Reformas Constitucionales en Guatemala
Sitio para el debate sobre las distintas propuestas de Reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala
lunes, 29 de octubre de 2012
martes, 4 de septiembre de 2012
Entrevista a Alvaro Pop
Álvaro Pop: “La Constitución es un pacto social débil”
El politólogo Álvaro Pop afirma que la Constitución es débil porque no recoge la posición de todos los sectores, al analizar la propuesta de reforma a la Carta Magna en el programa Diálogo Libre, transmitido por www.prensalibre.com
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pueblos indígenas
lunes, 3 de septiembre de 2012
Reforma Constitucional y Pueblos Indígenas
por Carlos A. Mendoza
Plaza Pública (3 sep 12)
En Guatemala, como en casi todos los países del mundo, no existe una cultura nacional homogénea. Lo que coexiste son varias culturas enmarcadas dentro de un arreglo institucional formal, el sancionado por el Estado. A veces, dicho arreglo intenta homogenizar a la sociedad por medio de diversos métodos, que van desde el genocidio hasta la asimilación; mientras que en otras ocasiones se reconoce la necesidad de acomodar las diferencias culturales. Sólo el Estado multinacional que, como complemento necesario, se basa en una democracia multicultural logra así ganar legitimidad, lealtad y obediencia por parte de los distintos grupos nacionales o pueblos que habitan en su territorio. En contraste, cuando el Estado es dominado por un solo grupo en detrimento de los otros, se cometen abusos y las probabilidades de la ingobernabilidad aumentan. Las rivalidades étnicas eventualmente se convierten en odios interétnicos que son fácilmente manipulables hacia la violencia.
Leer MÁS AQUÍ.
Plaza Pública (3 sep 12)
En Guatemala, como en casi todos los países del mundo, no existe una cultura nacional homogénea. Lo que coexiste son varias culturas enmarcadas dentro de un arreglo institucional formal, el sancionado por el Estado. A veces, dicho arreglo intenta homogenizar a la sociedad por medio de diversos métodos, que van desde el genocidio hasta la asimilación; mientras que en otras ocasiones se reconoce la necesidad de acomodar las diferencias culturales. Sólo el Estado multinacional que, como complemento necesario, se basa en una democracia multicultural logra así ganar legitimidad, lealtad y obediencia por parte de los distintos grupos nacionales o pueblos que habitan en su territorio. En contraste, cuando el Estado es dominado por un solo grupo en detrimento de los otros, se cometen abusos y las probabilidades de la ingobernabilidad aumentan. Las rivalidades étnicas eventualmente se convierten en odios interétnicos que son fácilmente manipulables hacia la violencia.
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Carlos Mendoza
martes, 28 de agosto de 2012
Reforma constitucional
elEditorial de elPeriodico (28 ago 2012)
El presidente Otto Pérez Molina acudió al Congreso de la Republica a presentar un proyecto de reformas constitucionales: 19 artículos relacionados con la justicia y la seguridad, 8 con la transparencia y rendición de cuentas, 5 con la profundización de la democracia representativa, 3 con la diversidad cultural y 4 transitorios.
La propuesta de reforma constitucional se relaciona con preceptos constitucionales cuya reforma le compete al Congreso de la República de conformidad con lo que establece el Artículo 280 de la Constitución.
Esta última disposición constitucional dice también que si el Congreso aprueba las reformas constitucionales, con el voto de, por lo menos, las dos terceras partes de los diputados, deberán ser ratificadas en consulta popular para que cobren vigencia.
Lo más relevante de las reformas relacionadas con el sistema de justicia es la estabilidad de la magistratura de la Corte de Constitucionalidad , la separación de funciones administrativa y judicial a nivel de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el aumento de la asignación presupuestaria mínima al Organismo Judicial a 4 por ciento de los ingresos ordinarios del Estado, la institucionalización de la carrera judicial de jueces y magistrados de la Corte de Apelaciones, la prolongación del período de funciones de magistrados y jueces a 10 años, la modificación de la integración de la Comisión de Postulación para elegir candidatos a magistrados de la CSJ, la asignación presupuestaria mínima para el Ministerio Público (2 por ciento de los ingresos ordinarios del Estado) y la institucionalización de la carrera de fiscal. En seguridad, se delimitan funciones entre la Policía y el Ejército.
