? ¿Se puede vivir una vida de holgazanería, deshonestidad, falta de honradez, etc., etc., y pretender que nadie de su misma edad se haya dado cuenta y le otorguen su voto cuando cumpla 50 años? ¿Ves por qué es tan importante que los electores de los senadores sean ciudadanos de la misma edad que los candidatos?

La oportunidad de ser senadores en realidad es de todos, pero sólo si de verdad se trata de un auténtico deseo de servir a la patria en la promulgación de la ley y no de un simple capricho (“¡yo quiero ser senador! ¡Es injusto que no me dejen serlo sólo porque tengo 25 años!”) pues quien quiera ser senador debe empezar a luchar por serlo desde la juventud, viviendo una vida que pueda servirle de carta de presentación cuando llegue a los 50.

Dices que “nadie puede elegir si puede vivir más allá de los 50 años y de esa manera gozar de dicho privilegio”. Para empezar no se trata de un privilegio, reflexiona y verás que no lo es y si después de reflexionar no encuentras la razón entonces repasa teorías más sanas sobre el estado porque definitivamente andarías un poco perdido. Segundo, es cierto que no tenemos control sobre si viviremos más allá de cierta edad, pero esa condición es la misma para todas las edades, 40 (o 45 en Proreforma) para ser presidente, 30 para ser ministro, 18 para votar, 16 para tener licencia de conducir, 6 para entrar a primero primaria, etc., etc., si tu argumento tuviera algo de razón deberíamos eliminar cualquier requisito de edad para el ejercicio de cualquier derecho o función.

La incertidumbre sobre la duración de la propia vida es inherente a la condición humana, pero los límites de edad existen porque no se trata de restringir el acceso a un derecho sino de garantizar su ejercicio más pleno y en armonía con el respeto a los derechos de los demás.

Respecto a tu último párrafo “la propuesta de Pro-Reforma pretende justificarse en la necesidad de reducir la pobreza y la delincuencia, fines a los cuales no creo que haya alguien que se oponga en su sano juicio. Después de todo, para lograr tales fines bien podría proponerse una dictadura”, primero que nada lamento que creas que una dictadura sería una solución a la pobreza y la delincuencia y segundo, siguiendo los principios que plantea Proreforma: respeto absoluto por los derechos fundamentales, vida, libertad y propiedad, tal “solución” (la dictadura) sería inconcebible. Aunque pensándolo bien, sería una excelente solución si lo que uno buscara fuera precisamente anteponer los derechos sociales, políticos, civiles, económicos o culturales por encima del derecho a la vida, la libertad y la propiedad, ¿no te parece?

Aprovecho para comentarte que disfruto mucho tus artículos. Ojala y más columnistas e intelectuales escribieran como tú, reconociendo lo positivo, evitando el fácil “ad hominem” - tan común debido a la ideología de los proponentes de Proreforma - y sin recurrir al montón de mentiras, interpretaciones antojadizas y subjetivas de la historia y de las propuestas, etc., etc., de las que otros “formadores de opinión” hacen uso tan descaradamente.

Nota sobre Manuel Ayau

2009-09-14T10:07:00.000-07:00

De Karen Cardona, en Prensa Libre (14 sep 09)

¿Si pudiera dejar un legado, cuál sería?

La Universidad Francisco Marroquín y, por supuesto, Pro Reforma —agrupación civil que impulsa cambios en la Constitución—. La universidad la organizamos un grupo de amigos, con la premisa de que todas las demás casas de estudios superiores estaban educando mal. En economía predominaba la teoría socialista en todas las universidades, inclusive Harvard —EE. UU.—, y lo que hicimos fue corregir los modelos. Cuando el socialismo fracasó, todos me preguntaban cómo lo sabía. El tiempo nos dio la razón. Creemos en el derecho natural y que el positivismo jurídico es dañino para la sociedad.

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ProReforma X

2009-09-14T06:45:00.000-07:00

Por Irmalicia Velásquez Nimatuj
elPeriódico (14 sep 09)

La propuesta de ProReforma no sólo discrimina a los pueblos indígenas, a los jóvenes, sino además, comete otra colosal omisión: ignorar a más de la mitad de la población del país: a las mujeres, que son tan diversas, que provienen de diferentes pueblos, de distintas clases sociales, con diferentes intereses y tendencias ideológicas, pero que son actoras económicas y políticas de este país.

Después de leer la propuesta se evidencia que las mujeres no son incluidas, ni se respetan sus múltiples capacidades, aportes o necesidades en la construcción de un pacto político plural. Ellas terminan oscurecidas y diluidas bajo argumentos superados en otras sociedades. Argumentos que la propuesta presenta como la panacea para que “Guatemala se afiance de un genuino régimen”.

La exclusión de las mujeres se esconde detrás de una defensa acérrima y conservadora de los principios de igualdad y de libertad. Especialmente cuando se apela a lo largo del documento a “no ser discriminatorios, a no conceder explícita o implícitamente prerrogativas, privilegios o beneficios los cuales no puedan disfrutar todas las personas”. Los ponentes, en su mayoría hombres, no se percatan, ni reflexionan que ellos individual y colectivamente poseen significativas cuotas de poder, no por esfuerzo propio, sino en buena medida por el poder que como hombres han podido heredar, ejercer, mantener y por los privilegios que la sociedad y la clase social a la que pertenecen les ha otorgado sin que los pidan, pero que les han sido asignados por ser hombres.

En otras palabras, los hombres fundadores de la Asociación ProReforma, en un país pobre como Guatemala, gozan de prerrogativas automáticas, a las cuales no renunciarán, porque eso implicaría ceder a la otra mitad de la población parte del poder que hoy controlan. Y esta propuesta es una muestra materializada de esa irrenunciabilidad de las ventajas que poseen.

