jueves, 23 de junio de 2011

Reformar la Constitución Política

Por Roberto Molina Barreto
elPeriódico (23 Junio 2011)

Es vital que los diferentes actores tomen conciencia y unifiquen esfuerzos para conocer las propuestas.

El pasado 31 de mayo la Constitución Política arribó a 26 años. Hemos leído varias columnas de opinión que hacen referencia a varios proyectos de reformas a la Constitución que han sido formulados, de un tiempo a la fecha, por diferentes actores; sin embargo y siendo autor de uno de ellos, no considero que podría decirse que algunos sean mejores que otros, pero sí unos más o menos ambiciosos, más o menos moderados o conservadores frente a otros más agresivos y determinantes.

Entre las propuestas más recientes están la que fuera presentada en conjunto por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) y dos de las Universidades del país, la estatal (Usac) y la Universidad Rafael Landívar, relativas a temas de seguridad y justicia; y la formulada por el suscrito, de manera individual; cabe recordar que en la presentación que llevé a cabo ante la Corte de Constitucionalidad para el período 2011-2016, enfaticé sobre la necesidad y mi total determinación de impulsar una reforma constitucional exclusiva para el sector Justicia, con el objeto de garantizar y fortalecer la verdadera independencia de jueces y magistrados del Organismo Judicial y de la propia Corte de Constitucionalidad.

Estas dos propuestas son las que se encuentran en estos momentos bajo análisis; la de las instituciones en mención se encuentra en discusión en una mesa técnica en el Congreso de la República, y la formulada por el suscrito ha sido compartida con diferentes actores, incluyendo, por supuesto, a la Corte Suprema de Justicia y a la propia Corte de Constitucionalidad, la que recordemos es una de las instituciones que constitucionalmente cuenta con iniciativa para proponer reformas a nuestra Carta Magna.

La Constitución vigente actualmente ha logrado una permanencia única en la historia de Guatemala; tras la crisis institucional vivida en 1993, fue reformada en 1994. Posteriormente, luego de un largo proceso de negociación, el 29 de diciembre 1996 se suscriben los Acuerdos de Paz. Precisamente, en el acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y la Función del Ejército en una Sociedad Democrática, se señaló como una de las grandes debilidades estructurales del Estado guatemalteco, al sistema de administración de justicia, destacándose desde aquel entonces la imperiosa necesidad de su reforma y modernización a efecto de combatir y erradicar la corrupción y, en consecuencia, la impunidad, garantizando el libre acceso a la justicia, la imparcialidad en su aplicación y la independencia judicial. Temas que entrañan una reforma constitucional que nunca pudo llevarse a cabo.

Casi 15 años después, surgen estas propuestas, las que, lejos de ser excluyentes, tienen como punto de convergencia tanto el Acuerdo referido, como el Acuerdo Marco sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral suscrito en Estocolmo, Suecia, el 7 de diciembre de 1996; pues toman en cuenta temas como las garantías mínimas para la administración de justicia, la carrera judicial, los funcionarios del Organismo Judicial, la Policía Nacional Civil, y otras instituciones que integran el llamado sistema de Justicia Nacional, como el Ministerio Público y la Defensa Pública; la formulada por mi persona incluye, además, al Sistema Penitenciario, a la Procuraduría General de la Nación y primordialmente a la Corte de Constitucionalidad.

Por lo tanto y ante la ya no creciente, sino asfixiante ola de violencia, producida por la delincuencia, el crimen y el narcotráfico organizados a nivel internacional y la proliferación de actos de corrupción cometidos por funcionarios y exfuncionarios públicos, resulta imperativo que, cuanto antes, se reestructure y fortalezca, a todo nivel, el sistema de justicia nacional, empezando desde su génesis: la Constitución.

Es vital, pues, que los diferentes actores, la propia sociedad, pero sobre todo las instituciones involucradas directamente en el tema, entre estas, la Corte Suprema de Justicia y la de Constitucionalidad, tomen conciencia y sin recelo ni rivalidad unifiquen esfuerzos junto con el Congreso y sepan comprender la necesidad de conocer de dichas propuestas de Reforma Constitucional a fondo, a efecto de que puedan constituirse en una sola, circunscrita exclusivamente al sistema de justicia nacional, y que pueda ser sometida a consulta popular, pudiendo aprovecharse el próximo evento electoral, sin excusas ni pretextos, pues es sin duda el momento oportuno… de lo contrario y espero me equivoque, su destino será, lamentablemente, el mismo que el de las otras propuestas de reforma y los muchos otros proyectos de ley que se encuentran en el Congreso de la República: dormir el sueño de los justos.

jueves, 2 de junio de 2011

Una reforma tibia, ¿para qué?

Por Eduardo Mayora Alvarado
Siglo21 (02 Junio 2011)

Nos ha tomado un cuarto de siglo reconocer que la designación de nuestros jueces para un período de cinco años era una receta para el fracaso.