En cuestión de profundización de la democracia representativa, se plantea el sistema de elección binominal para la elección de diputados distritales, la creación de 60 distritos electorales, que se fije el número de congresistas en 140 y que se suprima la disposición que permite que los diputados ocupen cargos en el Ejecutivo. En materia de diversidad cultural, se propone la incorporación de disposiciones que reconocen que Guatemala es una nación multiétnica, plurilingüe y multicultural
Las reformas de transparencia y rendición de cuentas buscan el fortalecimiento de la Contraloría y la incorporación de principios rectores de una sana administración pública, la delimitación del derecho de antejuicio y la obligación para los funcionarios de rendir cuentas. Asimismo, se pretende fortalecer el poder local. Veremos ahora qué sucede en el Congreso.
El presidente Otto Pérez Molina acudió al Congreso de la Republica a presentar un proyecto de reformas constitucionales: 19 artículos relacionados con la justicia y la seguridad, 8 con la transparencia y rendición de cuentas, 5 con la profundización de la democracia representativa, 3 con la diversidad cultural y 4 transitorios.
La propuesta de reforma constitucional se relaciona con preceptos constitucionales cuya reforma le compete al Congreso de la República de conformidad con lo que establece el Artículo 280 de la Constitución.
Esta última disposición constitucional dice también que si el Congreso aprueba las reformas constitucionales, con el voto de, por lo menos, las dos terceras partes de los diputados, deberán ser ratificadas en consulta popular para que cobren vigencia.
Lo más relevante de las reformas relacionadas con el sistema de justicia es la estabilidad de la magistratura de la Corte de Constitucionalidad , la separación de funciones administrativa y judicial a nivel de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el aumento de la asignación presupuestaria mínima al Organismo Judicial a 4 por ciento de los ingresos ordinarios del Estado, la institucionalización de la carrera judicial de jueces y magistrados de la Corte de Apelaciones, la prolongación del período de funciones de magistrados y jueces a 10 años, la modificación de la integración de la Comisión de Postulación para elegir candidatos a magistrados de la CSJ, la asignación presupuestaria mínima para el Ministerio Público (2 por ciento de los ingresos ordinarios del Estado) y la institucionalización de la carrera de fiscal. En seguridad, se delimitan funciones entre la Policía y el Ejército.
En cuestión de profundización de la democracia representativa, se plantea el sistema de elección binominal para la elección de diputados distritales, la creación de 60 distritos electorales, que se fije el número de congresistas en 140 y que se suprima la disposición que permite que los diputados ocupen cargos en el Ejecutivo. En materia de diversidad cultural, se propone la incorporación de disposiciones que reconocen que Guatemala es una nación multiétnica, plurilingüe y multicultural
Las reformas de transparencia y rendición de cuentas buscan el fortalecimiento de la Contraloría y la incorporación de principios rectores de una sana administración pública, la delimitación del derecho de antejuicio y la obligación para los funcionarios de rendir cuentas. Asimismo, se pretende fortalecer el poder local. Veremos ahora qué sucede en el Congreso.
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elPeriodico
jueves, 23 de agosto de 2012
Ahora sí... un fiasco
por Alvaro Velásquez
Siglo21 (23 ago 12)
La propuesta diluida de reformas constitucionales que al fin quedó por parte del Gobierno de Guatemala es un fiasco, al menos por tres razones: 1) responde al veto de las cúpulas empresariales, pese a que estos aun así no la apoyen; 2) de sus intenciones originales en materia de recuperación de la autoridad del Estado, se automutila, burlando sus propias expectativas, pero tratando de trasladarle a la sociedad civil (es decir, al diálogo social) el costo político de presentar una propuesta barata. 3) Insiste en tener a un Congreso de la República subordinado, donde, los financistas tradicionales ya cuentan con su propia “bancada” subordinada, tal como lo demuestra un reportaje de Plaza Pública esta semana. (Faltaría demostrar también la subordinación de otros diputados a los capitales emergentes para corroborar lo mismo).