Esta es una propuesta de reforma a la Constitución que ejemplifica cómo detrás de la universalidad de la justicia se esconden posiciones conservadoras que buscan perpetuar la exclusión de las mujeres en los tres poderes del Estado. Es lamentable, porque mientras el mundo camina hacia la eliminación de constituciones con resabios sexistas, racistas, clasistas y discriminatorios, ProReforma impulsa todo lo contrario en un país plural y pretende que se apoye una propuesta que busca que Guatemala gire en el sentido opuesto a las agujas del reloj.

Postura de la Alianza Evangélica

2009-09-11T10:28:00.000-07:00

PRESENTACIÓN DE ALIANZA EVANGÉLICA DE GUATEMALA
A LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

"ProReforma, en cambio, cree en perfeccionar instituciones que protejan al ser humano, en vez de dar ese poder a caudillos que terminan esclavizando al pueblo. Las normas claras y estables que piden los economistas, de todas las escuelas de pensamiento, jamás se darán en donde no se protege al ser humano. Creemos que proteger al ser humano produce las reglas claras que para los economistas atraen la inversión, generan empleo y crean riqueza que se distribuye por medio de mejores salarios." p.13

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A propósito... Maquiavelo nos recuerda

2009-09-10T18:36:00.000-07:00

"There is nothing more difficult to handle, more doubtful of success and more dangerous to carry through than initiating changes in a state's constitution. The innovator make enemies of all those who prospered under the old order, and only lukewarm support is forthcoming from those who would prosper under the new. Their support is lukewarm partly from fear of their adversaries, who have the existing laws on their side, and partly because men are generally incredulous, never really trusting new things unless they have tested them by experience. In consequence, whenever those who oppose the changes can do so, they attack vigorously, and the defense made by the others is only lukewarm. So both the innovator and his friends come to grief."

Niccolo Machiavelli, The Prince, 1513

En castellano la primera parte la traducen así:

"No hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de administrar que la elaboración de nuevas leyes."

Pro- Reforma: ¿Avance o retroceso de los derechos y libertades?

2009-09-10T12:02:00.000-07:00

por Hugo A. Us

La propuesta de ProReforma, dadas sus pretensiones de hacer cambios de fondo a nuestro sistema político, merece ser analizada a la luz de la evolución histórica de los derechos y libertades no sólo en Guatemala sino en el resto del mundo. Esta evolución ha estado asociada, sin excepción alguna, en el desarrollo de las ideas, conceptos y postulados filosóficos y políticos que posteriormente se materializan en la práctica en instituciones, leyes, reglamentos, normas, disposiciones, etc. Sin embargo, dicho proceso rara vez ha sido automático y los grandes logros en materia de libertades y derechos han debido transitar por caminos difíciles, muchas veces violentos; difícilmente ha habido evolución sin revolución. En tal sentido, quizá el hecho que haya marcado mejor la entrada de la humanidad a la modernidad política haya sido la toma de la Bastilla y con ello, la caída del Ancien Régime y la posterior declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789.

Los derechos y libertades han debido ser ganados y no han sido concesiones benévolas de los poderosos. Han evolucionado en una lógica progresiva, es decir, se han ampliado a grupos que antes no gozaban de los mismos derechos o se han creado otros a la luz de nuevas circunstancias. De esa manera, en el plano político se ha transitado de una ciudadanía limitada a los varones letrados y con renta (como los patricios en la antigua Roma), luego a los iletrados y posteriormente a las mujeres. De otro lado, el movimiento obrero y los derechos laborales que éstos han promovido no nacieron en abstracto pues fue una consecuencia de las duras condiciones de trabajo en que los obreros trabajaban en los albores de la revolución industrial. Lo mismo puede decirse de los derechos específicos de las mujeres en materia laboral y que luego se han ido ampliando a otros ámbitos. Con diferencias de ritmo y de grado, dichos cambios fueron contagiando a otras naciones, adaptándose a la realidad de las mismas. En el caso guatemalteco, aún entrado el siglo XX aún se discutía si los pueblos indígenas o las mujeres eran sujetos de ciudadanía y de los derechos que esto conllevaba. No fue sino hasta en los Acuerdos de Paz que los derechos de los pueblos indígenas recibieron renovada atención.

La historia de la evolución de los derechos se ha basado en una premisa de justicia según la cual todas las personas tienen la misma dignidad y derechos por el hecho mismo de ser personas. Esta premisa ha tenido diversas fuentes, desde concepciones religiosas, filosóficas o ideológicas entiendo éstas como una concepción particular de la sociedad y del ser humano. De esa cuenta los derechos se han ampliado a derechos sociales, civiles, económicos, políticos y culturales. En tal sentido, no hay una razón válida que limite los derechos al derecho a la vida, la libertad o la propiedad privada. No hay duda que estos derechos son importantes pero no son ni pueden ser los únicos con validez moral para ser considerados como derechos. Los cambios sociales o del Estado sólo pueden aceptarse si éstos suponen una ampliación de los derechos y las libertades, un mejor aseguramiento de éstos y si los más desfavorecidos de la sociedad mejoran sus condiciones pues de esa manera constituye un avance en el respeto a su dignidad.

De las anteriores consideraciones, creo que la propuesta de marras tiene elementos que podrían tener efectos positivos (como los mecanismos que buscan reducir la discrecionalidad de los funcionarios públicos) pero la misma propuesta contiene un elemento regresivo importante, como es el Senado gerontocrático. Además de ser regresivo (que nos estaría remontando a la antigua Roma), dicha propuesta generaría un privilegio al limitar la oportunidad de ser senadores a una minoría de personas (las comprendidas entre los 50 y 65) en razón de una mera circunstancia a saber, la edad. Como tal, ninguna persona tiene control sobre la misma, es decir, nadie puede elegir si puede vivir más allá de los 50 años y de esa manera gozar de dicho privilegio (como suele decirse coloquialmente, nadie tiene comprada la vida). Esto sin mencionar que dicha propuesta atentaría contra el artículo 4º de la parte dogmática de la actual Constitución, reformable sólo mediante Asamblea Nacional Constituyente.

