lunes, 31 de agosto de 2009

ProReforma VIII

por Irmalicia Velásquez Nimatuj
elPeriódico (31 ago 09)

El tema de la edad es central en la propuesta de ProReforma. Aquí se detallan algunos cambios que proponen en relación a la edad para optar a cargos, muchos de ellos serían vitalicios. Para el cargo de Presidente de la República se aumenta la edad a 45 años, con la observancia de que un presidente con esa edad tendría restricciones para votar en las elecciones de senadores. Mientras el Fiscal General sería electo por la Corte Suprema de Justicia y ejercería sus funciones en forma vitalicia. La corte podrá removerlo por causas justificadas, pero esas causas no aparecen en la propuesta.

En el Organismo Judicial se aumenta la edad para optar al cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de 40 a 45 años y 15 años de experiencia. Peligrosamente, establecen el carácter vitalicio a los cargos de magistrados, cualquiera sea su categoría y a los jueces de Primera Instancia, siempre que no incurran en las causas de remoción establecidas en la ley. Los ProReforma no toman en cuenta que la corrupción, parcialidad, falta de certeza jurídica en las resoluciones de jueces y magistrados son características por más conocidas. Establecer que estos cargos sean vitalicios, fortalecería la impunidad imperante en el país. Además, sería inconveniente porque fomentaría la desigualdad en el acceso a cargos, impediría la renovación de profesionales y mermaría en los jóvenes las oportunidades de ascender.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad aumentan de 5 a 10 titulares, deberán tener 50 años, ser designados por el Senado y ejercerán sus funciones en forma vitalicia.

En conclusión, los cuatro poderes del Estado –incluyendo el Senado– estarían en manos de personas que no representan a la mayoría de la población.

A los jóvenes profesionales se les excluye 20 años de la participación política, lo que traería como consecuencia una juventud apática e indiferente a los problemas del país.

Excluir a los jóvenes para optar a estos cargos argumentando que viven en una realidad alejada de la verdadera es una falacia y una pobre generalización. Exponer que es necesario que vivan experiencias de su edad y que luego de recorrer una vida puedan ejercer su derecho a elegir y ser electos, para evitar que asuman decisiones erradas, es desconocer los conocimientos internos de los pueblos del país, en donde los jóvenes son preparados para ser el relevo de la generación que le antecede y los continuadores de batallas colectivas.

lunes, 24 de agosto de 2009

ProReforma VII

por Irmalicia Velásquez Nimatuj
elPeriódico (24 ago 09)

La propuesta de ProReforma promueve la intervención y siembra desconcierto en las atribuciones que le corresponden al Congreso, al Presidente de la República y a la Corte Suprema de Justicia, y de aprobarse atentaría en contra del principio de la separación de poderes.

Por ejemplo, faculta al Congreso el destituir al Presidente y al Vicepresidente de la República por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones, pero la causal la deja ambigua, abierta a las interpretaciones y al ejercicio de los intereses de los sectores que controlen el Congreso. Por eso, su estrategia es expeditar el escenario y no define cómo y cuándo el Presidente y Vicepresidente se extralimitan es sus funciones. También señala que una denuncia de corrupción implicaría la destitución de estos funcionarios. O sea, los ponentes borran el principio de que todos, incluso el Presidente, tienen el derecho de ser oídos y vencidos en juicio. Si esto le ocurrirá a estas autoridades, qué podrán esperar los comunes que se atrevan a cuestionar el sistema.

Obligan a la Cámara de Diputados a convocar en consulta popular –y a los diputados que se nieguen se les iniciará procesos penales– la revocación del mandato del Presidente y del Vicepresidente, cuando 100 mil ciudadanos inscritos en el padrón electoral lo soliciten. La figura del Presidente queda supeditada al Congreso. Aquí manejan a su conveniencia la edad de los ciudadanos porque en este caso el ejercicio de consulta no se limita por edad, como sí ocurre en la elección e integración del Senado.

De manera arbitraria el Gabinete presidencial sería seleccionado por el organismo Legislativo y le quitan al Presidente el derecho de veto en las leyes que dicte el Senado y plantean que sólo el Senado y la Corte Suprema formularán las leyes, perdiendo este derecho el Presidente, la Usac, el Colegio de Abogados y el TSE.

Otra confusión e intervención entre los poderes se evidencia en las reformas que se proponen al organismo Ejecutivo, al señalar que el Presidente tiene la obligación de hacer que se cumplan las sentencias judiciales.

Contradictoriamente, facultan al Presidente para dirigir y organizar los servicios públicos que el Estado preste, pudiéndolos suministrar cualquier persona natural o jurídica, sin perjuicio y sin necesidad de licencia o autorización. ¿No es contradictoria esta facultad con el discurso de acabar con la corrupción en las altas esferas del Estado?

lunes, 17 de agosto de 2009

Posición Política del CONSEJO POLITICO 13 BAKTUN

Frente a las iniciativas de reforma constitucional,
Registro números 4028 y 4031

Honorables Diputados de la Comisión Legislación y Puntos Constitucionales
Congreso de la República de Guatemala.
Opinión Pública Nacional e Internacional.


Honorables Diputados:

Los abajo firmantes miembros del El CONSEJO POLITICO 13 BAKTUN, conformado por personas mayas que buscamos contribuir a la construcción de la democracia con justicia social, del estado pluricultural, multiétnico y multilingüe, de la unidad nacional en base al respeto y reconocimiento de la identidad y los derechos de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, a la lucha contra la práctica de marginación, discriminación y el racismo del estado guatemalteco contra los pueblos indígenas así como a la preservación de los bienes, recursos naturales y territorios indígenas, el fortalecimiento de las instituciones y la participación de los pueblos indígenas a los distintos niveles del Estado, en atención y respuesta a la convocatoria hecha por la Comisión Legislación y Puntos Constitucionales del honorable Congreso de la República el 11 de junio del 2009 para efectuar, a través de un proceso de audiencias públicas, las observaciones, comentarios y propuestas referidas a las INICIATIVAS DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA, registros Número 4028 y 4031, expresamos nuestra opinión política en los términos siguientes:

A. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS DOS INICIATIVAS DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA, Registro números 4028 y 4031:

1. El sistema político y la forma de gobierno efectivamente ha entrado en crisis que se refleja entre otras, en tres aspectos importantes y trascendentales para la vida de Guatemala, los cuales son:

a. no ha resuelto y no puede resolver los problemas de pobreza, extrema pobreza, miseria, desnutrición crónica de la niñez que vive la mayoría de la población guatemalteca,

b. es incapaz de controlar la criminalidad, combatir la impunidad, aplicar las leyes, y mucho menos, garantizar los derechos de todos los guatemaltecos, sus sectores sociales y los pueblos indígenas que la habitan,

c. los organismos del Estado están en manos de grupos del crimen organizado, el narcotráfico y de miembros de los sectores poderosos económicamente.

Es decir, no ha sido y no es un Estado que busque el bien común, que esté al servicio de los guatemaltecos y las guatemaltecas, desde su fundación en 1,821, con excepción del período 44 – 54 del siglo pasado.

2. La crisis del sistema político guatemalteco se asienta sobre un defecto de origen colonial, elitista, racista, discriminador y excluyente del Estado guatemalteco hacia los pueblos indígenas desde su fundación en el contexto de la llamada independencia de 1,821.

Pese a que los levantamientos, motines y rebeliones indígenas en contra del trabajo forzado, los tributos y todo tipo de abusos de poder por el régimen colonial, fueron utilizados en parte por las élites criollo ladinas de aquella época para justificar su independencia de su madre patria española en 1,821, los pueblos indígenas hemos sido excluidos del diseño y la aprobación de las distintas constituciones políticas del Estado guatemalteco.

3. La crisis del sistema político guatemalteco, hoy aceptada por numerosos sectores sociales y fuerzas políticas, refleja la necesidad de un nuevo diseño del Estado guatemalteco que solo puede ser viable si es en función de los intereses de las mayorías, los sectores sociales en su conjunto, los pueblos indígenas Maya, Xinka y Garífuna, se configura a partir de su participación directa y contiene una clara proyección democrática, participativa, pluricultural, multiétnica y multilingüe. Por tanto, no puede ser sólo la expresión de los intereses de un solo grupo.