El hecho de que el Gobierno haya tenido que reducir sus intenciones iniciales (que incluía ANC), así como la calidad y cantidad de su propuesta constitucional y encima insinúe que ello fue fruto del diálogo intersectorial, es tan ridículo como la cancioncita publicitaria de los seis meses que nadie cree. Porque lo que en realidad pesó más en la “socialización” de su propuesta fue la opinión e intereses de las cúpulas empresariales.
Es bien sabido, más bien, que la mayoría de sectores sociales se pronunciaron en dos direcciones: 1) reformar antes que nada la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y/o, 2) reformar las leyes ordinarias como la de Régimen Interior del Congreso, la Ley de Servicio Civil, las de Transparencia, y otras más urgentes y con menos desgaste que una reforma constitucional light.
Por eso avalo que antes de que el Congreso de la República conozca esta iniciativa constitucional del gobierno, se espere la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) respecto a la queja presentada por los amigos de Pro-Reforma para que dilucide el tema de “primero en tiempo, primero en derecho”, de otras propuestas hechas. Segundo, considero la propuesta de reformas constitucionales planteada por las organizaciones mayas, como la más democrática de todas las presentadas hasta ahora y por tanto, el Congreso podría —si tuviera la visión política necesaria— partir de ella para generar los consensos para una verdadera reforma del Estado.
Por cierto que alguien de la extrema derecha criticó —en las redes sociales— esta propuesta de los pueblos indígenas diciendo que era una expresión de racismo a la inversa. A lo que respondo: las demandas de poder y equidad de los pueblos indígenas en el Estado de Guatemala no son un signo de racismo, pero negárselo de antemano sí lo es. Y añado, desde esta perspectiva, i.e. desde el pluralismo de la representación política, la propuesta constitucional del gobierno respecto a los pueblos indígenas es francamente folclorista.
Todo lo anterior debería demostrar la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente para refundar y reformar al Estado y conciliar allí todos los intereses posibles desde una posición legítima y soberana. Pero como es de suponer que el gobierno no tiene la mínima intención de caminar por ese rumbo, querrá salir bien librado de este ensayito, lo cual augura un evento de bajo costo combinándolo con el referéndum del caso Belice.
La otra alternativa es que el Gobierno por fin se dedique a gobernar, porque lo que hasta ahora la derecha sigue demostrando es que solo sabe dar palo y entregar los bienes públicos a manos privadas, en negocios que van dejando “sobras” a su paso.
Siglo21 (23 ago 12)
La propuesta diluida de reformas constitucionales que al fin quedó por parte del Gobierno de Guatemala es un fiasco, al menos por tres razones: 1) responde al veto de las cúpulas empresariales, pese a que estos aun así no la apoyen; 2) de sus intenciones originales en materia de recuperación de la autoridad del Estado, se automutila, burlando sus propias expectativas, pero tratando de trasladarle a la sociedad civil (es decir, al diálogo social) el costo político de presentar una propuesta barata. 3) Insiste en tener a un Congreso de la República subordinado, donde, los financistas tradicionales ya cuentan con su propia “bancada” subordinada, tal como lo demuestra un reportaje de Plaza Pública esta semana. (Faltaría demostrar también la subordinación de otros diputados a los capitales emergentes para corroborar lo mismo).
El hecho de que el Gobierno haya tenido que reducir sus intenciones iniciales (que incluía ANC), así como la calidad y cantidad de su propuesta constitucional y encima insinúe que ello fue fruto del diálogo intersectorial, es tan ridículo como la cancioncita publicitaria de los seis meses que nadie cree. Porque lo que en realidad pesó más en la “socialización” de su propuesta fue la opinión e intereses de las cúpulas empresariales.