Finalmente y no menos importante para concluir estas reflexiones, la propuesta de Pro-Reforma pretende justificarse en la necesidad de reducir la pobreza y la delincuencia, fines a los cuales no creo que haya alguien que se oponga en su sano juicio. Después de todo, para lograr tales fines bien podría proponerse una dictadura (los apologistas de la dictadura chilena le atribuyen la bonanza económica como uno de sus logros y para justificarla, para poner un ejemplo). Sin embargo, si en algo existe acuerdo es que el fin no justifica los medios. En suma, pareciera que la propuesta en cuestión ha dado la espalda a la historia y constituye más bien una rara abstracción política.

Esto también es parte del debate

2009-09-10T10:14:00.000-07:00

... y de la "lucha mediática" entre las distintas posturas. ¿Qué opina?

Respondiendo a ProReforma

2009-09-10T07:16:00.000-07:00

por Álvaro Velásquez
Siglo XXI (10 sep 09)

En reciente entrevista en el Programa EsteoEste del Canal Antigua (6/9/2009), los principales voceros del Proyecto de Constitución de la Asociación Pro Reforma, expusieron nuevos argumentos que me interesa abordar: Sostienen que pese a que la posición de prestigiosas organizaciones e instituciones representativas de diversos sectores sociales y de los pueblos mayas, en el marco del proceso de Audiencias Públicas promovidas por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República han venido siendo contrarias a dicho Proyecto de Constitución (excepto, las organizaciones involucradas en su autoría y de importante aliados como la Alianza Evangélica o el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales - CIEN), ellos dicen que de todos modos el Congreso de la República debería someterla a Consulta Popular como una muestra de democracia.

Razonan que la opinión de los grupos y entidades o expertos consultados, aunque respetable, es inválida alegando que están sesgadas ideológicamente o tienen “mala fe” por lo que el verdadero camino sería la Consulta Popular, en donde ellos sí tendrán la capacidad de convencer al pueblo porque la situación de Guatemala es insoportable en violencia, pobreza y privilegios con la Constitución actual (esta última declaración sigue siendo falaz, pero entendible por apologética).

Curioso que, mientras el CIEN en una posición favorable pero equilibrada de dicha propuesta, pidió, sin embargo, que a Pro Refoma se le dé “la oportunidad de ser escuchada en un diálogo político justo y honesto” (cf. Sitio Web del CIEN) cosa que de todos modos ya está ocurriendo; la posición de Pro Reforma contradiga el diálogo político, pues con su argumento invalidan las Audiencias Públicas, a las entidades representativas y al mismo Congreso de la República, que está ejerciendo su soberanía en esto.

Pero el argumento de Pro Reforma, confirma también lo que siempre he sostenido aquí: que el punto de vista de ProReforma (mezcla de conservadurismo político con paleoliberalismo económico y con pretensiones de establecer la aristocracia y la soberanía de la minoría en el país), sería bienvenida, pero en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente, o bien a través de su propio Partido Político, pero no como para adoptar socialmente, a priori, su propuesta. De ahí que no extrañe el sesgo ideológico -tan legítimo como el de ellos- de otros grupos y sectores sociales que la rechazan, porque cada sector es eso: una parte del todo. Y vaya que no hemos visto a grupos sectoriales redactar sus propios modelos constitucionales.

Y añado: puesto que en la forma y en el fondo, la Constitución de Pro Reforma es otra Constitución diferente a la actual y no una simple reforma parcial, mal haría el Congreso en someterla a Consulta Popular, porque siendo éste un mecanismo vinculante, sus efectos serían automáticos para el conjunto de la sociedad, siendo ello ilegal e ilegítimo.

Otro argumento que les escuché, es que los que nos oponemos a su proyecto de Constitución, rechazamos toda reforma constitucional, lo cual es falso, porque ello también es deseable, pero dentro de un proceso de Reforma Democrática del Estado, con un procedimiento plural y cuyos contenidos, sean el espejo de la sociedad (Sartori). Pero ante lo visto es preferible lo que tenemos.

Mayoría desaprueba reformas a la Constitución

2009-09-08T09:14:00.000-07:00

por Alejandro Pérez
Noticia en elPeriódico (08 sep 09)

Conforme la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso continúa con el proceso de audiencias de sectores para pronunciarse sobre dos iniciativas de reformas a la carta magna, se evidencia la falta de apoyo para estas modificaciones.

Ayer fue el turno de la Alianza Evangélica, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y la Fundación Esquipulas, y aunque 2 de estas abogaron por las reformas, José Gándara, miembro de la sala de trabajo, expresó que sólo 7 de los 45 grupos que se han manifestado hasta el momento opinan que debe emitirse un dictamen favorable para la propuesta que promueve el grupo ProReforma.

Héctor Nuila, integrante de la misma Comisión, indicó que no pasan de seis los grupos que se han manifestado sobre la propuesta de la bancada Libertad Democrática Renovada (Lider), y la mayoría ha sido para expresar su desacuerdo.

Las audiencias continuarán hasta la última semana de septiembre y el 26 de octubre se reunirá la Comisión en las afueras de la ciudad, para anunciar su decisión el día siguiente.

ProReforma: ¿Hay intelectuales honestos en Guatemala?

2009-09-08T07:39:00.000-07:00

Por Leonel Morales

Intentar hacer un recuento de las mentiras que se dicen en los artículos de opinión acerca de ProReforma sería una tarea colosal. Simplemente son demasiadas. En torno a ProReforma son pocos los columnistas que han adoptado una actitud de neutralidad, Juan Luis Font de elPeriódico y Adrián Zapata de Siglo XXI se aproximan a esa postura en mi opinión, el resto o escribe a favor o en contra.