B. SOBRE LA INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL Registro número 4028, del Grupo Pro Reforma.

1. Los valores culturales en base a los cuales las élites criollo ladinas asentaron la constitución de las primeras repúblicas a partir de 1,821 fueron aquellos que habían hecho “grande a la civilización occidental”.

La propuesta del Grupo Pro Reforma, retoma este fundamento casi 200 años después, cuando la humanidad y lo más elevado de la intelectualidad humana ha entrado por la senda del reconocimiento de las civilizaciones y los pueblos indígenas, en el extenso campo de las sabidurías ancestrales de los pueblos indígenas, y en clara contradicción con la vigencia de instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT ratificado por el congreso de la República de Guatemala, así como, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en septiembre del 2007 por la asamblea general de las Naciones Unidas.

Los fundamentos de la propuesta de reforma de la constitución del Grupo Pro Reforma resultan contrarios al desenvolvimiento de la historia humana, son conservadores y ponen a nuestro país 200 años atrás del concierto de naciones del mundo.

2. En el marco de las normas internacionales sobre derechos humanos en la actual Constitución Política de la República de Guatemala establece en su ARTICULO 46 la preeminencia de los instrumentos internacionales mencionados sobre el derecho interno, marco de importante trascendencia para la construcción de la cultura de derechos humanos, de legalidad y de derechos de todos los sectores de la sociedad guatemalteca, de los pueblos indígenas que la habitan y de cada una de las y los guatemaltecos.

La propuesta de reforma constitucional del Grupo Pro reforma modifica esta jerarquía y entra en clara contradicción con las normas internacionales y lleva al país a una situación de retroceso en el plano de la convivencia internacional.

3. Los instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, el Convenio sobre Biodiversidad, el Convenio sobre Diversidad Cultural, el Convenio 169 de la OIT, la propia Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en septiembre del 2007, así como a nivel de la legislación guatemalteca en el Capítulo sobre Comunidades Indígenas, específicamente en el Articulo 66 y la Ley Marco de los Acuerdos de Paz Decreto 52 – 2005 y en correspondencia el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas firmados por Estado Guatemalteco y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca – URNG- en 1,995, en su conjunto reconocen los derechos de los pueblos indígenas, su identidad y sus respectivas instituciones. Cada vez hay más conciencia de que sin el reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas es hasta imposible llevar a nuestro país por los senderos de la igualdad de derechos, del respeto a la diversidad y del ejercicio democrático.

La propuesta de reforma constitucional del Grupo Pro Reforma desconoce, excluye, discrimina la participación directa y explícita de los pueblos indígenas y de sus derechos como ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos, al contrario, induce a mantener el racismo y la discriminación hacia los pueblos indígenas de Guatemala impuesta desde 1,524 por los invasores castellano españoles y claramente es desfavorable a la construcción de una Guatemala pluricultural, democrática con justicia social y enfoque de género.

4. En las constituciones modernas el establecimiento de los 3 principales organismos de poder de los Estados, guardan una interrelación de equilibrio e independencia, y por decirlo de otra manera, son una primera forma de distribución y descentralización del poder que delega el Pueblo en los tres organismos del Estado. En Guatemala, son complementarias a estos tres organismos del Estado, aunque con limitaciones de acción y actualmente desnaturalizadas por la crisis del sistema político la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, incluso la Procuraduría de los Derechos Humanos.

La propuesta de crear un SENADO y la Cámara de Diputados, sobre todo por las funciones de centralismo, casi de superioridad máxima del SENADO, y algunas de las funciones de la Corte Suprema de Justicia que propone, invalida la independencia e interrelación entre el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial. En tal sentido, la propuesta es contraria al fortalecimiento del Estado y es antidemocrática, elitista y pone el poder casi total en manos de los guatemaltecos de entre 50 y 65 años de edad, excluyendo a las demás generaciones de guatemaltecos y guatemaltecas.

5. Guatemala, a partir de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera de 1,996 vive un proceso incipiente, débil y tortuoso de democratización en el que cada vez hay una más amplia y ascendente demanda de participación democrática de los distintos sectores sociales y de los pueblos indígenas Maya, Xinka y Garífuna.

La propuesta de reforma constitucional del Grupo Pro reforma es contraria a este proceso de democratización que vive Guatemala y cierra toda posibilidad de superar las limitaciones que tiene la propia Constitución Política de 1,985 aprobada en el contexto de control del poder militar sobre los organismos del Estado en el marco del conflicto armado interno que vivió Guatemala hasta 1,996.

6. Por las consideraciones generales expuestas al principio de nuestra posición política y por las razones referidas concretamente sobre la propuesta de reforma constitucional del Grupo Pro Reforma, opinamos que su fundamento parte del contenido cultural eurocentrista excluyente, racista y discriminador hacia los pueblos indígenas de la época colonial, desconoce la legislación internacional sobre derechos humanos y sobre los derechos de los pueblos indígenas, excluye a los pueblos indígenas Maya, Xinka y Garífuna y los sectores mayoritarios de la sociedad guatemalteca, es claramente una propuesta antidermocrática que, con la creación del SENADO que propone llevaría al Estado guatemalteco a un franco retroceso en términos de la independencia e interrelación de los organismos del Estado y afianzaría el carácter centralista, monolingüe, elitista y racista del Estado Guatemalteco.

7. Por estas razones, en nuestra opinión, a la iniciativa de reforma constitucional registro número 4028 del Grupo Pro Reforma, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del honorable Congreso de la República debe darle dictamen desfavorable.

¡POR UNA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS!
¡POR LA CONSTRUCCION DEL ESTADO PLURICULTURAL, MULTIETNICO Y MULTILINGUE!
¡POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y LA DEMOCRACIA CON JUSTICIA SOCIAL!

CONSEJO POLITICO 13 BAKTUN

Ixim Uleu, 4 Tijax, AÑO 10 IQ’
Guatemala, 17 agosto del 2009.

ProReforma VI

por Irmalicia Velásquez Nimatuj
elPeriódico (17 ago 09)

Con una redacción confusa ProReforma busca la perpetración de intereses tradicionales nada extraños en países del Tercer Mundo, en donde pequeñas elites extremadamente ricas ven normal que vastas zonas vivan en desdichas económicas y despreciadas por su condición étnica.

Por eso, la propuesta le asigna al Senado la facultad de decretar, reformar, derogar y abrogar la “ley” que regula las relaciones entre particulares, y entre particulares y el Estado en la esfera del derecho privado, así como las normas generales del sistema tributario. Mientras que a la Cámara de Diputados le confiere la función de decretar, reformar, derogar y abrogar “decretos legislativos” que regulan lo político administrativo. Dicen los especialistas que con esta propuesta los ponentes de ProReforma han creado una nueva fuente del derecho con la debilidad de que no incluyeron las investigaciones que les llevaron a concluir que es necesario separar “ley” de “decretos legislativos”.

En el tema de la legislación, la iniciativa pretende quitarle la calidad que tienen los tratados de derechos humanos, que por su naturaleza de ser celebrados en una esfera internacional, son superiores al ordenamiento jurídico interno. Esta es una contradicción que de aprobarse traería una antinomia con la parte dogmática de la Constitución, porque impediría la aplicación de los tratados y significaría un retroceso en dos áreas: la primera, para la lucha que colectivos de hombres y mujeres mantuvieron durante las dictaduras y los gobiernos oligárquicos-militares, violadores de los derechos humanos y silenciadores de las voces disidentes. Esos esfuerzos valiosos han permitido que en Guatemala se empiece a reconocer y se castiguen algunas de las violaciones que han enfrentado personas o comunidades.