La profesión de juez es muy compleja. Son contadas con los dedos de una mano las ocasiones en que las partes de una controversia aceptan el fallo judicial como bueno y justo. Son escasos los asuntos, incluso, en que la parte vencedora reconoce la imparcialidad o ecuanimidad de la decisión del tribunal y todos sabemos por qué: “nadie es buen juez en causa propia”.

Además, no existe el caso perfecto. Las circunstancias de la vida jamás son “blanco o negro”, sino una gama de grises de diversa tonalidad y, por supuesto, todos se ven a sí mismos, siempre, actuando con buenas intenciones… de las que está empedrado el camino al Infierno. Los jueces no pueden más que procurar decantar de la multitud de matices que se les presentan, la esencia del problema. Empero, cuando lo logran, tienen que aplicar el derecho vigente: imperfecto, como obra humana que es.

Y las pruebas, ¡qué pesadilla! Los que acusan ven en un objeto, en una declaración testimonial, en un documento, todo lo que hace falta para inculpar al procesado. Los que se defienden ven todo lo contrario: meros indicios y suposiciones incapaces de vencer la sacrosanta “presunción de inocencia”.

No terminan ahí las dificultades para quienes tienen el poder de juzgar. Hay litigantes y abogados que actúan de buena fe, por supuesto; pero también los hay que recurren a la chicana y la mentira, cuando no a la corrupción abierta o, como ha quedado visto recientemente, a la intimidación y a la violencia.

Y el famoso tráfico de influencias. ¡Qué lacra tan detestable! Todos esos que venden su “amistad”, su ascendencia o sus enchufes para incidir en el criterio del tribunal que juzga…

De ahí que, desde hace siglos, se haya procurado por estadistas, filósofos, juristas y hombres de buena voluntad, crear los medios institucionales y las condiciones materiales para que los jueces puedan llegar a desempeñar su compleja función “razonablemente bien” y con suficiente independencia. La perfección está fuera de este mundo, pero sí es posible implementar un conjunto de reglas de selección, de promoción, de motivación y sanción —también son necesarias—para que los jueces se encuentren ante los más poderosos incentivos para administrar justicia con rectitud. Y el más importante de esos incentivos es la “inamovilidad”.

En este país nos ha tomado un cuarto de siglo reconocer que la elección o designación de nuestros jueces y magistrados para un período de cinco años, era una receta para el fracaso. Finalmente se ha llegado a la convicción de que es necesario reformar nuestra Constitución para proteger y dignificar la función judicial, pero no para beneficio de los jueces, ¡sino de la sociedad y de sus instituciones!

Dadas las circunstancias de la Guatemala de hoy los riesgos y desafíos propios de la profesión de juez son todavía mayores, y a menos que finalmente instituyamos un “Poder Judicial” verdaderamente independiente, pasará otro cuarto de siglo hasta que tengamos que reconocer que, entre cinco y ocho o diez años, las diferencias son de puro matiz. Dadas las circunstancias de impunidad en que vivimos, no estamos para reformas tibias.

miércoles, 1 de junio de 2011

Reforma constitucional

Por elEditorial
elPeriódico (01 Junio 2011)

La semana pasada, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina, hizo público un proyecto propio de reforma constitucional relacionado con seguridad y justicia. Asimismo, a mediados de abril de este año, la Directora Ejecutiva de Asies y los Rectores de la Usac y de la URL presentaron al Congreso una propuesta de reforma constitucional en materia de seguridad y justicia. El año pasado el entonces responsable de la CICIG, Carlos Castresana, también propuso una reforma constitucional en lo que se refiere a la designación del Fiscal General (FG) y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA), la extensión al doble del tiempo de detención antes de que una persona sea consignada ante un juez (actualmente no puede exceder de 6 horas) y la autorización para que los allanamientos se puedan llevar a cabo a cualquier hora y no solamente entre las 6 y las 18 horas.

Estas 3 propuestas de reforma constitucional se suman a otras anteriores. Cabe recordar que el 14 de noviembre del 2008, 6 mil 480 ciudadanos, alentados por la Asociación Guatefutura, solicitaron al Congreso que se reformara la Constitución, en el sentido de fijar en 80 el número de diputados, limitar la reelección de los diputados a 2 veces y eliminar los diputados por Lista Nacional. Por otro lado, el 27 de marzo del 2009, 73 mil 193 ciudadanos presentaron al Congreso un proyecto de reforma constitucional (ProReforma), que propone, entre otros, un sistema bicameral, el referendo revocatorio para el Presidente, la restricción del derecho de antejuicio a delitos cometidos en el ejercicio del cargo público (con suspensión en el cargo cuando se decrete auto de procesamiento penal), la elevación de la edad mínima para ser electo Presidente y Vicepresidente a 45 años, la declaración de que todo impuesto cesará cumplido su objetivo, que los antejuicios de los magistrados de la CC sean conocidos por la CSJ y que los magistrados de esta sean conocidos por magistrados de la CA, que el presupuesto del Organismo Judicial sea aprobado por la CSJ e incorporado al Presupuesto del Estado, que los magistrados de la CC (10 titulares y 5 suplentes) y de la CSJ (15) sean vitalicios y electos por el senado de nóminas elaboradas por Comisiones de Postulación, y que se incorpore el principio de equilibrio presupuestario. La Constitución fue reformada en 1994, tras el clamor popular por la depuración de los poderes del Estado. En todo caso, nos preguntamos: ¿se justifica o no otra reforma constitucional?, ¿cuál es el momento oportuno para reformar la Constitución?, ¿no se estará abriendo una caja de Pandora?