Cuando existen dos posturas tan irreconciliables respecto a una cuestión es evidente que las dos no pueden estar correctas al mismo tiempo. La lógica de la dialéctica hegeliana, en la que de la disputa entre tesis y antítesis necesariamente devenía en una síntesis, en la práctica no ha sido capaz de llevarnos a ese estado prometido de total armonía en la que todas las contradicciones han sido resueltas, la experiencia nos ha mostrado algo muy diferente a esa idealización.

Asumiendo que quienes escriben columnas de opinión deben tener cierta altura intelectual, pues de otra forma no podrían articular ideas sobre temas que requieren análisis de cierta profundidad, es congruente exigirles que se apeguen a la verdad, tengan cierto respeto por la lógica y eviten la falacia, que coloquen la búsqueda del bien común antes que el favorecer a intereses particulares, en fin, que sean honestos.

Un estudio objetivo de ProReforma debería empezar con una lectura desapasionada de la propuesta, desligándola de la ideología e intenciones (reales o imaginarias) que se atribuye a sus proponentes. De otra forma lo que resulta es la opinión sobre los proponentes y sobre su ideología, lo cual no sirve de nada, ni hace ningún bien al guatemalteco que confía en la opinión educada de su columnista favorito.

Artículo por artículo – la verdadera “carne” o contenido de ProReforma – resulta una propuesta valiosa con la visión de una estructura estatal que efectivamente podría sacarnos del subdesarrollo al combatir un flagelo que está directamente relacionado con la violencia y la pobreza: la corrupción de los funcionarios públicos en razón de su designación, de la injerencia que les hemos permitido llegar a tener sobre los distintos poderes – el ejecutivo sobre el legislativo y éste sobre el judicial – lo que ha resultado en la maquinaria perfecta para producir impunidad.

Al quedar impunes los actos de corrupción una buena cantidad de recursos que deberían emplearse en inversión productiva, educación, salud, seguridad y en proyectos de asistencia a comunidades en situaciones desfavorables, cambian de destino y van a parar a la bolsa de funcionarios viles pendientes sólo de su propio beneficio.

Sin importar la ideología que tengamos, es claro que como guatemaltecos debemos corregir el sistema que posibilita la corrupción. ProReforma es una buena opción para ello, al desligar al ejecutivo del nombramiento de múltiples funcionarios – contralor general, procurador general, gobernadores departamentales, y hasta jueces y magistrados – al posibilitar el premio o el castigo a su gestión de una forma más directa – premiándolo con una cámara de diputados más favorable luego de dos años de gobierno, o castigándolo con la eliminación de cualquier “aplanadora” legislativa y hasta con la destitución luego del mismo período – instituyendo un órgano encargado de las leyes y códigos de derecho privado – tan descuidados por el congreso actual con todo y sus 158 diputados y 55 comisiones “de trabajo” más interesados en conseguirse nuevas prebendas que en actualizar y modernizar esos códigos – por mencionar sólo algunas de las facetas de la propuesta.

¿Se puede ser un columnista honesto e ignorar toda objetividad para atacar a ProReforma sólo por la ideología e intenciones (reales o imaginarias) de sus proponentes? ¿Habrá algún columnista lo suficientemente valiente para decir “me he equivocado al analizar a ProReforma porque atendí a cuestiones ideológicas antes que a los efectos reales previsibles de su aplicación y ahora voy a cambiar mi enfoque”? Me encantaría que Diógenes viniera con su lámpara a buscar a ese columnista, pero sobre todo ¡me encantaría que lo encontrara!

ProReforma IX

2009-09-07T06:46:00.000-07:00

por Irmalicia Velásquez Nimatuj
elPeriódico (7 sep 09)

Otro tema de ProReforma es lo relativo a las consultas populares, dado que plantea que se realizarán cuando se deban tomar decisiones políticas que afecten la vida, la libertad o la propiedad de las personas. También para decir la revocación del mandato del Presidente y Vicepresidente de la República y para destituir al Presidente al existir un voto de censura tras citación ante la cámara de diputados.

Pero la propuesta omite que las consultas son también un derecho que los pueblos indígenas han demandado que se realicen y se respeten, a partir de que Guatemala ratificó el Convenio 169 de la OIT , en 1996. A la fecha se han realizado más de 25 consultas en comunidades indígenas, relacionadas al uso y asignación de licencias para la explotación minera a empresas transnacionales. Sin embargo, el Estado se ha negado a aceptar y respetar el resultado de las consultas a pesar de que se realizaron dentro del marco de este convenio. O sea, se impulsan las consultas que convienen a un sector, pero se omiten las que tienen relación no sólo con derechos individuales, sino también con derechos colectivos.

Además, se propone que todos los años se celebren elecciones en el país para elegir a los senadores que sustituirán a quienes cumplan 66 años. Y cada 2 años abran elecciones para renovar a la mitad de la cámara de diputados. La propuesta lleva a concluir que se estará entre consultas populares y elecciones por lo menos una vez al año. Las continuas elecciones requerirán de fondos, por lo que se incrementará el gasto del Estado dado que el Tribunal Supremo Electoral deberá realizar consultas y elecciones constantemente, lo que disminuiría la raquítica inversión en el gasto social.

En lo que se refiere al funcionamiento de las organizaciones políticas, como los partidos políticos, estas se verán vulneradas porque no se necesitarán como vehículos para postular a candidatos para ejercer el cargo de senadores. Esta es una propuesta que deberá discutirse con agudeza y preguntar: ¿es posible que en un país pobre, saqueado, sin recursos, con altos índices de exclusión y sin credibilidad en quienes dirigen los tres poderes del Estado, pueda impulsarse la construcción de un Estado democrático sin que existan los partidos políticos? Y de ser así, ¿cuáles serán las nuevas arenas políticas que incentiven la discusión, la crítica o la oposición necesarias para construir o reformar la institucionalidad de cualquier país?

¿Por qué un senado?