Y la segunda, el retroceso para la histórica lucha de los pueblos indígenas, quienes, en condiciones hostiles, han mantenido una tenaz defensa nacional e internacional por el reconocimiento de sus derechos colectivos e individuales, que incluye el derecho a la vida, el respeto al control de sus territorios, a la consulta, a la autodeterminación y a sus propias formas de justicia y administración. Estas demandas han sido poco comprendidas y deslegitimadas aun por aquellos sectores con quienes comparten la opresión de clase y/o la opresión de género, no digamos por los ProReforma quienes, sumisos al capitalismo brutal, aseguran que los indígenas no existen.

domingo, 16 de agosto de 2009

ProReforma.org.gt, III

por Armando de la Torre
Siglo XXI (16 ago 09)

El proyecto de reforma parcial de la Constitución, propuesto por setenta y tres mil ciudadanos al Congreso de la República para que a su turno lo someta a consulta popular según la Constitución vigente, resulta demasiado novedoso en Guatemala para que no deje de despertar sospechas, algunas hasta muy maliciosas, en ciertas mentes condicionadas por rutinas intelectuales de muchos años y poco abiertas a lo diferente.

Hasta ahora he visto, para mi sorpresa, que las críticas al proyecto se han enderezado casi en exclusiva hacia la creación de un sistema legislativo bicameral, muy en especial hacia el establecimiento de una posible Cámara Alta integrada por senadores, como lo sugiere el origen semántico del término, por hombres y mujeres en el potencial máximo de su madurez creativa.

La propuesta incluye asimismo muchísimas otras aristas, todas a mi juicio muy beneficiosas al largo plazo en nuestra ruta cuesta arriba hacia un Estado de Derecho y para las que esperamos de la inmensa mayoría de la población su anuencia. Son cláusulas de contenido sencillo, de obvia justificación tenidas en cuenta las prácticas históricas de nuestros hombres y mujeres públicos, y decantadas de una evolución del constitucionalismo mundial de doscientos años.

Como botones de muestra, empecemos por enumerar la que establece la revocatoria del cargo del presidente y del vicepresidente, a iniciativa de cien mil electores empadronados y previa consulta popular mayoritariamente definida.

Seguida de la que reafirma la independencia del Fiscal General de la República y del Contralor General de la Nación con respecto al Presidente en funciones.

O la de mucho mayor evidente trascendencia, la que afianza la autonomía del entero Poder Judicial vis-a-vis de los otros poderes al reconocerle la potestad exclusiva para elaborar su propio presupuesto, combinada con la dilatación de los períodos de ejercicio de sus magistrados.

O esa otra cláusula que prohíbe legislar cualquier privilegio, la degradación más habitual del concepto de “ley”. O aquella que imposibilita la aprobación de presupuestos deficitarios (que de hecho implican diferir la carga de los impuestos a generaciones futuras), o la que establece que quienes ocupen las gobernaciones departamentales no lleguen a esos cargos por una arbitraria escogencia presidencial sino por elección popular. No menos que esa otra que fija el número de diputados con independencia funcional del crecimiento demográfico.

Estos y demás puntos vitales para el logro de ese genuino monumento que es un Estado de Derecho apenas ha atraído la atención de quienes discuten. Sólo la propuesta de la creación de un Senado parece haber levantado roncha.

Me asombra, lo confieso, por el desconocimiento que supone de tal institución dado que nuestros vecinos más influyentes como los EE.UU., México y Canadá siempre han contado con ella en sus constituciones respectsivas, al igual nuestros hermanos del Sur, Argentina, Chile o Perú.

Encima, de cualquier estudiante de bachillerato se espera que sepa que los senadores fueron el fiel de la balanza en aquel exitoso sistema de pesos y contrapesos de la república romana, y que ésa ha sido la razón de su inclusión en las constituciones republicanas modernas.

El sistema bicameral ha sido tradición en la mayor parte de los estados del llamado Primer Mundo, léase la madre España de hoy, o la Italia, Francia, Alemania o el Japón de nuestros días, y también, aunque con vigor disminuido, la del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.

Me veo, por tanto, obligado a concentrarme de ahora en adelante, en estas brevísimas acotaciones, en el tema de la adición al Legislativo de un senado, para responder lo mejor que me sea posible a las legítimas dudas de quienes de buena voluntad han adversado por escrito la reforma parcial de marras de la Constitución Política que nos rige desde 1986.

(Continuará)

¡Estamos en el baile!

por Karen Kancinos
Siglo XXI

Mi país querido podrá ser tachado de peligroso e inseguro, que lo es (pregúntele al caco que me arrebató mi viejo celular hace un par de semanas), pero nadie puede afirmar que su panorama mediático sea, digamos, soso.

Eso me alegra, pues el debate se está encendiendo (más) en torno a la propuesta de ProReforma. Solo en esta semana se publicaron varias columnas sobre el tema.
El jueves 13, por ejemplo, aquí en Siglo Veintiuno, la columna de Eduardo Mayora, con el tono profesoral que caracteriza al jurista, resulta sumamente explicativa. Una buena cosa, pienso, ya que ha prometido entregas subsiguientes a la primera de su serie “ProReforma, libertad y democracia”.

La columna de Adrián Zapata, también catedrático, me pareció analítica y desapasionada, algo para celebrar si lo que se intenta es diseccionar una iniciativa con la que puede estarse o no de acuerdo, pero a la cual se le reconoce existencia en primer término, y seriedad. Afirma Zapata: “…los sectores progresistas, algunos marginales, han hecho de ProReforma el actor a derrotar, dándole tal relevancia que han aumentado su presencia y beligerancia.

Los intentos por descalificar a este actor son múltiples y el debate casi se está planteando entre los que están a favor o en contra de él, abordaje que sin duda beneficia su protagonismo”. Sin duda alguna, Adrián.

En Prensa Libre, la columna de Carolina Escobar, la última (no única) que le ha dedicado al tema, publicada también el jueves 13, es un monumento a la sensiblería. No se la pierda, lector, si le interesa la afectación intelectualoide. Mire que eso de “vergonzosas inconsciencias cifradas en grandes olvidos”, o “Esta reforma parte de legados medievales y coloniales que en Guatemala no han trazado rutas de humanidad y dignidad para la mayoría de la población”, prometen por parte suya, una exclamación del tipo “¡Buen Dios, alguien páseme por favor una hoja de papel bond, bien filuda, para que me duela más la cortada de las venas!” Pero bueno, una dosis de cursilería no viene mal para el debate, pues lo salpimienta.

Por otro lado, en El Periódico, el lunes 10, fue publicada la parte V (¡qué bien!) de una extensa crítica que hizo de ProReforma una colaboradora de ese diario, Irmalicia Velásquez Nimatuj. Ignoro si el texto de esta semana fue la última entrega, pero como sea, celebro cada esfuerzo analítico que se haga sobre nuestra propuesta (con “nuestra” me refiero a quienes la suscribimos, tanto desde sus inicios como desde etapas posteriores, cuando se fueron sumando miles de conciudadanos).

Me apenó mucho, sin embargo, comprobar cómo Velásquez echó a perder la línea argumental que llevaba en su escrito (una línea crítica, a la cual le asiste todo el derecho del mundo), con un parrafito calumniador: “…los ponentes de ProReforma deben aceptar que los privilegios que han acumulado, no pueden seguirlos utilizando para obtener beneficios particulares y corporativos”.

Tan bien que iba la señora. Pero permitió que sus ardores ideológicos resentidos tomaran la batuta de una pieza que estaba, hasta entonces, estructurada académicamente. Eso suele suceder cuando un corazoncito rencoroso prevalece sobre el cerebro, aunque este bien amueblado como el de esa columnista.

Bien, estamos en el baile. Que siga el debate, conciudadanos, pues de eso se trata.

viernes, 14 de agosto de 2009

¿Riña o debate?

por Alfred Kaltschmitt
Prensa Libre (14 ago 09)

Soy de los que creen que la Constitución Política de Guatemala se ha quedado vestida de blanco, a pesar de que la boda ya pasó, el matrimonio tiene 24 años y la familia engendrada les está demandando un cambio a sus progenitores. Dicho de otro modo: los tiempos han cambiado, el modelo está agotado y las demandas sociales, políticas y económicas acumuladas durante este casi cuarto de siglo hacen necesario modificar determinadas partes de nuestra Carta Magna.