Finanzas públicas en la consulta popular I

Por José Molina Calderón
Prensa Libre (01 Junio 2011)

Al llamado de la Conferencia Episcopal de Guatemala, el 17 de noviembre de 1993, el Congreso de la República de Guatemala aprobó las “Reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala”, mediante un documento que contiene 43 artículos, las cuales fueron aprobadas en la Consulta Popular I del 30 de enero de 1994. El organismo Ejecutivo, por medio de su presidente Ramiro de León Carpio, estuvo de acuerdo con el procedimiento.

Se inició un proceso por el Tribunal Supremo Electoral, quien señaló que regiría el sistema de mayoría relativa para los efectos del resultado electoral, sin fijar mínimo de electores. La población podía expresar públicamente su respuesta a la siguiente pregunta: “¿Ratifica usted las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la República, con fecha 17 de noviembre de 1993?”. El 13 por ciento del electorado dio su voto afirmativo. Se modificaron artículos de la Constitución que se señalan entre paréntesis.

Banco de Guatemala

Se aprobó que el Banco de Guatemala (Banguat) no podrá dar financiamiento directo o indirecto, ni garantía o avales al Estado, a sus entidades descentralizadas o autónomas, ni a las entidades privadas no bancarias. Se cortó de tajo el financiamiento del Banguat al Gobierno de la República y a sus entidades, como se había hecho durante 48 años, de 1946-1994. La única excepción es en casos de “catástrofes o desastres públicos” (133).

Se permite que el Presidente y Vicepresidente de la República puedan ausentarse del territorio sin necesidad de permiso previo (165, e). Se incluye una nueva figura de funcionario público importante, el Fiscal General (165, h). Al tratar sobre la asistencia de los ministros de Estado al Congreso, se agrega que están obligados a asistir a las sesiones de los “bloques legislativos” (168). Se regulará la consulta popular (173).

Se establece el procedimiento para el veto presidencial a las leyes del Congreso y al procedimiento para que el Congreso las apruebe si no está de acuerdo con el presidente (177, 178 y 179). La ley empieza a regir ocho días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo (180). Se indica que el Presidente de la República ejerce las funciones del organismo Ejecutivo por mandato del pueblo (182). Se establece mecanismo para la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, con información cuatrimestral al Congreso, y la forma de nombrar a los trabajadores del Estado (183).

Se reduce de cinco a cuatro años el período del presidente y vicepresidente, cuya elección será mediante sufragio universal y secreto (184). Se establecen normas para que el organismo Judicial publique su propio presupuesto (213). Se amplía el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de 9 a 14, la que se organizará por Cámaras y cada una tendrá su presidente (214). Se prohíbe a los funcionarios del Organismo Ejecutivo, alcaldes y funcionarios municipales, hacer propaganda respecto a las obras y actividades realizadas, una vez hecha la convocatoria de elecciones; se excluye a los diputados (223). Se establece que el Contralor General de Cuentas será electo a través de una comisión de postulación (233) y que sea Contador Público y Auditor (234).

Finanzas Públicas

Se indica expresamente que se debe incluir la aprobación de las inversiones en el Presupuesto General del Estado; se pueden establecer fondos privativos para las dependencias que tengan ingresos propios, para aplicarlos a sus propios gastos; se eliminan los gastos confidenciales o gasto alguno que no deba ser comprobado o que no esté sujeto a fiscalización (237); estos gastos fueron elevados de 1986 a 1993. No podrán transferirse fondos de programas de inversión a programas de funcionamiento o al pago de la deuda pública; la Ley Orgánica del Presupuesto regulará la forma y la cuantía de la remuneración de todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo a las entidades descentralizadas y autónomas (238). Se establece que el Congreso no podrá ampliar el presupuesto sin la opinión favorable del organismo Ejecutivo, si esa inversión o gasto no se encuentran incluidos o identificados en dicho presupuesto (240).

Aporte a Municipalidades

Se aumenta del 8 al 10 por ciento en el aporte del Gobierno Central sobre los ingresos ordinarios del Estado, a favor de las municipalidades; dicha asignación se hará directamente por el Ejecutivo; el monto de ese porcentaje será destinado por lo menos en un 90 por ciento para programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes; el 10 por ciento restante podrá utilizarse para financiar gastos de funcionamiento (257).

El texto completo de mi análisis, escrito en 1993 y de 14 páginas, puede solicitármelo.