Es bien sabido, más bien, que la mayoría de sectores sociales se pronunciaron en dos direcciones: 1) reformar antes que nada la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y/o, 2) reformar las leyes ordinarias como la de Régimen Interior del Congreso, la Ley de Servicio Civil, las de Transparencia, y otras más urgentes y con menos desgaste que una reforma constitucional light.
Por eso avalo que antes de que el Congreso de la República conozca esta iniciativa constitucional del gobierno, se espere la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) respecto a la queja presentada por los amigos de Pro-Reforma para que dilucide el tema de “primero en tiempo, primero en derecho”, de otras propuestas hechas. Segundo, considero la propuesta de reformas constitucionales planteada por las organizaciones mayas, como la más democrática de todas las presentadas hasta ahora y por tanto, el Congreso podría —si tuviera la visión política necesaria— partir de ella para generar los consensos para una verdadera reforma del Estado.
Por cierto que alguien de la extrema derecha criticó —en las redes sociales— esta propuesta de los pueblos indígenas diciendo que era una expresión de racismo a la inversa. A lo que respondo: las demandas de poder y equidad de los pueblos indígenas en el Estado de Guatemala no son un signo de racismo, pero negárselo de antemano sí lo es. Y añado, desde esta perspectiva, i.e. desde el pluralismo de la representación política, la propuesta constitucional del gobierno respecto a los pueblos indígenas es francamente folclorista.
Todo lo anterior debería demostrar la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente para refundar y reformar al Estado y conciliar allí todos los intereses posibles desde una posición legítima y soberana. Pero como es de suponer que el gobierno no tiene la mínima intención de caminar por ese rumbo, querrá salir bien librado de este ensayito, lo cual augura un evento de bajo costo combinándolo con el referéndum del caso Belice.
La otra alternativa es que el Gobierno por fin se dedique a gobernar, porque lo que hasta ahora la derecha sigue demostrando es que solo sabe dar palo y entregar los bienes públicos a manos privadas, en negocios que van dejando “sobras” a su paso.
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Alvaro Velasquez
martes, 21 de agosto de 2012
CONSULTA POPULAR III: PROPUESTA FINAL
por José Molina Calderón
PrensaLibre, MundoEconómico (22 ago 12)
PrensaLibre, MundoEconómico (22 ago 12)
El Despacho
Superior de la Presidencia de la República de Guatemala dio a conocer el
Proyecto de Reforma Constitucional, aprobado por el Jefe del Organismo
Ejecutivo el domingo 19 de agosto 2012.
Dicho Proyecto
incluye la Exposición de Motivos y la lista y contenido de 35 artículos que
denomina fundamentales y cuatro disposiciones transitorias, contenidos en un
documento de 36 páginas, que será presentado al Congreso de la República esta
misma semana. Sería útil presentar una
comparación entre la Constitución vigente y el Proyecto de Reformas.
De la propuesta
original de finales de junio 2012, se eliminó lo referente al sistema fiscal y
financiero. El nuevo Proyecto de Reforma
tiene cuatro ejes: seguridad y justicia; fortalecimiento del
sistema político; diversidad; y
transparencia y revisión de cuentas. Los aspectos económicos de esta propuesta
serán analizados seguidamente, indicando entre paréntesis el número de artículo
de la Constitución vigente.
Puede ocurrir
que el Congreso aumente el número de artículos de la Reforma Constitucional,
como ocurrió en la Consulta Popular II de 1999, y el Presidente de la República
vete el acuerdo legislativo correspondiente.
Aportes Constitucionales Hoy
En la
Constitución vigente los destinos fijos de los aportes constitucionales son
así: Municipalidades 10%; Universidad de San Carlos 5%; deporte 3%; Organismo
Judicial 2%; Corte de Constitucionalidad la mitad del 1%. Suman: 20.5%.
Además, hay impuestos que tienen destinos específicos que aumenta ese
porcentaje a cerca del 25%: IVA-Paz,
IUSI, petróleo. Aumentar este
porcentaje, como lo contempla de nuevo el Proyecto de Reforma, constituye una
camisa de fuerza al presupuesto de ingresos y gastos de la Nación.