Se han reunido y presentado al Congreso 73 mil 193 firmas. Comprobadas y auditadas. De esas 73 mil 193 se hizo una muestra aleatoria de siete mil, porque muchos firmantes solo pusieron su número de cédula, mas no su número de empadronamiento, y así cumplir con el requisito de reunir un mínimo de cinco mil firmas para plantear la solicitud de un referendo. Estos ciudadanos son de todas las clases sociales, no solo algunas fresas de la Marro. Confío en que el debate no sea una riña callejera saturada de ad homines, sino un debate serio a una propuesta profunda y relevante presentada por un grupo de ciudadanos guatemaltecos que anhelamos una mejor Guatemala, más justa, participativa, libre y democrática.

Hago mías las palabras del respetado académico y colega Adrián Zapata expresadas en su última columna: “¿Por qué los actores progresistas no se constituyen en actores notables que reivindiquen modificar el pacto social de los guatemaltecos (as)? ¿No será que el retraimiento político que sufren las izquierdas las inhiben de atreverse a plantear tal modificación? Los acuerdos de paz, la necesidad de trasformar las inequitativas estructuras socioeconómicas prevalecientes, el agotamiento del modelo hegemónico, hasta ahora vigente (y que conste, —dice Zapata—, que no me estoy refiriendo a los medios de producción, sino que al modelo económico que ha dominado la globalización), la crisis que expresa tal colapso, la necesidad de remozar la democracia fortaleciendo su dimensión participativa, son, entre otros, elementos que señalan la necesidad de modificar nuestro pacto social”. Es evidente —continúa Zapata— “que el Estado guatemalteco ha fracasado en la consecución de su fin supremo: lograr el bien común. Hay múltiples indicadores cuantitativos y cualitativos que así lo demuestran. La necesidad de que hagamos un nuevo pacto social es obvia, pero no para reforzar el statu quo, sino que para cambiarlo radicalmente”. —Fin de la cita—.

Auscultemos la propuesta de Pro Reforma, y encontraremos muchas cosas positivas. Por ejemplo: la descentralización de los departamentos y el fortalecimiento del poder local, proponiendo que los gobernadores sean electos por sus propios ciudadanos, y no a dedo por el presidente, como se hace actualmente. Esto es lo contrario a concentración de poder y verticalismo.

¿Acaso no es saludable fortalecer el poder local y quitarle los incentivos perversos a los diputados y al presidente para elegir magistrados a la CSJ y a la CC, al fiscal general y al contralor general de la Nación?

¿Acaso no es mejor que los magistrados de la CSJ sean vitalicios para realzar su investidura y la culminación de una carrera proba y prestigiada sin interferencias politiqueras perversas? El presidente de la Corte Suprema sería electo durante cinco años, y luego en forma rotativa, sus colegas. ¿Acaso no es mejor otorgarle al OJ la libertad de hacer su propio presupuesto y enviarlo al Congreso, para que ahí se discuta la prioridad entre adquirir pelotas de futbol o apertura de nuevos juzgados?

Sigamos en el debate.

jueves, 13 de agosto de 2009

Lecciones de las audiencias públicas

por Marta Juana López Batzín
Diario de Centroamérica (13 ago 09)

En mi artículo anterior, hacía referencia a la existencia de más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil inscritas en la audiencia pública que propició la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República de Guatemala, para escuchar opiniones sobre las propuestas de reformas a la Constitución.

Una de las lecciones que está dejando la participación de las organizaciones de la sociedad civil en esta convocatoria al Congreso de la República, es hacer de esta experiencia una práctica en todas sus comisiones de trabajo.

Es más, extenderla en los departamentos de la República para consultar la opinión de todos los actores a nivel nacional, sobre leyes que impactan la vida presente y futura del territorio guatemalteco y sus habitantes, como el caso de la Ley de Minería, agua y otros.

Este ejercicio democrático debe multiplicarse en los otros dos poderes del Estado, con ello, se estaría avanzando con acciones concretas en la democracia participativa, idea que se ha puesto de moda en los discursos de los mismos congresistas y de los funcionarios públicos.

La forma en que la Comisión de Puntos Constitucionales y el pleno del Congreso vinculen las conclusiones de las audiencias públicas, en sus debates y decisiones sobre la mencionada iniciativa de ley, será otro de los precedentes a aplaudir o a rechazar.

En otro orden de ideas, un aspecto que me llama la atención, en torno a la iniciativa de ley del Grupo ProReforma, es la apertura de apoyo que está recibiendo de los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos.

Haciendo memoria sobre el comportamiento y las opiniones que estos medios y sus columnistas promovieron en el proceso de las reformas Constitucionales en el año de 1998, específicamente en lo que a Derechos de los Pueblos Indígenas se refiere, la actitud fue hostil y su inclinación era por el no.

En esta ocasión, los espacios abiertos son para los argumentos por el sí. Este indicador revela los intereses de clase de los propietarios de las empresas de los medios de comunicación en el país.

A mi juicio, los medios de comunicación deben contribuir al debate amplio sobre los temas nacionales, mediante la apertura de espacios para las distintas opiniones y no sólo para un sector.

La parcialidad de opinión de los medios en el tratamiento de los temas nacionales, los convierte en ejercer una labor de publicistas y no el de formar e informar a la opinión pública.

Pro Reforma no es opción

por Carolina Escobar Sarti
Prensa Libre (13 ago 09)

Dicen que van por el cambio, pero luego de una lectura exhaustiva de la propuesta, lo que queda en la boca es un sabor al más rancio establishment que bien conocemos en este país de asimetrías profundas y vergonzosas inconsciencias cifradas en grandes olvidos. La iniciativa de Pro-Reforma (PR) deja también el inconfundible sabor a siglos; 13, para ser exactos, desde la creación del senado romano que sirve de modelo a esta propuesta de ley que busca reformar “parcialmente” la Constitución de la República de Guatemala (CPRG).

Por cierto, lo de parcial ha de ser una simple alusión a la cantidad de artículos que proponen modificar, porque los cambios son totales y profundos a partir de la lógica misma de la cual se parte para crear esta iniciativa de ley. Ya en su exposición de motivos se habla de la pobreza y la falta de oportunidades que hay en Guatemala, con lo cual estamos todos de acuerdo. El problema es que responsabilizan de esa situación exclusivamente al sistema de gobierno guatemalteco. Es obvio que ciertas élites políticas, sociales y económicas no leen o solo leen los libros de texto de la Universidad, porque quien tiene aunque sea una mínima conciencia sobre la historia de Guatemala, entiende que la situación de pobreza actual es deudora de los maridajes exitosos de los sectores de poder que han sostenido convenientemente un modelo sociopolítico y económico desde la Colonia, basado en el despojo de muchos para la concentración de riqueza en pocos.

Esta reforma parte de legados medievales y coloniales que en Guatemala no han trazado rutas de humanidad y dignidad para la mayoría de la población. Otra coincidencia de forma con la iniciativa de PR es que estoy segura de que la democracia no es solo votar o cambiar gobernantes cada cuatro años. Sin embargo, en lo que difiero es en el fondo: para que una democracia sea democracia, tendríamos que volver al punto anterior, y partir de la igualdad de oportunidades para todos, entendiendo que sólo desde una plataforma social común se puede levantar una nación democrática y vivir como ser humano.

Los siete mil firmantes de dicha iniciativa (no 73 mil, como ellos dicen), se hacen portavoces del resto de la población, y afirman que “los guatemaltecos hemos anhelado que el texto constitucional contenga los valores y principios que han hecho grande a la civilización occidental”. ¿Cuáles son esos valores, según ellos? Basados en un texto de 1810, los definen como “propiedad, libertad y seguridad”. ¿A la propiedad, libertad y seguridad de quiénes se refieren, cuando sabemos que esta nación se funda en la expropiación, en la esclavitud y en la inseguridad de una gran mayoría? En pleno 2009, esos valores, tan malinterpretados por “los de la foto”, siguen siendo nuestro horizonte, pero también nuestra cárcel, porque no los hemos cruzado con otros como la solidaridad, la inclusión, la participación y la justicia plena.