2009-09-06T07:24:00.000-07:00

por Manuel F. Ayau Cordón
Prensa Libre (06 sep 09)

Así como ha merecido apoyo la propuesta de un senado por la asociación proReforma, otros se han opuesto. Unos critican sin haber leído la propuesta, e inclusive “citan” lo que la propuesta no dice. Y algunas críticas obviamente orquestadas para dar la impresión de que son muchas, repiten, por ejemplo, que el senado propuesto será todopoderoso, cuando de acuerdo con las funciones propuestas, no tendría poder político alguno. La cámara de diputados es la que tiene poder.

Se proponen dos cámaras porque la naturaleza de sus funciones es diferente: la cámara de diputados tendría el poder político porque maneja el presupuesto y el derecho público, y el Senado, principalmente el Derecho Privado y otros códigos y disposiciones generales que deben estar alejadas de la política, como la designación de magistrados y contralor de Cuentas. Aunque así se acostumbre en otras partes, el que el mismo cuerpo legislativo atienda las dos clases de disposiciones no es lo mejor, pues a una función le corresponde una personalidad político-partidista y a la otra de estadista. Como la propuesta no es copia de otra parte, es lógico que cause escepticismo, pero tiene lógica y mérito.

La forma de integrar el senado tiene el propósito de mejor lograr la idoneidad de sus integrantes y no es discriminatoria, pues todo ciudadano tendrá el derecho de elegir y de ser electo al senado cuando llene el requisito de edad. Estaría integrado por 45 senadores, que duran en sus funciones 15 años y se renueva anualmente por 1/15 parte. Cada año los ciudadanos que cumplen 50 años eligen a tres senadores de su misma edad. Así, entran a los 50 años —edad madura— y terminan su período a los 65 —a una edad considerada como de retiro—. Por tanto, serán representativos —aunque no representantes— de las 15 generaciones de adultos que, en cualquier momento, tienen entre 50 y 65 años de edad.

La ventaja de que sus electores sean sus contemporáneos es porque ellos podrán juzgar mejor la honorabilidad y buen juicio de los candidatos, por sus ejecutorias y reputación, y no por sus promesas y propaganda, pues habrán vivido la misma época.

Las elecciones son sencillas, pues cada año votan solo quienes cumplen 50 años. Puesto que no tiene caso incurrir en el gasto de propaganda masiva dirigida a millones que no van a votar y como cada ciudadano elegirá a sus tres senadores solamente una vez en su vida, es de esperar que lo tendrán bajo consideración con años de anticipación. Las campañas serían de voz en voz promovidas por comités cívicos o ciudadanos individuales.

Se anticipa que el Senado no será de mayor interés a partidos políticos, porque sus atribuciones no se prestan para corresponder favores o atender compromisos, ya que solo puede decretar disposiciones generales, abstractas e igualmente aplicables a toda persona, grupo o región del país y, en consecuencia, ningún sector o partido político puede derivar exclusivo beneficio. La no reelección suma a la apoliticidad.

Las elecciones: el Tribunal Electoral convoca a votantes por los medios; instruye sobre el proceso a quienes votarán; recibe nominaciones con los requisitos establecidos; emite papeletas nominales en papel de seguridad; entregadas y llenadas por el votante, el Tribunal las recibe en los lugares asignados y procede al conteo. Un proceso simple, transparente, sin mesas electorales ni gran publicidad.

Exposición en la Audiencia Pública por parte de la Asociación ProReforma

ProReforma from proReforma on Vimeo.

Conversando con Muso Ayau

2009-09-05T14:40:00.000-07:00

Por Sylvia Gereda Valenzuela
elPeriódico (5 sep 09)

Muso Ayau es una de esas figuras enciclopédicas. Uno de esos hombres brillantes que ha hecho historia y que a sus ochenta y pico de años continúa con la energía y fuerza suficientes para seguir planteando propuestas y soluciones, para sacar a este país del caos, donde como él dice, “lo único que no han arruinado es el paisaje”.

He tenido la oportunidad de sentarme a conversar con Muso para intentar conocer su última propuesta: ProReforma. Un proyecto innovador y poco comprendido, pero que con sus virtudes y defectos, plantea una opción para intentar reformar el sistema fallido. Me impresiona la fuerza de Muso para conseguir que el país discuta sus propuestas. Aunque una parte lo adversa y otra lo apoya, su genialidad consiste en que está generando un nuevo diálogo y debate sobre la urgencia de crear un nuevo pacto social para rescatar el sistema colapsado del país.

Muso es fundador de la Universidad Francisco Marroquín y destacado intelectual libertario. Uno de los puntos medulares de su propuesta se basa en que en los sistemas legales de nuestros países no pueden corregirse mediante los sistemas democráticos (entiéndase desde el Congreso) porque existen leyes que han sido creadas para satisfacer intereses particulares y políticos, que atentan en contra de los derechos individuales, que es el foco medular de ProReforma.

Y entonces, la opción que él plantea es fortalecer el poder judicial mediante el surgimiento de una nueva casta de ciudadanos honorables e independientes, capaces de defender los derechos individuales de cada guatemalteco. Con su propuesta, situaciones penosas como las que vivimos, en las que el presupuesto para el Organismo Judicial fue rebajado a dedo por el Congreso y Ejecutivo, serían imposible que ocurrieran. “En ProReforma se plantea la autonomía del Organismo Judicial y el manejo de su presupuesto alejado de intereses del Presidente o diputados”, me comenta Muso.

El doctor Ayau plantea que ProReforma es una panacea para paliar los problemas inmediatos que afronta el país. “Si tenemos un poder judicial fuerte atacamos la corrupción, que surge cuando el funcionario tiene la discrecionalidad de afectar los derechos individuales”. También plantea que la violencia que impera en Guatemala, donde más de 19 personas son asesinadas en un día, se corrige poniendo énfasis en un poder judicial que defienda los intereses individuales e imponga penalidades duras. “Todos queremos protegernos de los efectos de los demás, pero tenemos que aprender a tolerar al otro y saber que tenemos límites. Debemos tolerar al otro en la misma medida en que yo pido tolerancia para mí. Si se respetan derechos individuales se erradica la pobreza y se corrige el sistema”, explica.