Los
destinos fijos en la Constitución
vigente, y otros destinos establecidos por leyes ordinarias, a los que se suman
los gastos inamovibles de la planilla del personal del Estado y el pago de la
deuda pública, impiden que el Ministro de Finanzas pueda actuar con
flexibilidad en el manejo presupuestario.
A esto se agrega otro aspecto y es el que se refiere a los créditos que
se contratan para inversión con organismos multilaterales, que también tienen
destino específico.
Otro 6% Constitucional
El Proyecto inicial de la Reforma contemplaba aumentar los destinos
específicos para lo siguiente: un
porcentaje adicional al Organismo Judicial, duplicando sus ingresos, 2% (213);
Ministerio Público, 2% (251); y
Contraloría de Cuentas, 1% (223). La
sorpresa en el nuevo Proyecto es que agrega un porcentaje adicional a las Municipalidades,
1% (257). En total, el nuevo porcentaje
adicional sobre los ingresos ordinarios del Estado asciende a 6%. De esta manera, los ingresos ordinarios del
Estado ya están comprometidos en 31%.
Tengo objeciones
serias al aumento de los porcentajes constitucionales. En buen chapín,
significa que para hacer obra pública sólo quedan los créditos que aumentan la
deuda pública.
Si bien se
cometió un error en la Constitución de
1985 de fijar los primeros aportes constitucionales con destino fijo, se debió
a las negociaciones que hubo en la Asamblea Nacional Constituyente. El gran error que tienen esos destinos fijos
es que el Congreso no puede calificar de bueno o malo el manejo de las partidas
presupuestarias, y los recipiendarios pueden hacer uso de tales recursos sin
que se les objete sus destinos. Es una
limitación al Organismo Legislativo en la asignación presupuestaria para
asignar los recursos. Es casi un retorno
a la época colonial en la que el Rey no tenía que darle cuentas a nadie.
No todos los que
redactaron la propuesta de reformas tienen conocimiento y experiencia de
administración financiera. Sin embargo, un
juicio razonable financiero indica que los porcentajes fijos constitucionales
son inadecuados.
Diversidad
Por la
importancia de los temas de la propuesta de reforma, se comentan en el orden
que son presentados, que van del artículo 1 al 39.
En el artículo 1
del proyecto de reforma se adiciona un párrafo
así: “La Nación guatemalteca es una y solidaria; dentro de su unidad y la
integridad de su territorio es pluricultural, multiétnica y multilingüe”
(1). Este texto proviene de los Acuerdos
de Paz del 29 de diciembre de 1996.
El artículo
2 se titula “Identidad y Derechos de los
Pueblos Indígenas”. El impacto económico
que tiene este artículo consiste en que al reconocer los idiomas
correspondientes, el Organismo Judicial deberá constituir tribunales con
traductores en cada uno de los 24 idiomas indígenas. Con la duplicación de su presupuesto, no
debería tener problemas presupuestarios.
PD. Información complementaria en elPeriódico (22 ago 12)
PD. Información complementaria en elPeriódico (22 ago 12)
Lo que reciben las municipalidades
"La ANAM reporta que aparte del 10 por ciento del Situado Constitucional, los alcaldes reciben el 1.5 por ciento del IVA-Paz; Q0.20 por galón de gasolina regular y súper como parte de los impuestos del Petróleo; el 30 por ciento del Impuesto de Circulación de Vehículos Aéreos, 50 por ciento en Impuesto de Vehículos Terrestres; 20 por ciento del Impuesto de Vehículos Industriales y 20 por ciento de lo obtenido por vehículos marítimos."
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Jose Molina Calderon
lunes, 20 de agosto de 2012
Ultima versión de la propuesta de la Presidencia
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Esta es, según nuestro conocimiento, la propuesta que oficialmente presentará el Organismo Ejecutivo al Congreso de la República.
Esta es, según nuestro conocimiento, la propuesta que oficialmente presentará el Organismo Ejecutivo al Congreso de la República.
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