En dos artículos anteriores (Una Reforma con olor a naftalina I y II), expuse ya varias razones más por las cuales no creo en esta propuesta. Hoy quisiera concluir diciendo que no solo se contradice en por lo menos seis de sus artículos con la Carta Magna (Ejs.: Arto. 161 de PR, contradice el 35 de CPRG; Arto. 223 de PR contradice al 40 de CPRG…), sino que privilegia el verticalismo, parte de una ideología por demás ortodoxa, promueve la concentración de poder y el establecimiento de una casta política que tendría la potestad de sostener los privilegios para sí y para algunos sectores, de lo cual ya tenemos bastante. Parece suficiente para no apoyarla.

Posturas respecto a ProReforma

En BLOG de la Comisión de Economía del Congreso, el diputado Mariano Rayo ha colocado varias de las ponencias de las organizaciones que se han presentado a expresar su opinión ante la Comisión de Puntos Constitucionales respecto a la propuesta de la Asoc. ProReforma.

Verlas aquí: http://www.comision-economia.info/

La Reforma Constitucional

por Adrián Zapata
Siglo XXI (13 ago 09)

En el Congreso de la República ya se ha abierto la discusión sobre la posibilidad de reformar la Constitución Política. Hay más de 90 audiencias solicitadas por diversos actores, para expresar sus puntos de vista al respecto.

Este tema tiene una gran relevancia continental, con la conflictividad social y política que lo caracteriza. En América Latina, la bandera de la reforma constitucional está en manos de los sectores progresistas, de izquierda, enfrentando la oposición de las fuerzas conservadoras. Sin embargo, en Guatemala sucede exactamente al revés. Una expresión social llamada ProReforma y otra política denominada Bancada Líder, ambas de clara orientación conservadora, son las que reivindican el cambio de la Constitución. Mientras tanto, los sectores progresistas, algunos marginales, han hecho de ProReforma el actor a derrotar, dándole tal relevancia que han aumentado su presencia y beligerancia. Los intentos por descalificar a este actor son múltiples y el debate casi se está planteando entre los que están a favor o en contra de él, abordaje que sin duda beneficia su protagonismo.

Ahora bien, entre los opositores a las reformas constitucionales también hay entes conservadores, tal el caso de Cedecon, que sin duda estará entre los que adversarán la pretensión reformadora.

Un argumento para oponerse a cualquier intento por cambiar la Carta Magna es la correlación de fuerzas que actualmente se expresa en el escenario político nacional, el cual hace suponer que las posiciones retardatarias serán las predominantes a la hora de decidir cualquier modificación.

Sin embargo, ese razonamiento ya no tiene ningún sentido, porque el debate nacional ya está vigente y tendrá que concluir en uno u otro posicionamiento.

Es en este contexto que cabe algunas preguntas relevantes: ¿por qué los actores progresistas no se constituyen en actores notables que reivindiquen modificar el pacto social de los guatemaltecos (as)?, ¿No será que el retraimiento político que sufren las izquierdas las inhiben de atreverse a plantear tal modificación?

Los Acuerdos de Paz, la necesidad de transformar las inequitativas estructuras socioeconómicas prevalecientes, el agotamiento del modelo hegemónico hasta ahora vigente (y que conste que no me estoy refiriendo al modo de producción, sino que al modelo económico que ha dominado la globalización), la crisis que expresa tal colapso, la necesidad de remozar la democracia fortaleciendo su dimensión participativa, son, entre otros, elementos que señalan la necesidad de modificar nuestro pacto social.

Es evidente que el Estado guatemalteco ha fracasado en la consecución de su fin supremo: lograr el bien común. Hay múltiples indicadores cuantitativos y cualitativos que así lo demuestran. La necesidad de que hagamos un nuevo pacto social es obvia, pero no para reforzar el statu quo, sino que para cambiarlo radicalmente.

ProReforma, Libertad y Democracia, I

por Eduardo Mayora Alvarado
Siglo XXI (13 ago 09)

Pienso que casi cualquier iniciativa de reforma constitucional debería interesarle a todos los ciudadanos. Si no por otra razón, al menos por el hecho de que la modificación propuesta podría incidir de alguna manera en su vida.

Por supuesto que hay muchas otras razones por las cuales un ciudadano puede interesarse en una iniciativa de ese tipo y, por otro lado, hay algunos grupos de personas que, debido a su actividad profesional, a su oficio o sus intereses políticos, no pueden pasar por desapercibido un tema como éste. Me refiero, por ejemplo, a los profesores de ciencias políticas o de Derecho Constitucional; a los periodistas o a quienes propugnan por determinadas posturas ideológicas, ya sea desde un partido político o desde una ONG, por ejemplo.

Generalmente, quienes tenemos más interés en estos asuntos, por cualquiera de las razones mencionadas arriba, intentamos persuadir a quienes tienen menos interés en ello sobre la validez de una determinada visión del asunto, ofreciendo para eso nuestras opiniones. Este ejercicio puede ser de utilidad para la ciudadanía en general, tanto porque muchas veces hay aspectos técnicos que no son de fácil comprensión para quien sea lego en la materia, como también porque casi siempre detrás de dichos aspectos hay un fondo de índole ideológica o de naturaleza axiológica. En otras palabras, una propuesta de reforma constitucional siempre se explica por alguna determinada idea –o ideal— sobre cómo debe ser o de cómo conviene que se organice al Estado y sus poderes.

En esta nota y las dos siguientes pretendo ofrecer mis opiniones sobre cómo se relaciona la propuesta de reforma constitucional de ProReforma con los ideales de libertad y de democracia.

Para eso me parece de provecho empezar por una pregunta básica: ¿para qué reformar la Constitución; acaso no protege la libertad y establece la democracia? Francamente, opino que nadie podría afirmar, con alguna razonabilidad, que nuestra Constitución Política no protege para nada la libertad de la persona, o que de sus reglas fluye un régimen contrario a la democracia. Tampoco me parece posible afirmar, sin incurrir en exageraciones sin fundamento, que la Constitución hoy vigente no haya conllevado ciertos avances respecto de constituciones anteriores. Además, dudo que alguna de ellas (las anteriores) haya tenido tanta incidencia en cuanto a los conflictos sociales y políticos del país. En ocasiones para bien, en otras quizás no tanto.

Y, sin embargo, basta con abrir las páginas de los diarios desde la época de su promulgación hasta el día de hoy, para constatar que, con algunos altibajos, hay ciertas circunstancias de la vida política e institucional de la Nación que han cambiado poco o nada. Empero, a lo largo de esas casi dos décadas y media, son muy diversos los grupos políticos y los equipos que han llegado al poder o a las administraciones públicas, respectivamente. Afirmar, por lo tanto, que “son los hombres y las mujeres que han aplicado la Constitución, pero no ésta, los que han fallado”, parece muy difícil de sostener. ¿De dónde vamos a sacar a esos “otros” políticos o a esos “otros” administradores públicos que no le fallarán a la Constitución? Por supuesto que ha habido diferencias importantes entre un equipo y otro y sería una injusticia “meter a todos en el mismo saco”, pero la realidad demuestra que las probabilidades de que haya ciertas fallas estructurales en el diseño constitucional, son muy altas.

lunes, 10 de agosto de 2009

ProReforma V

por Irmalicia Velásquez Nimatuj
elPeriódico (10 ago 09)

Respecto al mecanismo de elección de los senadores, este es ambiguo. Se elegirán 3 por cada diferente edad de entre 50 a 65 años, que suman 45. Cada año se elegirán 3 nuevos senadores entre quienes cumplan 50 años, que reemplazarán a los 3 que ese año cumplen 66 y dejan el Senado. Además, para la primera elección se necesitarían 15 padrones electorales y 15 urnas, una para cada edad. ¿Realmente se combate la pobreza y la violencia realizando elecciones para nuevos senadores cada año?

Es obvio que esta propuesta vulnera el principio de representación porque sólo las personas de entre 50 y 65 años serán electas para el Senado. Pero además, no corresponde con la realidad dado que el padrón electoral señala que sólo el 17 por ciento de un total de 6 millones 118 mil 472 de empadronados está en el rango de 50 a 65 años. O sea, esta propuesta deja fuera al 83 por ciento restante que tiene derecho a elegir y ser electo.