Otro de los puntos innovadores que Muso propone en ProReforma es la creación de dos cámaras. Una conformada por diputados que velen por el derecho público y las demandas de sus electores, pero donde se impongan candados para impedir que los diputados emitan leyes o decretos arbitrarios dirigidos a conceder privilegios a determinados grupos.

Los planteamientos de Muso, contenidos en ProReforma y avalados por 73 firmas, son largos para plantearlos en una columna, pero se enfocan en terminar con el mercado de privilegios de ciertos sectores y ponen su fuerza en el fortalecimiento de los derechos individuales para resolver la pobreza. Con virtudes y defectos, ProReforma plantea una oportunidad para renovar nuestro sistema, para discutir cómo levantamos un Estado fallido. Definitivamente, seguiremos teniendo a Muso por mucho tiempo, para hacernos reflexionar y conocer nuevas propuestas que necesitan del debate y el consenso.

ProReforma VIII

2009-08-31T07:15:00.000-07:00

por Irmalicia Velásquez Nimatuj
elPeriódico (31 ago 09)

El tema de la edad es central en la propuesta de ProReforma. Aquí se detallan algunos cambios que proponen en relación a la edad para optar a cargos, muchos de ellos serían vitalicios. Para el cargo de Presidente de la República se aumenta la edad a 45 años, con la observancia de que un presidente con esa edad tendría restricciones para votar en las elecciones de senadores. Mientras el Fiscal General sería electo por la Corte Suprema de Justicia y ejercería sus funciones en forma vitalicia. La corte podrá removerlo por causas justificadas, pero esas causas no aparecen en la propuesta.

En el Organismo Judicial se aumenta la edad para optar al cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de 40 a 45 años y 15 años de experiencia. Peligrosamente, establecen el carácter vitalicio a los cargos de magistrados, cualquiera sea su categoría y a los jueces de Primera Instancia, siempre que no incurran en las causas de remoción establecidas en la ley. Los ProReforma no toman en cuenta que la corrupción, parcialidad, falta de certeza jurídica en las resoluciones de jueces y magistrados son características por más conocidas. Establecer que estos cargos sean vitalicios, fortalecería la impunidad imperante en el país. Además, sería inconveniente porque fomentaría la desigualdad en el acceso a cargos, impediría la renovación de profesionales y mermaría en los jóvenes las oportunidades de ascender.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad aumentan de 5 a 10 titulares, deberán tener 50 años, ser designados por el Senado y ejercerán sus funciones en forma vitalicia.

En conclusión, los cuatro poderes del Estado –incluyendo el Senado– estarían en manos de personas que no representan a la mayoría de la población.

A los jóvenes profesionales se les excluye 20 años de la participación política, lo que traería como consecuencia una juventud apática e indiferente a los problemas del país.

Excluir a los jóvenes para optar a estos cargos argumentando que viven en una realidad alejada de la verdadera es una falacia y una pobre generalización. Exponer que es necesario que vivan experiencias de su edad y que luego de recorrer una vida puedan ejercer su derecho a elegir y ser electos, para evitar que asuman decisiones erradas, es desconocer los conocimientos internos de los pueblos del país, en donde los jóvenes son preparados para ser el relevo de la generación que le antecede y los continuadores de batallas colectivas.

ProReforma VII

2009-08-24T06:58:00.000-07:00

por Irmalicia Velásquez Nimatuj
elPeriódico (24 ago 09)

La propuesta de ProReforma promueve la intervención y siembra desconcierto en las atribuciones que le corresponden al Congreso, al Presidente de la República y a la Corte Suprema de Justicia, y de aprobarse atentaría en contra del principio de la separación de poderes.

Por ejemplo, faculta al Congreso el destituir al Presidente y al Vicepresidente de la República por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones, pero la causal la deja ambigua, abierta a las interpretaciones y al ejercicio de los intereses de los sectores que controlen el Congreso. Por eso, su estrategia es expeditar el escenario y no define cómo y cuándo el Presidente y Vicepresidente se extralimitan es sus funciones. También señala que una denuncia de corrupción implicaría la destitución de estos funcionarios. O sea, los ponentes borran el principio de que todos, incluso el Presidente, tienen el derecho de ser oídos y vencidos en juicio. Si esto le ocurrirá a estas autoridades, qué podrán esperar los comunes que se atrevan a cuestionar el sistema.

Obligan a la Cámara de Diputados a convocar en consulta popular –y a los diputados que se nieguen se les iniciará procesos penales– la revocación del mandato del Presidente y del Vicepresidente, cuando 100 mil ciudadanos inscritos en el padrón electoral lo soliciten. La figura del Presidente queda supeditada al Congreso. Aquí manejan a su conveniencia la edad de los ciudadanos porque en este caso el ejercicio de consulta no se limita por edad, como sí ocurre en la elección e integración del Senado.

De manera arbitraria el Gabinete presidencial sería seleccionado por el organismo Legislativo y le quitan al Presidente el derecho de veto en las leyes que dicte el Senado y plantean que sólo el Senado y la Corte Suprema formularán las leyes, perdiendo este derecho el Presidente, la Usac, el Colegio de Abogados y el TSE.

Otra confusión e intervención entre los poderes se evidencia en las reformas que se proponen al organismo Ejecutivo, al señalar que el Presidente tiene la obligación de hacer que se cumplan las sentencias judiciales.

Contradictoriamente, facultan al Presidente para dirigir y organizar los servicios públicos que el Estado preste, pudiéndolos suministrar cualquier persona natural o jurídica, sin perjuicio y sin necesidad de licencia o autorización. ¿No es contradictoria esta facultad con el discurso de acabar con la corrupción en las altas esferas del Estado?