La propuesta de edad no puede justificarse aunque se base en que el historial de vida de una persona de 50 años está a la vista como prueba de su honorabilidad y de que es conocido por quienes le han antecedido. Otro problema es que limita la representación territorial, porque los requisitos y procedimientos restringen la posibilidad de participación de las comunidades indígenas, quienes por falta de recursos económicos no podrían financiar una campaña electoral cada año. También por la edad dado que por limitantes de acceso a salud y pobreza se reduce la esperanza de vida de quienes viven en la ruralidad, lo que les imposibilitaría ocupar un espacio en el Senado.

Aunado a la restricción por pobreza, ruralidad, edad y desconocimiento del sistema, debe agregarse que de acuerdo a los datos del área de estadística del Comité Nacional de Alfabetización, el índice de analfabetismo nacional se caracteriza porque aumenta paralelamente con la edad. Es decir, el analfabetismo es más alto en las personas de mayor edad.

Entonces, de aprobarse este proceso, quienes ocuparían los cargos de senadores, serían personas capitalinas, con acceso a educación, a los medios de comunicación y miembros de clase media alta para arriba. En el fondo, un proceso como este incentivaría aún más la exclusión y la desigualdad existentes, ante esto, los ponentes de ProReforma deben aceptar que los privilegios que han acumulado, no pueden seguirlos utilizando para obtener beneficios particulares y corporativos.

sábado, 8 de agosto de 2009

Lectores Opinan: ProReforma NO recibirá dictamen favorable

por Carlos A. Mendoza

Estoy leyendo un libro muy interesante: Surowiecki, James (2004). The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations. El mismo cae como anillo al dedo para explicar el alcance que podría tener la última encuesta realizada por este BLOG.



Como se observa, el 80 por ciento de los que participaron piensan (¿creen, sienten o desean?) que es poco probable o improbable que la iniciativa presentada por ProReforma reciba dictamen favorable en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la República de Guatemala.

Según Surowiecki, no es necesario que el grupo que opina (apuesta o especula) sea muy numeroso para aprovechar el conocimiento de sus miembros. Lo que se requiere es que sea diverso, independiente, y descentralizado. Es decir, que haya varios puntos de vista, que los mismos no estén condicionados por lo que otros piensan, y que no haya nadie diciéndoles qué hacer o decir. Si esas condiciones se cumplen, entonces el resultado de agregar las distintas opiniones es la mejor aproximación hacia lo que ocurrirá. Pues cada individuo posee algún grado de información privada que, al ser combinada con la de otros, nos provee de un conocimiento no poseído por ningún otro individuo por más inteligente y informado que sea. Esto es análogo al sistema de precios que se estudia y enseña en la Universidad Francisco Marroquín (UFM).

Si esto ocurriera en el caso de nuestra encuesta, se podría adelantar que la iniciativa de ProReforma no pasará favorablemente el trámite de la Comisión.

jueves, 6 de agosto de 2009

La Constitución de Ayau

por Álvaro Velásquez
Siglo XXI (06 ago 09)

El doctor Manuel Ayau ha escrito a favor del tema de la edad en el órgano denominado Senado, dentro de la Constitución propuesta por ProReforma, lo siguiente: En la Constitución de Guatemala para ser Presidente se exigen 40 años de edad (Art. 185); para magistrados, 40 años (Art. 185); para magistrado de la Corte Suprema de Justicia, 40 años (Art 216); para Corte de Apelaciones, 40 años (Art. 217); para diputados, 18 años (Art. 162); para ministros de Estado, 30 años (Art. 196). ProReforma propone mayores requisitos de edad, y aduce que la experiencia provee buen juicio: “Sabe el diablo más por viejo, que por diablo”.

Contraargumento diciendo que el tema no es la edad ni la sabiduría, sino los derechos de la ciudadanía que en toda democracia se reconocen a partir de cierta “mayoría de edad” y que el principio de la representatividad se mide porque cada persona vale un voto. De modo que los cargos de elección popular (diputados, alcaldes, concejales), excepto el de Presidente de la República por ser la más alta magistratura del Estado, no tienen requisitos previos sino la capacidad de ejercer libremente los derechos. En cambio, funcionarios menores como ministros son “nombrados” por alguna clase de mérito o requisito, sin que con ello signifique que se le violen derechos democráticos. No ocurre lo mismo con los magistrados del Organismo Judicial, quienes se eligen indirectamente por los órganos democráticos, debido a su naturaleza jurídica, no política.

El controvertido órgano del Senado que aparece en la Constitución de ProReforma tendría una función más bien jurídica, antes que política, de modo que pudo proponerse (si tanto es el temor de la minoría plutocrática) que se contemple en la Constitución actual un órgano dedicado solamente al tema del derecho privado, integrado de una manera más diversa; pero en ese caso (tal como de todos modos pasa con su propuesta), un grupo minoritario de la sociedad estaría solicitando leyes exclusivas para situarse por encima de las ya existentes, cosa que no puede hacerse, so pena de interpretarse que se reconoce la soberanía de la minoría. Tal imposibilidad en nuestro ordenamiento jurídico actual es lo único que explica por qué se hacía necesario para ProReforma proponer OTRA Constitución diferente de la actual.

Por cierto que en la Constitución de Pro Reforma, no sólo se elevan los derechos individuales por encima de los derechos sociales y políticos, sino que reduce estos últimos a su mínima expresión, pues los órganos democráticos legislativos y ejecutivos no podrían legislar o tomar competencias sobre la vida, la propiedad y los contratos (sino el Senado). Este diseño vuelve innecesario, redundante o apodíctico el famoso artículo 157 de su propuesta en donde se prohíbe otorgar privilegios y prerrogativas a grupo alguno, si bien el mismo pudo redactarse así: “Se prohíbe todo proteccionismo económico y demás derechos sociales”, pero eso hubiera sido algo así como “se prohíbe que el muerto sea asesinado dos veces”. Más que demostrativo, dicho artículo parecería ser sólo una autoconcesión.

En cualquier caso, recientemente he tenido el gusto de conocer al doctor Ayau y espero que ello signifique un fructífero diálogo intelectual para algo que Juan Luis Font planteó esta semana: en qué convergemos algunos guatemaltecos opuestos para sacar adelante a Guatemala, con inclusión y en paz.

martes, 4 de agosto de 2009

ProReforma y sus contradictorias premisas (I)

por Hugo A. Us A.

Quisiera referirme y cuestionar algunos aspectos que los proponentes de ProReforma suelen señalar con insistencia. El primer aspecto es la declaración contra toda clase de privilegios. El segundo es el énfasis en mejorar el “sistema” y no buscar, infructuosamente, la solución en las personas que nos gobiernan. El tercero es en el papel de la experiencia histórica para respaldar la validez de tal o cual sistema de gobierno. Voy a referirme a cada uno de estos aspectos, señalando sus contradicciones o limitaciones. Considero importante discutirlos pues me parece que son una especie de premisas básicas para las reformas que proponen y por tanto, son importantes por sus consecuencias prácticas.

En primer término, los proponentes de ProReforma sostienen la importancia de eliminar toda clase de privilegios. En el artículo 157 de su propuesta sostienen que: “En ningún caso el Senado o la Cámara de Diputados emitirán Ley o decretos arbitrarios o discriminatorios, en los que explícita o implícitamente se concedan prerrogativas, privilegios o beneficios que no puedan disfrutar todas las personas que tengan la oportunidad de hacerlo.” Este artículo suena bastante razonable y en principio no hay motivo para oponerse. Después de todo, un privilegio supone generalmente otorgar un beneficio, ventaja, derecho o libertad de manera injustificada. Puede tener también un aspecto pasivo, es decir, cuando se niega a una persona o grupo un derecho, libertad o ventaja que se otorga a otras, de manera injustificada. Sin embargo, hay una serie de artículos que los proponentes de ProReforma dejan intactos de la actual Constitución y suponen verdaderos privilegios e injusticias. A guisa de ejemplo mencionaré el artículo 143 el cual establece como idioma oficial el español. Se trata de una injusticia ya que otorga un privilegio a aquellos cuyo idioma materno es el español pues la administración pública les favorece en razón de una mera circunstancia (el hecho de haber nacido padres hispano hablantes) en detrimento de aquellos cuyo idioma materno es un idioma indígena (que reciben un servicio público en un idioma ajeno a ellos, como la administración de justicia). Pese a ello, los proponentes de ProReforma callan y no cuestiona para nada el artículo 143 y en general, la naturaleza de un estado monocultural como el guatemalteco que beneficia a unos y perjudica a otros.

Los proponentes de ProReforma indican, acertadamente, que para generar mayor bienestar y mayor protección de los derechos y libertades es importante hacer el énfasis en el “sistema” y no en las personas. De esa manera, señalan que “Cada ciertos años, con ilusión democrática eligen a otro hombre, con fe en el proceso de elección y no en el proceso de funcionamiento, en el sistema.” Sostengo que ProReforma acierta en señalar que el problema es del sistema y no de las personas (por cierto, ellos hablan de “hombres”, como si las mujeres no contaran). Sin embargo, en la elaboración de su propuesta descuidan su coherencia con dicha premisa pues al proponer un senado gerontocrático donde sólo pueden elegir y ser electas aquellas personas comprendidas entre los 50 y 65 años claramente el énfasis es en las personas, no en el sistema. Quizá confían, con la misma ilusión que critican en el resto, que personas con dichas edades serán mejores que otras. Ciertamente no hay una razón de peso para creer que esto pueda ser así. Hay personas mayores cronológicamente pero inmaduras mental o psicológicamente y jóvenes con una madurez precoz que despiertan respeto y admiración. Después de todo, la ineptitud, la estupidez o la falta de integridad no son características vinculadas inevitablemente a la edad.

En cuanto a la tercera premisa que señalé, los proponentes de ProReforma indican la importancia de aprender de la experiencia histórica para fundamentar la validez de determinado sistema político. Y así, prosiguen afirmando que “La histórica realidad es que hay sistemas que funcionan y sistemas que no funcionan, y que la fácil excusa del fracaso de “los hombres” es simplemente una tontera muy cara porque se paga con pobreza, criminalidad, falta de oportunidades de trabajo, falta de infraestructura que permita llegar al trabajo en forma cómoda y decente, carencia de agua y servicios públicos ineficientes.” De nuevo, sería difícil discrepar con un enunciado así. Las personas, como las sociedades, están llamadas de aprender de su experiencia, evitar cometer los mismos errores y aprender de ellos. Sin embargo, de nuevo nos damos de bruces ante la falta de coherencia de esta premisa de ProReforma pues el senado gerontocrático que proponen, simplemente carece de evidencia empírica que nos permita evaluarlo, ya no digamos adoptarlo sin mencionar la flagrante violación del principio de sufragio universal. Sobre este tema me he referido extensamente en una entrega anterior titulada ProReforma: ¿una propuesta con fundamento empírico? Simplemente no existe ningún país del mundo que tenga o haya tenido un senado de tales características. Los proponentes de ProReforma nos invitan a saltar al vacío sin un paracaídas; casi nos piden un acto de fe.

De las anteriores consideraciones se puede concluir que la propuesta de ProReforma parte de premisas razonables pero que lamentablemente las contradice en sus propuestas o bien las desarrolla de manera insuficiente. Como consecuencia, invalida la propuesta en su conjunto siguiendo aquella regla básica de la lógica de que verdadero (las premisas) y falso (las propuestas) es falso. La propuesta se fundamenta en otras premisas las cuales examinaré en otra oportunidad.

lunes, 3 de agosto de 2009

ProReforma IV

por Irmalicia Velásquez Nimatuj
elPeriódico (3 ago 09)

Preocupa que los ponentes de ProReforma señalen como solución al problema de la pobreza –sin analizar siquiera si en Guatemala la pobreza es una causa o un efecto y negándose a entrar al complejo campo de posesionarse respecto a los distintos conceptos o enfoques que abordan este fenómeno social, que no es estático– la reestructuración del Congreso de la República en donde contemplan la creación de un cuarto poder.

Proponen establecer un Congreso integrado con dos cámaras. La primera, la Cámara de Diputados que emitiría decretos legislativos, conformado por 80 miembros para un período de cuatro años, pudiendo ser reelectos una sola vez y la segunda, el Senado que emitiría la ley, conformado por 45 integrantes para un período de 15 años.

Es contradictorio, pero en ningún apartado de la propuesta señalan cómo un Congreso conformado por dos cámaras contribuirá a erradicar la pobreza y la violencia. Lo que sí hacen es elaborar un procedimiento poco claro. En cuanto a la elección de los integrantes de ambas cámaras indican que la Cámara de Diputados se elegirá mediante sufragio universal y secreto.

Sin embargo, sorprende el proceso de elección de los miembros del Senado porque sólo pueden optar al cargo los ciudadanos que tengan 50 años y permanecerán en el mismo hasta que cumplan 65. Este proceso es en sí mismo una vulneración al principio constitucional que señala que todos tienen derecho a ser electos. O sea, si se aprobara traería consigo problemas de interpretación, dado que el Artículo 136 de la Constitución seguiría vigente. El derecho al sufragio también se limita porque sólo podrán ejercer este derecho las personas que en el momento de la elección tengan 50 años cumplidos.

De sancionarse este proceso las personas jóvenes estarían cediendo su derecho a elegir y ser electos a un grupo comprendido entre 50 y 65 años. ¿Pero no es acaso esta una postura contradictoria de ProReforma respecto a que no se deben ceder los derechos individuales?

En relación al derecho al voto vale recordar que para que el mismo se materializara en Guatemala para todos los pueblos se enfrentó el profundo racismo de los constituyentes. O sea, se emprendieron batallas desde diferentes frentes, por eso, este derecho no ha sido un regalo de la democracia para las mujeres, los indígenas y los analfabetas. Por lo mismo, los ponentes de ProReforma mal hacen en proponer que se renuncie a un derecho universalmente adquirido.

Ayau con la zurda

por Juan Luis Font
elPeriódico (3 ago 09)

Si se parte de la idea que el interés fundamental de Guatemala como país y como sociedad consiste en sacar de la pobreza a quienes la padecen, o dicho de otro modo, que es necesario hacer crecer la economía para lograr que incluya a todos, ¿por qué no habrían de confluir incluso aquellas corrientes de pensamiento que se consideran adversas?

Ponga por caso a los liberales encabezados por Manuel El Muso Ayau (pocos, pero bulliciosos). Y piense de otra parte en la izquierda atomizada en tantos pequeños grupos que ya es inútil inventariarlos. ¿Es posible que unan fuerzas en un proyecto político? Digamos, en una alianza que se proponga combatir la pobreza con una mezcla de una agenda económica liberal y la inversión focalizada del Estado. Esto es, llevar el modelo chileno bajo los gobiernos de la concertación, a la práctica en Guatemala. De eso se trata.

Más allá de los odios históricos (a unos porque formaron parte del Movimiento de Liberación Nacional, a otros porque fomentaron la insurgencia con sus ánimos expropiatorios), bien podría haber coincidencia de intereses.

Hasta el momento, sin embargo, quienes se identifican como de pensamiento de izquierda atribuyen al grupo de Ayau una postura que, lejos de ser en realidad liberal (igualitaria, sin privilegios para nadie), supone una defensa a ultranza del statu quo. Es decir, una corriente que busca prolongar esta situación notoriamente injusta que vive el país: unos poquitos con acceso a todo y la gran mayoría sometida a la servidumbre mal pagada. O peor aún, le atribuyen el avieso fin de usar el discurso liberal para perfeccionar el sórdido sistema actual.

Ayau repite una y otra vez que a él y a sus correligionarios se les juzga por lo que se dice que ellos proponen y no por sus verdaderas propuestas. Según Ayau a la izquierda no le pertenece el monopolio de la voluntad de sacar a los pobres de la pobreza.

Pero en su discurso no se percibe mayor empatía con quienes llevan la peor parte en este país. Y ni por asomo aparece una propuesta a favor de combatir algo tan elemental como el hambre, que no sea la fórmula mágica del mercado y su infinitamente bendita mano invisible. Aunque tome varias décadas lograrlo y primero beneficie a quienes hoy tienen la sartén por el mango en este país.