Posición Política del CONSEJO POLITICO 13 BAKTUN

2009-08-17T14:12:00.000-07:00

Frente a las iniciativas de reforma constitucional,
Registro números 4028 y 4031

Honorables Diputados de la Comisión Legislación y Puntos Constitucionales
Congreso de la República de Guatemala.
Opinión Pública Nacional e Internacional.

Honorables Diputados:

Los abajo firmantes miembros del El CONSEJO POLITICO 13 BAKTUN, conformado por personas mayas que buscamos contribuir a la construcción de la democracia con justicia social, del estado pluricultural, multiétnico y multilingüe, de la unidad nacional en base al respeto y reconocimiento de la identidad y los derechos de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, a la lucha contra la práctica de marginación, discriminación y el racismo del estado guatemalteco contra los pueblos indígenas así como a la preservación de los bienes, recursos naturales y territorios indígenas, el fortalecimiento de las instituciones y la participación de los pueblos indígenas a los distintos niveles del Estado, en atención y respuesta a la convocatoria hecha por la Comisión Legislación y Puntos Constitucionales del honorable Congreso de la República el 11 de junio del 2009 para efectuar, a través de un proceso de audiencias públicas, las observaciones, comentarios y propuestas referidas a las INICIATIVAS DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA, registros Número 4028 y 4031, expresamos nuestra opinión política en los términos siguientes:

A. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS DOS INICIATIVAS DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA, Registro números 4028 y 4031:

1. El sistema político y la forma de gobierno efectivamente ha entrado en crisis que se refleja entre otras, en tres aspectos importantes y trascendentales para la vida de Guatemala, los cuales son:

a. no ha resuelto y no puede resolver los problemas de pobreza, extrema pobreza, miseria, desnutrición crónica de la niñez que vive la mayoría de la población guatemalteca,

b. es incapaz de controlar la criminalidad, combatir la impunidad, aplicar las leyes, y mucho menos, garantizar los derechos de todos los guatemaltecos, sus sectores sociales y los pueblos indígenas que la habitan,

c. los organismos del Estado están en manos de grupos del crimen organizado, el narcotráfico y de miembros de los sectores poderosos económicamente.

Es decir, no ha sido y no es un Estado que busque el bien común, que esté al servicio de los guatemaltecos y las guatemaltecas, desde su fundación en 1,821, con excepción del período 44 – 54 del siglo pasado.

2. La crisis del sistema político guatemalteco se asienta sobre un defecto de origen colonial, elitista, racista, discriminador y excluyente del Estado guatemalteco hacia los pueblos indígenas desde su fundación en el contexto de la llamada independencia de 1,821.

Pese a que los levantamientos, motines y rebeliones indígenas en contra del trabajo forzado, los tributos y todo tipo de abusos de poder por el régimen colonial, fueron utilizados en parte por las élites criollo ladinas de aquella época para justificar su independencia de su madre patria española en 1,821, los pueblos indígenas hemos sido excluidos del diseño y la aprobación de las distintas constituciones políticas del Estado guatemalteco.

3. La crisis del sistema político guatemalteco, hoy aceptada por numerosos sectores sociales y fuerzas políticas, refleja la necesidad de un nuevo diseño del Estado guatemalteco que solo puede ser viable si es en función de los intereses de las mayorías, los sectores sociales en su conjunto, los pueblos indígenas Maya, Xinka y Garífuna, se configura a partir de su participación directa y contiene una clara proyección democrática, participativa, pluricultural, multiétnica y multilingüe. Por tanto, no puede ser sólo la expresión de los intereses de un solo grupo.

B. SOBRE LA INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL Registro número 4028, del Grupo Pro Reforma.

1. Los valores culturales en base a los cuales las élites criollo ladinas asentaron la constitución de las primeras repúblicas a partir de 1,821 fueron aquellos que habían hecho “grande a la civilización occidental”.

La propuesta del Grupo Pro Reforma, retoma este fundamento casi 200 años después, cuando la humanidad y lo más elevado de la intelectualidad humana ha entrado por la senda del reconocimiento de las civilizaciones y los pueblos indígenas, en el extenso campo de las sabidurías ancestrales de los pueblos indígenas, y en clara contradicción con la vigencia de instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT ratificado por el congreso de la República de Guatemala, así como, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en septiembre del 2007 por la asamblea general de las Naciones Unidas.

Los fundamentos de la propuesta de reforma de la constitución del Grupo Pro Reforma resultan contrarios al desenvolvimiento de la historia humana, son conservadores y ponen a nuestro país 200 años atrás del concierto de naciones del mundo.

2. En el marco de las normas internacionales sobre derechos humanos en la actual Constitución Política de la República de Guatemala establece en su ARTICULO 46 la preeminencia de los instrumentos internacionales mencionados sobre el derecho interno, marco de importante trascendencia para la construcción de la cultura de derechos humanos, de legalidad y de derechos de todos los sectores de la sociedad guatemalteca, de los pueblos indígenas que la habitan y de cada una de las y los guatemaltecos.

La propuesta de reforma constitucional del Grupo Pro reforma modifica esta jerarquía y entra en clara contradicción con las normas internacionales y lleva al país a una situación de retroceso en el plano de la convivencia internacional.

3. Los instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, el Convenio sobre Biodiversidad, el Convenio sobre Diversidad Cultural, el Convenio 169 de la OIT, la propia Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en septiembre del 2007, así como a nivel de la legislación guatemalteca en el Capítulo sobre Comunidades Indígenas, específicamente en el Articulo 66 y la Ley Marco de los Acuerdos de Paz Decreto 52 – 2005 y en correspondencia el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas firmados por Estado Guatemalteco y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca – URNG- en 1,995, en su conjunto reconocen los derechos de los pueblos indígenas, su identidad y sus respectivas instituciones. Cada vez hay más conciencia de que sin el reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas es hasta imposible llevar a nuestro país por los senderos de la igualdad de derechos, del respeto a la diversidad y del ejercicio democrático.

La propuesta de reforma constitucional del Grupo Pro Reforma desconoce, excluye, discrimina la participación directa y explícita de los pueblos indígenas y de sus derechos como ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos, al contrario, induce a mantener el racismo y la discriminación hacia los pueblos indígenas de Guatemala impuesta desde 1,524 por los invasores castellano españoles y claramente es desfavorable a la construcción de una Guatemala pluricultural, democrática con justicia social y enfoque de género.

4. En las constituciones modernas el establecimiento de los 3 principales organismos de poder de los Estados, guardan una interrelación de equilibrio e independencia, y por decirlo de otra manera, son una primera forma de distribución y descentralización del poder que delega el Pueblo en los tres organismos del Estado. En Guatemala, son complementarias a estos tres organismos del Estado, aunque con limitaciones de acción y actualmente desnaturalizadas por la crisis del sistema político la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, incluso la Procuraduría de los Derechos Humanos.

La propuesta de crear un SENADO y la Cámara de Diputados, sobre todo por las funciones de centralismo, casi de superioridad máxima del SENADO, y algunas de las funciones de la Corte Suprema de Justicia que propone, invalida la independencia e interrelación entre el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial. En tal sentido, la propuesta es contraria al fortalecimiento del Estado y es antidemocrática, elitista y pone el poder casi total en manos de los guatemaltecos de entre 50 y 65 años de edad, excluyendo a las demás generaciones de guatemaltecos y guatemaltecas.

5. Guatemala, a partir de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera de 1,996 vive un proceso incipiente, débil y tortuoso de democratización en el que cada vez hay una más amplia y ascendente demanda de participación democrática de los distintos sectores sociales y de los pueblos indígenas Maya, Xinka y Garífuna.

La propuesta de reforma constitucional del Grupo Pro reforma es contraria a este proceso de democratización que vive Guatemala y cierra toda posibilidad de superar las limitaciones que tiene la propia Constitución Política de 1,985 aprobada en el contexto de control del poder militar sobre los organismos del Estado en el marco del conflicto armado interno que vivió Guatemala hasta 1,996.

6. Por las consideraciones generales expuestas al principio de nuestra posición política y por las razones referidas concretamente sobre la propuesta de reforma constitucional del Grupo Pro Reforma, opinamos que su fundamento parte del contenido cultural eurocentrista excluyente, racista y discriminador hacia los pueblos indígenas de la época colonial, desconoce la legislación internacional sobre derechos humanos y sobre los derechos de los pueblos indígenas, excluye a los pueblos indígenas Maya, Xinka y Garífuna y los sectores mayoritarios de la sociedad guatemalteca, es claramente una propuesta antidermocrática que, con la creación del SENADO que propone llevaría al Estado guatemalteco a un franco retroceso en términos de la independencia e interrelación de los organismos del Estado y afianzaría el carácter centralista, monolingüe, elitista y racista del Estado Guatemalteco.

7. Por estas razones, en nuestra opinión, a la iniciativa de reforma constitucional registro número 4028 del Grupo Pro Reforma, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del honorable Congreso de la República debe darle dictamen desfavorable.

¡POR UNA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS!
¡POR LA CONSTRUCCION DEL ESTADO PLURICULTURAL, MULTIETNICO Y MULTILINGUE!
¡POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y LA DEMOCRACIA CON JUSTICIA SOCIAL!

CONSEJO POLITICO 13 BAKTUN

Ixim Uleu, 4 Tijax, AÑO 10 IQ’
Guatemala, 17 agosto del 2009.

ProReforma VI

2009-08-17T07:03:00.000-07:00

por Irmalicia Velásquez Nimatuj
elPeriódico (17 ago 09)

Con una redacción confusa ProReforma busca la perpetración de intereses tradicionales nada extraños en países del Tercer Mundo, en donde pequeñas elites extremadamente ricas ven normal que vastas zonas vivan en desdichas económicas y despreciadas por su condición étnica.

Por eso, la propuesta le asigna al Senado la facultad de decretar, reformar, derogar y abrogar la “ley” que regula las relaciones entre particulares, y entre particulares y el Estado en la esfera del derecho privado, así como las normas generales del sistema tributario. Mientras que a la Cámara de Diputados le confiere la función de decretar, reformar, derogar y abrogar “decretos legislativos” que regulan lo político administrativo. Dicen los especialistas que con esta propuesta los ponentes de ProReforma han creado una nueva fuente del derecho con la debilidad de que no incluyeron las investigaciones que les llevaron a concluir que es necesario separar “ley” de “decretos legislativos”.

En el tema de la legislación, la iniciativa pretende quitarle la calidad que tienen los tratados de derechos humanos, que por su naturaleza de ser celebrados en una esfera internacional, son superiores al ordenamiento jurídico interno. Esta es una contradicción que de aprobarse traería una antinomia con la parte dogmática de la Constitución, porque impediría la aplicación de los tratados y significaría un retroceso en dos áreas: la primera, para la lucha que colectivos de hombres y mujeres mantuvieron durante las dictaduras y los gobiernos oligárquicos-militares, violadores de los derechos humanos y silenciadores de las voces disidentes. Esos esfuerzos valiosos han permitido que en Guatemala se empiece a reconocer y se castiguen algunas de las violaciones que han enfrentado personas o comunidades.

Y la segunda, el retroceso para la histórica lucha de los pueblos indígenas, quienes, en condiciones hostiles, han mantenido una tenaz defensa nacional e internacional por el reconocimiento de sus derechos colectivos e individuales, que incluye el derecho a la vida, el respeto al control de sus territorios, a la consulta, a la autodeterminación y a sus propias formas de justicia y administración. Estas demandas han sido poco comprendidas y deslegitimadas aun por aquellos sectores con quienes comparten la opresión de clase y/o la opresión de género, no digamos por los ProReforma quienes, sumisos al capitalismo brutal, aseguran que los indígenas no existen.