De otro lado, no toda la izquierda nacional cree que sea mediante el arrebato de las fincas y las fábricas a sus dueños que se combata la pobreza. Hay una buena cantidad de izquierdistas que entienden que es por medio de una agenda liberal, no digo in extremis, ni neoliberal, sino auténticamente liberal, que se puede hacer crecer con más agilidad la producción en beneficio de todos y no sólo de unos pocos.

Quizá si una y otra parte variaran la forma en que proponen sus ideas. Quizá si en algún momento fuéramos todos capaces de superar la discusión política del futbolístico plano que nos divide irremediablemente en rojos y cremas, a lo mejor los dos sectores más apasionados de la vida política del país podrían encontrarse a mitad del camino.

O quizá todo esto que digo sea absurdo.

domingo, 2 de agosto de 2009

¡Qué fácil!

por Manuel F. Ayau C.
Prensa Libre (02 ago 09)

El país colapsa, y nuestros líderes políticos e intelectuales siguen con la ingenua idea de que el sistema es bueno, pero que lo que faltan son “hombres”, hombres capaces y probos, para manejar el país. En esto no somos originales: así piensan todos los países pobres que esperan y esperan al hombre que los salvará. Cada ciertos años, con ilusión democrática eligen a otro hombre, con fe en el proceso de elección y no en el proceso de funcionamiento, en el sistema.

La histórica realidad es que hay sistemas que funcionan y sistemas que no funcionan, y que la fácil excusa del fracaso de “los hombres” es simplemente una tontera muy cara porque se paga con pobreza, criminalidad, falta de oportunidades de trabajo, falta de infraestructura que permita llegar al trabajo en forma cómoda y decente, carencia de agua y servicios públicos ineficientes.

Con pocas excepciones, el desastre es continental, porque esa cultura política es común a nuestros desdichados pueblos. Se tiene fe ciega en el proceso de elección democrática, pero no se aprecia que eso no basta, que una cosa es el método de elección de funcionarios y otra el régimen de gobierno. Se habla de un régimen de derecho, pero obviamente se confunde con un régimen de simple legalidad, en el cual las leyes frecuentemente legalizan las violaciones al derecho porque ni se percibe la diferencia entre lo legal y el derecho.

¿Qué es cosa de hombres y no de sistema? Acaso, por ejemplo, se perdió el ferrocarril por falta de hombres? Se perdió por falta de un régimen de derecho, pues el sistema no permitió a los hombres mantener el derecho de propiedad (en este caso del Estado) del derecho de vía, y fue invadido por promotores de invasiones, aprovechando la desesperación de gente en busca de albergue. Hoy ya quisiéramos tener ese ferrocarril de costa a costa. ¡Para un país, perder un ferrocarril —en vez de habilitarlo— es el colmo!

Los hombres no son muy diferentes de un país a otro. El comportamiento político, no ejemplar, de los políticos de países más ricos demuestra que no justifican las diferencias. La diferencia de prosperidad estriba en el sistema que rigió en las actividades económicas que produjo su riqueza. No en los hombres. Por eso los pobres en busca de oportunidades que no encuentran en sus países, con enormes sacrificios emigran a otros países donde el sistema ha funcionado hasta la fecha, a pesar de sus hombres.

La teoría y la experiencia histórica (que la izquierda rechaza irracionalmente, por razones ideológicas) demuestra que los países que prosperan son aquellos que más se aproximan a un régimen de derecho genuino, i.e., a un régimen que se basa en el respeto de los derechos individuales de sus ciudadanos, régimen en el cual los ciudadanos saben y planifican de acuerdo con las reglas del juego, que en forma resumida es: hacer todo lo que es pacífico, todo lo que no viola derechos ajenos.

Nota:

Es increíble. Los opositores de proReforma acusan a sus promotores de buscar privilegios, a pesar de que la propuesta dice en su Art. 157: “En ningún caso el Senado o la Cámara de Diputados emitirán Ley o decretos arbitrarios o discriminatorios, en los que explícita o implícitamente se concedan prerrogativas, privilegios o beneficios que no puedan disfrutar todas las personas que tengan la oportunidad de hacerlo”. Digno de pensarse: ¿Qué demuestra esa insistente falsa acusación?

www.proreforma.org.gt (II)

por Armando De La Torre
Siglo XXI (02 ago 09)

La licda. Velásquez Nimatuj insiste en que la exposición de motivos para la reforma parcial de la Constitución propuesta por más de 70 mil ciudadanos le parece insuficiente.

Cuando los representantes del Tercer Estado (tiers état) de Francia se erigieron en Asamblea Constituyente en 1789 sin el permiso del Rey que los había convocado —más bien en contra de su voluntad—, sus pocos motivos explícitos se reducían a la contemporánea situación anárquica que vivía Francia desde la toma de la Bastilla. Es verdad que un año antes el abate Sieyés había publicado un muy sensato y elocuente ensayo con el título Qué es el Tercer Estado, que les sirvió de base argumentativa. Ahí se leían sus célebres preguntas introductorias “¿Qué es el Estado llano? Todo. ¿Qué ha sido hasta el presente en el orden político? Nada. ¿Qué pide? Llegar a ser algo”.

Un par de años antes, de este lado del Atlántico, los delegados de las 13 colonias recién independizadas de Inglaterra, reunidos en Filadelfia supuestamente para mejorar los Artículos de la Confederación de 1781, decidieron, sin más preámbulo, abolirlos todos, y en su lugar darse a puertas cerradas una Constitución escrita que perdura desde el 2 de julio de 1787 (oficialmente se conmemora dos días después, cuando se hizo pública).

Tanto en estos dos casos paradigmáticos como en muchos otros que les han sido posteriores, se ha aducido siempre como motivo la situación del momento. A nuestro proyecto de reforma lo justifica la historia de Guatemala del último cuarto de siglo o, si se quiere, de los últimos 100 años.

Siempre bajo las reglas constitucionales vigentes, la violencia criminal ha aumentado hasta su cota promedio actual de 18 asesinatos por día. La impunidad se extiende al 98% de esos y otros muchos hechos delictivos, y mientras tanto los narcotraficantes, comodísimos. Sonoros escándalos por corrupción han empañado a cada uno de los sucesivos gobiernos desde 1986. Del analfabetismo aún adolece un cuarto de nuestra población adulta, 140 años después de haberse decretado la escolarización obligatoria. Los índices de desarrollo humano se mantienen desalentadoramente a la mitad inferior de la media mundial. La desnutrición infantil, por ejemplo, atenaza a un tercio de nuestros conciudadanos ya adultos, evidenciada por sus bajísimos niveles de comprensión.

La calidad de las ofertas de los políticos nunca se acerca a la altura de las demandas por sus electores de mejor criterio, los más productivos y los más cultos.
El resultado final es que los tres poderes del Estado desmoralizan a diario a nuestros jóvenes con su ineptitud y codicia. Los formalismos jurídicos, encima, asfixian a la entera administración de la justicia. Y las fuentes de inversiones se secan. De ahí que un millón y medio de guatemaltecos haya emigrado en pos de mejores oportunidades de trabajo en el extranjero.

Y a propósito del extranjero: se nos prometió por su mediación una “paz firme y duradera”, de la que gozamos hoy… Además, se nos asegura por los mismos que el fin de la impunidad está cerca, cuando son nadie menos que el Presidente de la República, su esposa, su secretario privado y cuatro de sus financistas los acusados públicamente post mortem por una de sus víctimas de triple asesinato, y todavía nada se ha movido. ¿Conoce usted algún fiscal general que nos haya sido útil…?

El servicio civil languidece, convertido en feudo para parientes y clientes de los gobernantes de turno, y no magneto para los diestros y honrados. El despilfarro de los fondos públicos nunca ha sido más bochornoso y dañino al largo plazo. No hay contralor que valga, tampoco siquiera para el alivio de nuestra deuda externa por la gracia de nuestros diputados, mucho menos de esos Q82 millones que nos ahorraron.
El menosprecio internacional hacia Guatemala es más punzante que hasta en los tiempos de Estrada Cabrera.

¿Mayor exposición de motivos, licenciada?